Los rescates “temporales” de Petroperú acumulan más de US$ 4,700 millones desde 2022

Palabras como “transitorio” o “excepcional” parecen haber perdido el significado en el caso de Petroperú, así como el compromiso de honrar sus préstamos con dinero de todos los peruanos. Todos los mecanismos de apoyo otorgados a la empresa desde 2022 han sido postergados respecto de su vencimiento inicial o absorbidos por el Estado. 

Tras años de deterioro operativo y financiero, reflejados en pérdidas consecutivas por US$ 2,578 millones en los últimos cuatro años, Petroperú se encaminaría hacia un nuevo rescate. La petrolera estatal sostiene que esta solicitud no constituye un rescate, ya que el crédito provendría del sector privado y el Gobierno solo actuaría como respaldo. Sin embargo, esta premisa resulta poco creíble si se considera el desenlace de los apoyos anteriores, pues obligaciones inicialmente temporales terminaron asumidas total o parcialmente con dinero público. 

En agregado, se registran US$ 4,764 millones comprometidos, entre préstamos, garantías y aportes directos a las arcas de la empresa desde 2022, año a partir del cual la empresa reconoce el inicio de la crisis que afronta actualmente. El recuento de los rescates considera la información de todos los decretos de urgencia (DU) aprobados desde dicho año. No se incluyen préstamos y emisiones de bonos con garantía estatal previos, cuyos pagos o vencimientos ocurrieron posteriormente.

• En mayo de 2022 se publicó el DU 010-2022, el cual aprobó un apoyo financiero transitorio por US$ 750 millones, con cargo a recursos del tesoro público. A pesar de haberse concebido como un apoyo temporal, este sería capitalizado posteriormente en setiembre de 2024, lo que lo vuelve un aporte directo y extingue cualquier obligación de devolución. Asimismo, se emitieron documentos cancelatorios del tesoro público por US$ 133 millones para el pago de aranceles e impuestos asociados a la compra de crudo y combustibles. Si bien el plazo para el reembolso de estos documentos vencía en diciembre de 2022, este fue ampliado múltiples veces, la última hasta el 31 de diciembre de 2028.

• En octubre de 2022 se emitió el DU 023-2022, el cual aprobó “de manera excepcional” un aporte al capital —es decir, un desembolso sin expectativa de retorno— por US$ 1,015 millones, también con cargo a recursos del tesoro público. A ello se suma la aprobación del respaldo de una línea de crédito del Banco de la Nación, de hasta US$ 500 millones, para la compra de petróleo crudo, combustibles y otros derivados de los hidrocarburos y biocombustibles, con el Gobierno como garante. 

• En febrero de 2024, el DU 004-2024 aprobó un préstamo para capital de trabajo, también con el Banco de la Nación y respaldado por el Gobierno, hasta por US$ 800 millones. El pago de este préstamo y sus intereses fueron asumidos en su totalidad por el Gobierno unos meses más tarde, y se trasladó esa obligación al tesoro público mediante el DU 013-2024. Asimismo, se amplió la operación de endeudamiento del DU 023-2022, hasta por US$ 500 millones adicionales (US$ 1,000 millones en total). Si bien el plazo de vigencia de la garantía original era menor a un año, este también fue prorrogado hasta diciembre de 2028. 

• En setiembre de 2024, se aprobó el DU 013-2024, que dispuso nuevas medidas a favor de la empresa, además de consolidar algunos de los instrumentos previamente mencionados como aportes sin retorno. El DU otorgó a la empresa una nueva garantía para financiar capital de trabajo con otro préstamo con el Banco de la Nación, hasta por US$ 1,000 millones. A pesar de que el plazo de vigencia de la garantía original era de menos de un año, este fue nuevamente aplazado hasta diciembre de 2028. 

• En diciembre de 2025, se presentó el DU 010-2025, orientado a la reorganización patrimonial de Petroperú y a su incorporación al proceso de promoción de la inversión privada. Aunque de menor magnitud, no estuvo exento de medidas de respaldo financiero. Se autorizó la transferencia de S/ 240 millones (aproximadamente US$ 67 millones) para implementar acciones vinculadas al personal y la reorganización interna, con un plazo no mayor a 30 días hábiles. Cinco meses después, tras tres cambios de presidente y dos de gerente general, los resultados son, cuanto menos, cuestionables.

Si se suma el rescate actual —valorizado en hasta US$ 2,500 millones— a los anteriores descritos, los recursos comprometidos ascenderían a alrededor de US$ 7,000 millones desde 2022. Al haberse aprobado mediante decretos de urgencia, estos recursos no formaron parte de un proceso de planificación presupuestaria ordinario; en otras palabras, pudieron haberse utilizado en obras e inversiones orientadas al cierre de brechas. Con el monto descrito se pudo financiar la construcción de, aproximadamente, más de 20 hospitales de alta complejidad —usualmente nacionales o regionales—, o más de 300 colegios de última generación, como los del Proyecto Escuelas Bicentenario. 

Por otro lado, seguir hablando de una reestructuración resulta cada vez menos creíble. Desde los primeros rescates, las transferencias aprobadas estuvieron acompañadas de promesas de reorganización empresarial que, hasta hoy, no muestran resultados concretos. En la práctica, los cambios de gestión, el traslado de responsabilidades entre distintas entidades y los continuos cambios de presidente no corrigen años de malas decisiones. Más aún, los recursos otorgados han funcionado principalmente como un cortafuegos para cubrir pagos a proveedores y capital de trabajo, sin evidencia de una reestructuración real de la empresa. 

¿Qué sigue ahora? Ante la posibilidad de una venta total o parcial de la empresa, algunos sostienen que incluso si se intentara privatizar Petroperú, el Estado terminaría pagando al comprador. Sin embargo, la experiencia muestra lo contrario: empresas estatales que operaban con pérdidas millonarias y altos niveles de ineficiencia lograron ser privatizadas a finales del siglo pasado, lo que mejoró sustancialmente la provisión de servicios en áreas como telecomunicaciones, distribución eléctrica y actividades extractivas. 

Seguir sosteniendo lo indefendible solo incrementa el costo que Petroperú nos traslada a todos. Si lo excepcional ya se volvió recurrente y lo temporal permanente, insistir en el mismo camino no producirá un resultado distinto.