El crédito de las microempresas bajo presión del fenómeno de El Niño

Ante la llegada del fenómeno de El Niño (FEN), la capacidad de pago de la deuda, especialmente en microempresas, puede representar un riesgo. La menor cartera vigente, el aumento de los refinanciamientos y el repunte de la morosidad revelan una vulnerabilidad que trasciende al sistema financiero y plantean el desafío de gestionar el riesgo climático de la manera más eficiente y estratégica. 

Del total de créditos otorgados por la banca múltiple a junio de 2026, el 58.9% fueron créditos empresariales. Dentro de esta cartera, sin embargo, las microempresas enfrentan un escenario de caída. Entre junio de 2025 y junio de 2026, el saldo de sus créditos cayó de S/ 4,876 millones a S/ 4,246 millones, una reducción del 12.9%, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). 

Al observar en detalle la cartera de créditos de las microempresas, se distinguen tres tipos según la situación de pago: vigentes, refinanciados o reestructurados y atrasados. Los créditos vigentes son aquellos que mantienen sus pagos conforme a las condiciones pactadas y no presentan atrasos relevantes. Estos disminuyeron un 14.1%, al pasar de S/ 4,669 millones a S/ 4,012 millones. 

En contraste, aumentaron los créditos que presentan dificultades de pago. Los refinanciados y reestructurados, que son aquellos cuyas condiciones originales deben modificarse debido a problemas del deudor para cumplir lo pactado, crecieron un 39.9%, al pasar de S/ 15 millones a S/ 21 millones en el periodo analizado. De igual forma, los créditos atrasados, correspondientes a obligaciones cuyo pago no se realizó en la fecha prevista, aumentaron un 11%, de S/ 192 millones a S/ 213 millones. En conjunto, la comparación muestra una evolución desfavorable de la cartera, marcada por la reducción de los créditos vigentes y el incremento de aquellos que requieren modificaciones o presentan atrasos. 

La morosidad constituye otra dimensión relevante porque permite dimensionar la magnitud del riesgo de incumplimiento de pagos que acumulan un determinado número de días de atraso y que, por ello, reflejan una mayor probabilidad de incumplimiento y un mayor riesgo para la cartera. En el segmento de microempresas, los episodios de mayor morosidad han coincidido con periodos de fuerte afectación climática, como El Niño costero de 2017 y el FEN de 2023, lo que sugiere una relación relevante entre los choques climáticos y la capacidad de pago de las microempresas. En efecto, la tasa de morosidad pasó al 3.4% en 2017 y a un máximo histórico del 5.7% en 2023. Si bien posteriormente descendió al 3.9% en 2025, volvió a elevarse hasta el 5% en junio de 2026. 

Esta relación entre los eventos climáticos y el crédito responde, en parte, a la limitada capacidad financiera de las microempresas para absorber interrupciones en sus ingresos. Si bien los sectores que concentran principalmente a las microempresas en 2025 son los de comercio y servicios (44.1% y 42.3%, respectivamente), de acuerdo con el Ministerio de la Producción (Produce), aquellas vinculadas a actividades como el agro presentan una mayor exposición a las condiciones climáticas y forman parte del tejido empresarial del país. En este contexto, los eventos climáticos adversos pueden afectar su desempeño financiero y, con ello, incrementar su riesgo de incumplimiento y morosidad, como señala el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

En este contexto, la respuesta de las autoridades adquiere especial importancia. Ante el FEN 2026-2027, la SBS habilitó la modificación de cronogramas de pago sin afectar la calificación crediticia de los deudores con buen comportamiento. El mecanismo recoge la experiencia aplicada durante los episodios de 2017 y 2023, y busca evitar que una dificultad temporal de liquidez genere de inmediato un deterioro en la clasificación del deudor. 

La medida es necesaria, pero tiene un alcance limitado. Una reprogramación modifica el calendario de pago, mas no recupera los ingresos perdidos ni compensa los daños sobre la actividad productiva. Por ello, de forma complementaria, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) planteó ante el Gobierno un paquete de medidas para sostener el flujo de crédito durante la emergencia, el cual prioriza preservar el flujo de pagos entre empresas y proveedores, y respaldar a las entidades financieras que terminen con su cartera deteriorada, mediante un esquema en el que Cofide o un fondo con apoyo estatal compre esa cartera y permita a la entidad recomprarla en un plazo de cinco años. 

Sin embargo, la experiencia internacional sugiere que la respuesta no debería concentrarse únicamente después del choque. El Banco Mundial, a través de seguros indexados, por ejemplo, activa pagos cuando determinados indicadores climáticos alcanzan niveles previamente establecidos. De esta forma, los pequeños agricultores y microempresarios pueden acceder a liquidez sin esperar a que el deterioro de sus ingresos se transforme en incumplimiento. Para el Perú, el desafío consiste precisamente en avanzar de una política de alivio a una política de prevención. Proteger la cartera de crédito exige proteger también la capacidad productiva que la respalda.