La transformación digital del Gobierno consiste en rediseñar servicios públicos usando tecnología y promoviendo la interoperabilidad entre sistemas para simplificar la atención al ciudadano. Sin embargo, la aplicación todavía es limitada, inclusive en ministerios, pese a estar obligados a aprobar planes de gobierno en la materia desde 2018. El problema se acentúa considerablemente en los municipios. 

La transformación digital del Gobierno genera ahorros en tiempo y costos por simplificar los trámites en entidades públicas. Según estimaciones del gobierno de Brasil, la interoperabilidad de sistemas públicas que reducen la necesidad del ciudadano de acercarse a cada entidad habría generado ahorros equivalentes a S/ 2,103 millones durante 2024. En nuestro país, una experiencia similar a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE), la cual permite que las entidades consulten datos entre sí para evitar exigir los mismos documentos al ciudadano, generó ahorros de S/ 643 durante el año pasado, según estimaciones de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

La digitalización del Gobierno peruano todavía está en desarrollo, pese a que la Agenda Digital Peruana que empezó el proceso se publicó en 2006. Tras ello, surgieron revisiones a la políticas, metas y objetivos, que llevaron a la publicación de agendas e instrumentos posteriores. Desde 2023, la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 determina los procedimientos y responsables, y establece como objetivos prioritarios garantizar servicios públicos digitales, fortalecer el talento digital, vincular la economía digital a los procesos productivos del país, entre otros. 

Planificación: tarea pendiente

De acuerdo con la SGTD, el principal instrumento para gestionar y planificar la transformación digital pública es el Plan de Gobierno Digital, cuyos lineamientos se publicaron en 2018. Estos obligan a todas las entidades públicas a implementarlo, pero no estableció un plazo máximo para hacerlo. Entre sus contenidos mínimos figuran un diagnóstico de la entidad, objetivos, proyectos y un cronograma de actividades. 

Al 31 de agosto de 2025, apenas 12 de 19 ministerios tenían debidamente implementado un Plan de Gobierno Digital, y queda pendiente en el Minedu, MTPE, Midagri, Mincul, MIMP, Midis y RRE cumplan con los lineamientos, según reportes de la PCM. Los Gobiernos regionales reportan un progreso menor, con apenas 14 entidades. Las ausencias incluyen a los Gobiernos regionales de Lima, Callao, Moquegua, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Tumbes. Y apenas el 28% de los programas públicos tienen un plan implementado.  

Cabe resaltar que, para la debida implementación del Plan de Gobierno Digital no basta la publicación de manera independiente de cada entidad, sino que los lineamientos exigen registrarlo en el aplicativo de la SGTD. Esto permite la evaluación de cumplimiento, la supervisión de la implementación y brindar asistencia técnica a las entidades que lo requieran. Por esto, existen entidades, incluidos ministerios, que tienen planes aprobados, pero sin la validación de la SGTD, lo cual el seguimiento, la articulación de la política nacional y puede retrasar iniciativas adicionales.  

Los Gobiernos locales son los más rezagados, debido a que apenas 290 de 1,891 cuentan con un Plan de Gobierno Digital o presentaron iniciativas en el aplicativo informático de la SGTD. En parte, la situación se explica por la progresividad en la norma, pues los lineamientos solo exigen la formulación del plan para los municipios de ciudades principales, mientras que los demás deben presentar iniciativas en el aplicativo. 

Los mejores resultados se registraron en el Callao, con el 85.7% de los municipios (6 de 7), debido a que cinco de ellos están obligados a implementar un Plan de Gobierno Digital, mientras que la Municipalidad Distrital de Mi Perú sería la única con cumplimiento voluntario. Le sigue Huánuco, con el 31% (26 de 84), donde destacan las iniciativas en municipios no obligados, porque de los cinco que necesariamente deben implementar el plan estarían pendientes los de Amarilis y José Crespo y Castillo. Y luego está Piura, con el 30.8% (20 de 65), pero todavía 10 de los 17 municipios obligados estarían pendientes de implementación.  

En la mayoría de los departamentos, el cumplimiento es considerablemente menor. Quitar la gradualidad y establecer plazos específicos para la implementación en todos los municipios es necesario para mayor difusión. Esto porque los rezagos en digitalización dificultan la trazabilidad y estandarización de los procesos administrativos a nivel municipal, incluidos los costos que enfrentan los ciudadanos en trámites. 

Una muestra de ello es la baja adopción del Sistema Único de Trámites (SUT), plataforma oficial y repositorio único del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), administrada por la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública. Todas las entidades deben registrar y actualizar su TUPA en el SUT. La plataforma permite el monitoreo y la fiscalización del cumplimiento de normas de simplificación (incluidos costos y requisitos). Sin embargo, apenas 199 de 1,891 municipios a nivel nacional lo tuvieron implementado durante 2024. Inclusive en el Callao, que también lideró en este aspecto, menos de la mitad de las municipalidades aplicaron el SUT, según estimaciones del Registro Nacional de Municipalidades.