¿Dónde está el oro? La pista del dinero tras la minería ilegal

La minería ilegal ya representa una amenaza de primer orden, no solo a nivel ambiental y de seguridad, sino también para el sistema financiero. Ante una nueva ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en camino, cabe preguntarse cómo aprovechar mejor las herramientas que ya tenemos para seguir la ruta del dinero. 

El pasado 13 de octubre, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó una propuesta de nueva Ley MAPE. La iniciativa propone un régimen de consolidación exclusivo para sus inscritos, que entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2027, al igual que una mayor trazabilidad del mineral e inclusión financiera, entre otros aspectos. 

No es para menos, pues la brecha que hoy existe no puede continuar siendo ignorada. Según cifras del Minem y el Banco Central de Reserva (BCRP), el Perú exportó oro por US$ 23,313 millones en 2025, lo que equivale a unas 210 toneladas. No obstante, la producción registrada en el mismo periodo fue de apenas 110 toneladas. ¿De dónde salieron las 100 toneladas restantes? 

La diferencia es demasiado grande para tratarse de un error metodológico o de redondeo, por lo que los datos sugieren una inconsistencia: se estaría extrayendo y exportando oro que no aparece en los registros oficiales de producción. Es decir, estaría saliendo del país más oro del que declaramos producir, sin garantías de que se hayan pagado impuestos ni cumplido los estándares ambientales y laborales correspondientes. 

Según el Ministerio del Interior (Mininter), la minería ilegal opera, mayoritariamente, a una escala productiva similar a la de la MAPE. Además, el oro sería su principal objetivo: su alto valor y facilidad de venta lo convierten en una fuente atractiva de ganancias ilícitas. Con base en su evolución reciente, los envíos de origen indeterminado superarían a los formales en 2026. 

Frente a esta amenaza, el país cuenta con herramientas para seguir la ruta del dinero y detectar operaciones sospechosas. En el ámbito financiero, es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) —adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)— la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluidas aquellas que parten de la minería ilegal. 

Seguir la ruta del dinero

Cuando un banco, una notaría u otro sujeto obligado^[1] detecta movimientos incoherentes con la actividad, el perfil económico o la explicación de su cliente, los reporta a la UIF mediante un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Según la UIF, los ROS que identifican a la minería ilegal como posible delito precedente aumentaron con fuerza en los últimos años y alcanzaron un máximo en 2025, con 1,657 reportes por un valor total de US$ 6,036 millones. 

Luego, la UIF analiza estos reportes y puede cruzarlos con información de personas, empresas, cuentas y transferencias, incluso mediante la cooperación con unidades homólogas extranjeras. Hasta ese momento, no se puede determinar con certeza la existencia de un delito. 

Si el análisis permite presumir un vínculo con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, la UIF transmite un Informe de Inteligencia Financiera (IIF) al Ministerio Público, que evalúa la información. Al cierre de 2025, los IIF vinculados con la minería ilegal no mostraron una tendencia clara. En 2024 y 2025 se registraron cuatro por año, pero el monto involucrado cayó de US$ 1,259 millones a US$ 380 millones. 

Lo que corresponde después es que la Fiscalía y la Policía ejecuten las acciones correspondientes. Según el caso, pueden adoptarse medidas sobre los activos y el proceso puede terminar en incautación, decomiso, archivo, absolución o condena. 

Por otro lado, los datos plantean interrogantes sobre cómo se traduce la inteligencia financiera en medidas concretas. Entre enero de 2016 y agosto de 2026, solo nueve casos de congelamiento de activos vinculados a la minería ilegal fueron convalidados judicialmente, por US$ 3.6 millones, frente a 47 casos por delitos contra la administración pública (US$ 37 millones) y 26 por delitos contra el patrimonio (US$ 26 millones). 

En resumen, contamos con un sector privado que reporta operaciones sospechosas y una UIF que analiza y comunica información relevante a las autoridades. El reto es fortalecer la articulación entre inteligencia financiera, investigación fiscal y persecución de activos ilícitos. La nueva ley MAPE debería contemplar este frente y aprovechar mejor las herramientas existentes para dificultar que las ganancias de la minería ilegal ingresen y circulen en la economía formal.

[1] Personas naturales o jurídicas obligadas por ley a implementar medidas de prevención del lavado de activos y otros delitos financieros que reportaron operaciones sospechosas a la UIF. Entre ellas figuran bancos, casas de cambio, empresas de préstamos, agentes de aduanas, notarios, empresas mineras e inmobiliarias, además de comerciantes de oro, joyas y metales preciosos; casinos, casas de apuestas, entre otros.