Pesca y El Niño, situación crítica para las empresas, empleo e ingresos
Se canceló oficialmente la segunda temporada de pesca de anchoveta de este año, de acuerdo con el Ministerio de Producción (Produce). Con un avance del 24.6% de la primera temporada, las fuertes repercusiones negativas sobre las empresas pesqueras, el empleo formal y en los ingresos de los hogares que dependen exclusivamente de esta actividad son casi inminentes.
La relevancia económica del sector explica la magnitud de este riesgo. La industria pesquera aportó S/ 25,246 millones a la economía en 2025, equivalentes a un 2.1% del PBI, y generó más de 250,000 empleos directos, indirectos e informales, según un informe de APOYO Consultoría para la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Por ello, una paralización prolongada de la pesca de anchoveta no solo comprometería los resultados de las empresas, sino también los ingresos de los trabajadores y las actividades vinculadas a su operación.
El golpe llegaría directamente al empleo. En un escenario extremo del fenómeno El Niño (FEN), APOYO estima que se perderían hasta 78,000 puestos de trabajo, más que todo el empleo directo formal de la industria pesquera en 2025, que se situó en 49,000. Esto evidenciaría que el impacto trasciende a las empresas pesqueras y alcanza a las actividades vinculadas a su cadena productiva, como proveedores, transporte y servicios.
Frente a ello, el Estado declaró en emergencia este sector por 120 días y aprobó un Plan de Emergencia con seis líneas de acción: investigación, ordenamiento, facilitación administrativa y sanitaria, pago de multas, comercialización y acceso a financiamiento. Además, el Decreto Supremo N.º 013-2026-PRODUCE permite pagar entre el 50% y el 60% de las multas pendientes, con aplazamiento de hasta seis meses y fraccionamiento en hasta doce cuotas. No obstante, aún no se han agilizado los canales receptivos por parte del Ejecutivo. De la misma forma, la Comisión de Producción del Congreso no aprobó el informe que respaldaba el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, el cual incluía pedidos en materias de pesca y acuicultura.
En cuanto a las familias que dependen de la actividad pesquera, resulta necesario que el Ejecutivo implemente medidas de soporte extraordinarias más eficientes que las aplicadas en 2023, periodo en el que se otorgaron dos bonos cuyos montos y cronogramas se definieron sobre la marcha, lo que ocasionó que la ayuda llegara con retraso. Para el presente año, resulta clave contar con un padrón de beneficiarios actualizado y establecer un mecanismo de transferencia automática ante la suspensión de la actividad pesquera, de modo que la asistencia no dependa de respuestas improvisadas frente a cada coyuntura.
Otros países enfrentaron caídas de captura de anchoveta con instrumentos concretos. En Chile, donde los desembarques de anchoveta del norte grande cayeron un 76% entre 2022 y 2023, el Ejecutivo acordó con los gobiernos regionales bonos especiales y respaldados en las mediciones de captura para focalizar eficientemente la ayuda, según la Cámara de Diputados de Chile.
En definitiva, la experiencia de 2023, así como la de otros países, coincide en la necesidad de respuestas oportunas. Con un plan de emergencia de 120 días, el Ejecutivo tiene una ventana estrecha para prorrogar las obligaciones tributarias de las empresas, agilizar los mecanismos laborales y canalizar un apoyo focalizado a los hogares, con un padrón actualizado. Preservar hoy la capacidad productiva del sector permitirá aprovechar el potencial de nuestro mar cuando la anchoveta se recupere.