La remuneración mínima vital requiere un debate técnico, no político

Ayer se sostuvo la sesión extraordinaria N.° 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). El punto más álgido de la discusión fue respecto de la remuneración mínima vital (RMV), donde hubo consenso sobre un futuro aumento, pero no se alcanzó un acuerdo con relación al momento y la forma del incremento. Esto último debería discutirse en la comisión técnica, respetándose acuerdos previos, en vez de definirse de manera unilateral y apresurada por el Gobierno. 

Como se reconoce en el documento oficial de acuerdos de la sesión, existe consenso respecto de incrementar el salario mínimo, aunque no se detalla el monto. Por eso, preocupa el adelanto del ministerio de considerar el aumento de la RMV de S/ 1,130 a S/ 1,300; sobre todo, porque debe continuarse el diálogo tripartito a través de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) y el valor del incremento debería responder a mejoras en la productividad y las expectativas de la inflación subyacente. 

Para respetar los acuerdos previos del CNTPE, el incremento de la RMV no debería generar un alza desmedida en relación con el salario promedio del sector privado. Por ello, los últimos tres incrementos han tenido una variación nominal cercana al 10% con el fin de evitar una desproporcionalidad, como reconoce el informe del equipo técnico del CNTPE. Es decir, la propuesta actual del Gobierno, que implica un aumento del 15%, sería la más generosa desde 2007, pese a la coyuntura extraordinaria que representa el fenómeno de El Niño, que amenaza con ser el más fuerte de la historia. 

El mismo documento reconoce que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda utilizar la mediana salarial, en vez del promedio simple, como un mejor punto de referencia, especialmente en los países donde predomina una alta desigualdad salarial. Y que en las economías desarrolladas dicha ratio suele encontrarse entre un 35% y un 60%. Durante 2025, esta ascendió al 73.9% en el Perú[1], la cual hubiera alcanzado un 85% en caso de haberse tenido una RMV de S/ 1,300, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). 

Estos resultados superan ampliamente el promedio entre los países de la OCDE, que se situó alrededor del 55% durante el año pasado, según información oficial de la entidad. Si el Perú fuera parte de esta organización, representaría el cuarto país con la ratio más alta entre todos los miembros. Tras el aumento propuesto, el país podría situarse como el segundo peor en esta materia —únicamente por detrás de Colombia (90.5%)—, situación sobre la cual la entidad ha expresado rechazos y advertencias. 

En la reciente revisión del mercado laboral de Colombia, la OCDE advierte sobre los incrementos del salario mínimo que se alejan de la productividad y la realidad de la mayoría de los trabajadores. En detalle, el informe señala que, ante niveles tan altos respecto de la mediana salarial, el sueldo mínimo deja de funcionar únicamente como un piso de protección y empieza a convertirse en una referencia para la determinación de las remuneraciones. Esto comprime la distribución salarial y reduce el margen para contratar formalmente a trabajadores cuya productividad se encuentra por debajo o cerca del salario mínimo, lo que afecta especialmente a jóvenes y trabajadores de menor calificación. 

La entidad también advierte sobre efectos negativos macroeconómicos a través de mecanismos de indexación, particularmente sobre los precios de los servicios y otras actividades no transables. Por ello, recomienda evaluar con cautela futuros aumentos y avanzar gradualmente hacia un esquema donde el salario mínimo vuelva a funcionar como un piso salarial, en vez de convertirse en una norma para una parte importante del mercado laboral. Esto resulta especialmente relevante en economías con elevada informalidad, donde una proporción considerable de los trabajadores de menores ingresos ni siquiera se beneficia directamente de los incrementos decretados. 

Existe evidencia reciente que identifica riesgos similares para las economías emergentes. De acuerdo con investigaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), un aumento inesperado del salario mínimo incrementa los costos de producción y genera una sustitución de trabajadores formales por empleo informal y maquinaria. Los efectos se concentran principalmente entre los trabajadores de menor calificación y se traducen en menores niveles de empleo y producción. Si bien el estudio analiza una economía emergente representativa y no exclusivamente al Perú, sus resultados son particularmente relevantes para nuestro país debido a la elevada informalidad y las fuertes diferencias de productividad existentes entre trabajadores y empresas. 

También es indispensable tener presente dos escenarios adversos: i) El Perú ha sido catalogado recientemente como el más caro para contratar en América Latina y el Caribe (ver Semanario 1296); ii) El fenómeno de El Niño limitará la generación de empleo, con pérdidas en sectores altamente expuestos como el agropecuario y pesquero. Por esto, aparte del valor del incremento, la situación amerita una discusión respecto del momento, preferiblemente tras superar las amenazas climatológicas. 

La misma OCDE cuestionó los altos costos laborales no salariales del Perú en la reciente revisión de política tributaria, donde enfatiza que estos aumentan considerablemente el costo real de la contratación formal. Para un trabajador que percibe la remuneración mínima, los pagos obligatorios adicionales pueden elevar el costo total de contratación por encima del 150% de la remuneración e, incluso, supera el 170% en el caso del sector agropecuario. En ese sentido, la presencia de la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) constituye un sobrecosto adicional y perjudica aún más al sector que más empleo genera en el país. Por ello, la entidad recomendó revisar y reducir estas distorsiones, especialmente para los trabajadores de menores ingresos. 

Esto no quiere decir que aumentar la RMV siempre sea nocivo para la economía, sino que requiere un análisis técnico pertinente para evitar efectos adversos. Un aumento que no considere adecuadamente la realidad del mercado laboral, en realidad, perjudicará a los mismos trabajadores que pretende beneficiar, aquellos de menores ingresos. Lo correcto es continuar con la discusión dentro del CNTPE y reactivar a tiempo la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM), que tiene encargado, desde 2024, terminar la discusión con respecto a la metodología oficial del país en esta materia.

[1] Se considera a los trabajadores a tiempo completo (+30 horas semanales), de acuerdo con los estándares estadísticos de la OCDE para admitir la comparación internacional.