Gobernanza digital: el reto institucional detrás de la transformación del Estado

El Perú tiene como tarea pendiente una transformación digital real. El último gran esfuerzo a nivel estatal se dio con la Política Nacional de Transformación Digital, en 2023. El principal reto ya no está en qué tecnologías utilizar, sino en cómo organizar al Estado para que estas políticas se implementen de manera articulada y sostenida. 

En el Semanario 1290, desde ComexPerú, advertimos que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) requiere mayor autonomía técnica y funcional para ejercer su rol, dado que la transformación involucra a múltiples sectores. La preocupación no es nueva: la Agenda Digital para el Perú 2021-2026, elaborada por nuestra institución y por Apoyo Consultoría, ya identificaba como limitación la posición de la SGTD dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a la amplitud de funciones que concentra y las dificultades para negociar frente a otros sectores en iniciativas que requieren compromiso multisectorial. 

El debate ha cobrado mayor relevancia en la agenda política, debido a las propuestas tanto del Ejecutivo como del Legislativo para crear una Autoridad Nacional Digital^[1] que tenga a cargo la arquitectura institucional necesaria para conducir la transformación digital, eliminar procesos innecesarios y lograr servicios públicos más simples, a fin de evitar que la digitalización se convierta en una nueva capa de burocracia. 

La experiencia reciente muestra que contar con una política nacional o normas que establezcan obligaciones no garantiza, por sí solo, su implementación. El Decreto Legislativo 1412 estableció el marco de gobernanza del Gobierno digital y otorgó a la PCM el rol de autoridad técnico-normativa nacional. Sin embargo, persisten dificultades para llevar esta transformación de manera homogénea a las distintas entidades públicas. 

Un ejemplo claro son los planes de Gobierno digital. En agosto de 2025, apenas 12 de los 19 ministerios contaban con un plan debidamente implementado. Los Gobiernos locales estaban aún más rezagados: solo 290 de 1,891 tenían un plan de Gobierno digital o habían presentado iniciativas en el aplicativo correspondiente de la SGTD, de acuerdo con lo desarrollado en el Semanario 1274. 

Esto evidencia que el desafío no consiste únicamente en desarrollar plataformas o en aprobar normas, sino en contar con una institución capaz de coordinar, establecer estándares, acompañar a las entidades y, cuando corresponda, exigir el cumplimiento de las políticas digitales. 

El debate sobre una nueva autoridad digital es pertinente, pero debe ir acompañado de acciones concretas, de la definición de sus competencias y de su capacidad de acción. No se trata de cambiar el nombre, sino de determinar qué autoridad podrá conducir transversalmente la transformación digital del Estado. 

Este fue uno de los puntos de partida del I Foro Internacional de Políticas Públicas Digitales, organizado por Govtech Perú y coorganizado por ComexPerú, que puso en perspectiva un problema acumulado: 25 años de esfuerzos en institucionalidad digital, seis titulares de la SGTD en nueve años y una Política Nacional de Transformación Digital al 2030 cuyos pilares carecen de una entidad con mandato vinculante para articularlos. 

Frente a ello, cualquier reforma debería asegurar autonomía real, con presupuesto y capacidad de gestión suficientes, acompañada de un mandato transversal vinculante para establecer estándares en materias como identidad digital, servicios digitales, interoperabilidad y seguridad. 

También es indispensable garantizar continuidad institucional, de modo que la estrategia no dependa de los cambios de gobierno, y articular los cuatro pilares de la política nacional —conectividad, educación digital, economía y Gobierno digitales—, para evitar que avancen de forma aislada. Todo ello requiere, además, un instrumento legal de rango suficiente que dé estabilidad a estas condiciones. 

El reto ahora es evitar que la discusión vuelva a quedarse en el diagnóstico. Estos pilares deben traducirse en decisiones sobre competencias, coordinación, recursos y mecanismos de cumplimiento. En esa línea, el foro planteó la elaboración de la Declaración de Lima: Por la Transformación Institucional Digital del Estado Peruano. Este documento recoge los principios y decisiones discutidos, así como una propuesta de arquitectura institucional de una autoridad en transformación y gobernanza digital. 

A partir de ello, la agenda debería concentrarse en tres tareas: definir quién ejerce la rectoría y sus competencias; establecer mecanismos efectivos de coordinación y cumplimiento; y garantizar continuidad, recursos y capacidades técnicas. 

El Perú ya cuenta con normas, políticas y herramientas digitales. Lo pendiente es que estos esfuerzos formen parte de una misma estrategia, que no dependa de la voluntad de cada sector. El reto no es tener más entidades digitales, sino construir una rectoría fuerte, técnicamente autónoma, transversal y con continuidad, capaz de convertir políticas y normas en resultados concretos.

[1] Proyecto 12926/2025-CR. Presentado en la legislación 2021-2025 por César Cueto.