Estabilidad no es sinónimo de piloto automático

El Perú llega al cambio de Gobierno con estabilidad macroeconómica, pero también diversos retos y señales de alerta. Preservar sus fundamentos será clave para evitar que la economía derive en estancamiento o, peor aún, retroceso. 

La economía peruana llega al cambio de gobierno con una combinación particular de fortalezas y desafíos pendientes. Por un lado, mantiene fundamentos macroeconómicos que la distinguen frente a gran parte de la región: inflación controlada, bajo endeudamiento público, reservas internacionales elevadas, apertura comercial y una institucionalidad monetaria que ha permitido absorber choques externos e internos. Por otro lado, persisten problemas estructurales que limitan su capacidad de crecimiento, como la baja productividad, la debilidad estatal, la inseguridad, la conflictividad social, la minería ilegal y una ejecución pública que no siempre transforma recursos disponibles en servicios, infraestructura y bienestar. 

Los datos recientes muestran que la actividad económica mantiene el dinamismo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en marzo, la economía peruana creció un 3.2% interanual, impulsada principalmente por construcción, comercio y manufactura. En el primer trimestre, el crecimiento acumulado ascendió al 3.5%, mientras que la expansión de los últimos doce meses llegó al 3.4%. Sin embargo, el resultado mensual evidenció heterogeneidad sectorial: pesca cayó un 12.5%, minería e hidrocarburos retrocedió un 4.6% y agropecuario disminuyó un 0.5%. Es decir, el crecimiento continúa, pero no descansa sobre una base homogénea ni exenta de riesgos. 

La resiliencia de la economía peruana se explica, en buena medida, por la solidez de sus principales anclas macroeconómicas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 2.8% para 2026 (ver Semanario 1300) y destaca que el país conserva amplios márgenes de maniobra frente a posibles choques, sustentados en un bajo nivel de deuda pública, abundantes reservas internacionales y acceso a mercados de capital en condiciones favorables. Además, resalta que las expectativas inflacionarias se mantienen ancladas y que el marco de metas de inflación ha contribuido a preservar la estabilidad de precios. 

En este escenario, la inversión privada será un componente decisivo para sostener el crecimiento en los próximos años. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) esta crecería un 9.5% en 2026 y un 5% en 2027, luego de una revisión al alza respecto de estimaciones previas, impulsada por el mayor dinamismo de sectores no primarios, el avance de proyectos de infraestructura y un contexto favorable para la inversión minera, asociado a precios internacionales elevados. Sin embargo, este impulso no dependerá únicamente de oportunidades sectoriales, sino también de expectativas, seguridad jurídica y predictibilidad. 

La experiencia muestra que sectores como construcción, comercio, manufactura y servicios pueden dinamizar la economía cuando existen mejores condiciones de demanda y confianza empresarial; pero también que la incertidumbre política, la baja ejecución pública, la conflictividad no atendida, los cambios regulatorios improvisados o los mensajes ambiguos frente a la actividad empresarial pueden afectar decisiones que toman años en madurar. La confianza no es un componente intangible menor: es una condición necesaria para transformar oportunidades de inversión en empleo, recaudación e infraestructura. 

Uno de los principales desafíos será evitar que la disciplina fiscal se debilite en un contexto de mayores demandas sociales y presiones de gasto. El FMI estima que el déficit fiscal alcanzaría el 2% del PBI en 2026 y se mantendría por encima de las metas fiscales de mediano plazo. Si bien la deuda pública se ubicaría alrededor del 32% del PBI, un nivel todavía manejable, el deterioro estructural de las cuentas fiscales no debe minimizarse (ver Semanario 1302). La sostenibilidad fiscal no se pierde de un año a otro; suele erosionarse gradualmente cuando se normalizan déficits persistentes, rigideces presupuestales y decisiones de gasto sin respaldo permanente. 

A ello se suma un problema recurrente: el país no solo necesita gastar más en determinados sectores, sino gastar mejor. La inversión pública continúa enfrentando brechas de calidad, oportunidad y ejecución, especialmente en niveles subnacionales. En un país con necesidades evidentes en infraestructura, seguridad, salud, educación y saneamiento, dejar recursos sin ejecutar o destinarlos a proyectos mal formulados implica un costo económico y social considerable. Por tanto, cualquier agenda de crecimiento debe incluir mejoras en capacidades municipales, compras públicas y articulación entre niveles de gobierno. 

En conclusión, el reto económico de los próximos años está en proteger los fundamentos que han permitido la estabilidad del país y complementarlos atendiendo urgentemente reformas pendientes. El Perú necesita preservar la autonomía del BCRP, recuperar credibilidad fiscal, fortalecer la inversión pública y privada, reducir trabas burocráticas y promover mayor productividad. La estabilidad ha permitido resistir choques, pero el desarrollo exige algo más: instituciones capaces de convertir esa estabilidad en crecimiento sostenido. 

El próximo Gobierno recibirá una economía con fortalezas reales, pero también con advertencias claras. Confundir resiliencia con piloto automático sería un error. El Perú ha demostrado capacidad para resistir, pero ahora necesita recuperar capacidad para avanzar.