Bono “Mi Primera Chamba”, una propuesta populista

El bono "Mi primera chamba", de S/ 6,150, propuesto por Juntos por el Perú, es una medida populista que no resuelve las fallas estructurales del mercado laboral juvenil: la inadecuación ocupacional, la informalidad endémica y la ausencia de un entorno macroeconómico que sostenga el emprendimiento y la contratación formal. 

Es importante reconocer la vulnerabilidad del empleo juvenil, debido a que, de no integrarse debidamente al mercado laboral formal, perderían oportunidades para desarrollar habilidades y experiencia certificada. La población entre 14 y 29 años enfrenta una mayor tasa de informalidad (76.7%) con respecto a los adultos en edad activa (30 a 65 años) (66.2%), según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Una situación que se debe, en parte, a la mayor tasa de desempleo (8.9%, frente al 3.4% de los adultos). Sin embargo, ambas limitaciones motivan una situación inclusive peor que la informalidad, debido a que existen 3.5 millones de ellos que no estudian ni trabajan (ninis), según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Durante el debate técnico, del 24 de mayo último, Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) anunció el programa "Mi primera chamba", una iniciativa ausente en su plan de gobierno oficial. La propuesta implica entregar un bono de S/ 6,150, a través del Banco de la Nación, a 100,000 jóvenes egresados de educación básica y sin recursos suficientes, quienes tendrían un plazo de cinco años para destinar el fondo a tres usos exclusivos: financiar capacitaciones en instituciones acreditadas, emplearlo como capital semilla para emprender o subsidiar seis meses de salario en su primer empleo formal. 

El primer cuestionamiento se debe a que S/ 6,150 es insuficiente para financiar educación superior (universitaria o en instituto), por lo que el bono se destinaría, en la práctica, a cursos cortos de capacitación para una rápida inserción laboral. El Estado ya cuenta con una oferta para este nivel: los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), diseñados para la formación técnica de corta duración. Así, en lugar de fortalecer esa red, mediante el diseño de nuevas especialidades demandadas por el mercado, la medida desvía recursos sujetos al criterio del participante, lo cual puede derivar en aprendizajes que no garantizan un empleo formal. 

Esto último se sustentaría en la alta tasa de inadecuación laboral, que afectó al 64% de los jóvenes en 2025, una cifra superior a la registrada en 2016 (62%), según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE). Esta situación implica que la mayoría de los jóvenes que han estudiado carreras técnicas o universitarias acaban trabajando en ocupaciones diferentes para las cuales se capacitaron e invirtieron recursos. Un problema mínimamente atendido por el Estado e ignorado en la propuesta de Juntos por el Perú, que se fundamenta en que el joven carece de orientación suficiente para escoger una profesión que sea efectivamente demandada por el mercado laboral. 

La medida resulta contradictoria e ineficaz en la inserción laboral juvenil. La propuesta del mismo partido de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,500 encarecería la contratación de jóvenes sin experiencia, lo que llevaría a las empresas a priorizar perfiles con mayor experiencia. Por otro lado, si el bono se orienta al emprendimiento, persistirá la informalidad. Un capital semilla de S/ 6,150 no elimina las barreras estructurales: según MiBanco, el 64 % de los dueños de micronegocios informales señala los costos de trámites como principal barrera y un 60 % enfrenta procesos complejos con entidades del Gobierno que desincentivan la formalización. Según estimaciones del Banco Mundial, formalizarse toma, en promedio, 52.9 días, en los que el emprendedor debe paralizar sus operaciones para evitar multas por fiscalización. Al sumar casi dos meses sin generar ingresos, el joven agotará su bono asumiendo costos fijos que un negocio inicial no puede asumir. 

La propuesta se presenta en un espacio fiscal ajustado. El Consejo Fiscal identificó que el Congreso saliente aprobó 268 leyes con impacto adverso entre 2021 y 2026 al cierre de abril, lo que generó compromisos permanentes por S/ 36,700 millones anuales (3% del PBI) y un costo acumulado de S/ 109,600 millones (9.1% del PBI). Juntos por el Perú critica ese exceso legislativo, sobre todo al compararlo con la ausencia de presupuesto para programas ya existentes de becas educativas. Sin embargo, debido a que el partido también impulsa medidas como el aumento de salarios a maestros y subsidios al sector público, el presupuesto disponible será limitado, lo cual reduce la factibilidad del bono. 

Un bono que significaría S/ 615 millones en un primer desembolso, para el cual no se esclarece el origen del presupuesto, ausente en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que prioriza otros gastos, es dudoso que llegue a implementarse. Tampoco resuelve los obstáculos del proceso de formalización de empresas, de manera que no tendrá suficiente impacto para promover el emprendimiento formal. Una medida así, aunque bien intencionada, requiere una revisión técnica para que logre al menos uno de sus propósitos.