Cuando el interés público rinde cuentas

De acuerdo con la Constitución, el Estado peruano solo puede participar en actividades empresariales en presencia de un alto interés público. Es decir, solo si aporta valor económico y social a la ciudadanía. Sin embargo, no todas las empresas estatales cumplen con dicho objetivo, ya sea por pérdidas recurrentes o el uso ineficiente de recursos de todos los peruanos. 

El pasado 1 de junio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó ante el Congreso y la Contraloría la Cuenta General de la República correspondiente al año fiscal 2025, el principal instrumento de rendición de cuentas del Gobierno. Este documento comprende los resultados del Gobierno en todos sus niveles, además del de otros organismos gubernamentales, como las empresas públicas. 

Al cierre de 2025, se registraron 145 empresas del Estado a nivel nacional, de las cuales 15 corresponden a entidades financieras, 101 a empresas no financieras, y 29 se encuentran no operativas o en liquidación. No hubo cambios en el número de empresas estatales durante 2025. Sin embargo, la Empresa de Servicios de Limpieza Municipal Pública del Callao pasó a la condición de no operativa, debido a su situación económica crítica, y suspendió sus actividades en febrero de 2026. 

Evolución de los resultados por rubro

Las empresas financieras registraron el mejor desempeño reciente, al cerrar el 2025 con un beneficio neto acumulado de S/ 2,471 millones, un incremento del 22% en términos reales respecto del año anterior[1]. El Banco de la Nación continuó siendo la principal fuente de utilidades del sector (S/ 1,336 millones) y concentró cerca de una cuarta parte del patrimonio de las empresas financieras estatales. Sin embargo, el desempeño en el rubro en los últimos años estuvo impulsado principalmente por otras entidades. 

A pesar del buen comportamiento agregado en las empresas públicas del sector financiero, aún persisten instituciones que acumulan resultados negativos de manera recurrente. La Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Santa registró pérdidas en siete de los últimos ocho años, seguida por la Caja Paita (cinco años). Un caso extremo fue el de Caja Sullana, la cual registró pérdidas consecutivas desde 2018 —con excepción de 2019— y entró en proceso de liquidación en julio de 2024. 

Por otro lado, las empresas públicas no financieras registraron un panorama menos favorable. En conjunto, este grupo alcanzó una utilidad neta de S/ 2,874 millones en 2025, un 29.8% mayor que la del año previo en términos reales, aunque por debajo de otros años que no estuvieron marcados por eventos como la pandemia o la recesión de 2023. 

A nivel sectorial, los resultados muestran trayectorias diferenciadas. Actividades como electricidad y servicios mantuvieron resultados favorables durante gran parte del periodo analizado, con utilidades de S/ 1,541 millones y S/ 2,239 millones en 2025, respectivamente. En contraste, el sector hidrocarburos acumuló pérdidas en distintos periodos, con S/ 1,923 millones en el último año, afectado principalmente por el desempeño de Petroperú. 

Más aún, diversas empresas públicas permanecieron en terreno negativo durante todo este periodo. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica, la Empresa Municipal Mercados del Pueblo de Chimbote, la Empresa Nacional de la Coca y la Empresa Municipal de Servicios Múltiples de Huancayo registraron pérdidas en todos los años del período analizado, sin lograr revertir sus resultados negativos en ningún ejercicio. En total, 17 de las 116 empresas públicas que registraron operaciones durante 2025 tuvieron pérdidas. 

Adicionalmente, persiste un grupo de empresas estatales que no realizan actividades productivas, pero que mantienen comprometidos recursos públicos. Al cierre de 2025, 29 empresas se encontraban no operativas o en proceso de liquidación, aunque concentraban activos por S/ 475 millones, entre edificios y tecnología productiva ociosa. Asimismo, 11 de estas entidades mantienen patrimonios negativos, reflejo de pérdidas acumuladas que erosionaron su capacidad operativa y condujeron a su disolución o liquidación. 

Si bien el objetivo de una empresa estatal no necesariamente es maximizar utilidades, las pérdidas recurrentes sí constituyen una señal de alerta. En la práctica, estas erosionan el patrimonio de las entidades, reducen su capacidad para invertir y prestar servicios, y trasladan costos adicionales al Estado y el Gobierno de turno. 

El caso más representativo de esto último es el de Petroperú. La petrolera estatal registró pérdidas por S/ 1,923 millones en 2025 y acumuló varios años consecutivos de resultados negativos. Este deterioro financiero y operativo motivó diversos mecanismos de apoyo por parte del Gobierno en los últimos años, pese a que originalmente fueron planteados como medidas temporales (ver Semanario 1302). Sin considerar a Petroperú, las empresas no financieras habrían alcanzado utilidades de S/ 4,799 millones en 2025, además de mantener una trayectoria considerablemente más favorable que la observada en las cifras agregadas. 

Las empresas privadas compiten en el mercado y enfrentan decisiones operativas y financieras bajo su propio riesgo. Del lado público, se administran recursos que pertenecen a todos los peruanos, por lo que su permanencia debe sustentarse en la generación de beneficios económicos y sociales cuantificables. En un contexto de necesidades crecientes y recursos escasos, resulta indispensable evaluar si estas instituciones aún responden al interés público que motivó su creación.

[1] La utilidad neta corresponde a la ganancia final obtenida por una empresa luego de descontar todos sus costos, gastos, intereses e impuestos. Este indicador permite evaluar de manera sencilla si una entidad genera o destruye valor económico. Para una comparación adecuada entre distintos años, los montos se comparan en términos reales, es decir, ajustados por inflación.