Medicamentos: transparencia sí, distorsiones no

El proyecto de ley que busca transparentar los precios de los medicamentos en establecimientos privados plantea una preocupación legítima. Sin embargo, las medidas para proteger al paciente deben mejorar su capacidad de elección, sin intervenciones que puedan afectar la competencia y el acceso. 

El precio de los medicamentos es una preocupación legítima para miles de familias peruanas. Contar con información clara sobre cuánto cuesta un tratamiento, qué cubre el seguro y cuánto debe pagar finalmente el paciente es fundamental para tomar decisiones informadas. Sin embargo, una buena intención no garantiza que cualquier medida regulatoria produzca los resultados esperados. 

El Proyecto de Ley 184-2026-2031-CD, presentado por el diputado Diethell Columbus, busca mejorar la transparencia en la determinación de los precios de los medicamentos comercializados por las farmacias de establecimientos privados de salud. La iniciativa responde a una preocupación relevante: las diferencias entre los precios utilizados para calcular descuentos, coberturas y copagos, y aquellos observados en otros establecimientos farmacéuticos. 

El problema merece atención. No obstante, la propuesta plantea que los precios de referencia publicados por la Digemid sean utilizados como base para determinados cálculos económicos. Esto podría convertir una herramienta informativa en un parámetro obligatorio que termine condicionando indirectamente las decisiones de precios de los agentes privados. 

La distinción es importante. Transparentar precios permite comparar alternativas; imponer referencias para determinar condiciones económicas puede modificar los incentivos de quienes participan en el mercado. Los precios pueden responder a diferencias en costos de operación, condiciones de abastecimiento, servicios asociados y acuerdos contractuales. Desconocer estas particularidades podría generar distorsiones sin asegurar necesariamente menores desembolsos para los pacientes. 

¿Qué alternativas existen? El Perú ya cuenta con un Observatorio de Precios de Medicamentos administrado por la Digemid. Fortalecerlo, asegurar la actualización y confiabilidad de sus registros y facilitar su consulta permitiría mejorar la información disponible sin sustituir los mecanismos de formación de precios. 

A ello debería sumarse la obligación de informar claramente al paciente el precio del medicamento, la cobertura de su seguro, los descuentos aplicables y el copago final. También corresponde facilitar la comparación entre establecimientos y garantizar, cuando las condiciones clínicas lo permitan, la libertad de adquirir medicamentos fuera de la farmacia vinculada al establecimiento de salud. 

Pero la discusión sobre el acceso a medicamentos no puede agotarse en los establecimientos privados. Entre el primer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2026, la afiliación a seguros de salud aumentó del 76.6% al 93.5%, mientras que la proporción de personas que buscó atención ante un problema de salud pasó del 44.2% al 39.9% (ver Semanario 1315). 

Asimismo, entre 2019 y 2025, los asegurados del SIS y EsSalud desembolsaron, conjuntamente, S/ 69,431 millones en gastos de bolsillo en salud. Aunque estas cifras comprenden distintas prestaciones y no exclusivamente medicamentos, evidencian la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema público. 

Por ello, una agenda integral debe incluir mejoras en el abastecimiento de medicamentos, atención oportuna, gestión de compras públicas y mecanismos efectivos de protección financiera para los asegurados. 

El debate legislativo representa una oportunidad para construir soluciones basadas en evidencia. La transparencia debe fortalecerse, pero evitando medidas que puedan restringir la competencia o afectar la disponibilidad de medicamentos. 

El objetivo no debe ser únicamente intervenir sobre los precios que observa el paciente, sino asegurar que cuente con información, alternativas y acceso efectivo a los tratamientos que necesita.