El BETA agropecuario es más caro que el impuesto a la renta

Los beneficios tributarios del sector agropecuario continúan generando oposición. Sin embargo, como reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el valor de las exportaciones agrícolas estuvo cerca de cuadriplicarse durante la última década, generado casi por completo por las grandes empresas. Y el sector enfrenta los costos más altos para contratar del país, debido a bonificaciones que no contribuyen a la seguridad social. 

Entre 2011 y 2024, el valor de las exportaciones agrícolas creció un 363%, según estimaciones de la OCDE. Esto contribuyó al desarrollo económico nacional, aunque, como también enfatiza el informe, su efecto en la recaudación tributaria habría sido limitado por factores como la alta informalidad, la baja productividad y los beneficios tributarios existentes. Sobre estos últimos, la OCDE no descarta que hayan contribuido a atraer inversión privada y al desarrollo del sector. 

La entidad también expresó su preocupación con respecto a los altos costos de contratación formal. Para los trabajadores del régimen general, estos representan una obligación equivalente al 50% de la remuneración base. Sin embargo, en el régimen laboral agrario superan el 76% debido a la presencia de la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), que representa el 30% de la remuneración mínima vital, lo cual no se presenta en ningún otro sector productivo. 

El BETA genera una distorsión significativa en el mercado laboral, con un desembolso acumulado de S/ 6,897 millones entre 2021 y 2025^[1]. Es decir, en los últimos cinco años, el sector ha pagado un 30% más por BETA que por IR, que totalizó S/ 5,265 millones durante el mismo periodo, según información de la Sunat. La evolución anual sugiere que la brecha entre ambos conceptos empieza a disminuir y representa un desembolso similar en los últimos años. 

En la práctica, no existe una preferencia regulatoria hacia el sector agropecuario, sino que la reducción del IR compensa parcialmente el exceso de obligaciones laborales, las cuales deberían revisarse primero antes de modificar el tratamiento tributario. De lo contrario, la carga total que enfrenta el sector superaría lo reportado en las demás industrias. Esto desincentivaría las inversiones porque, para comprometerse con ellas, se analizan ambas obligaciones en simultáneo.  

Formalización en riesgo

Durante 2025, el sector agropecuario reportó la tasa más elevada de informalidad laboral (93.7%), la cual superó el 99% en 14 de 24 departamentos, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). Pese a ser el sector que más empleo genera del país, el salario promedio apenas alcanzó los S/ 898 mensuales y en departamentos como Puno desciende hasta S/ 378. Con una remuneración mínima vital superior a la realidad del sector y, encima, la obligación del BETA para las pequeñas empresas en adelante^[2], es imposible avanzar en la formalización. 

Este año se suma un problema adicional: la presencia del fenómeno de El Niño, que restringe la producción e ingresos del sector. Durante el segundo trimestre de 2026, se reportaron 3.8 millones de empleos, lo cual representa el peor desempeño en los últimos años, según estimaciones de la EPEN. Respecto de 2025, se habrían perdido 143,627 puestos de trabajo, lo que interrumpe la recuperación parcial observada el año pasado. El resultado también representa cerca de medio millón de empleos menos con relación a 2022. 

Cabe resaltar que, si bien la mayor parte de la reducción del empleo en los últimos años se concentró en el sector informal, también se observa una afectación en el empleo formal. De acuerdo con indicadores del MTPE, a pesar del crecimiento sostenido del empleo formal agropecuario, se evidencia una menor duración de los contratos respecto del periodo prepandemia, en un contexto en el que los costos de mantener a un trabajador durante todo el año son mayores debido al BETA. En detalle, el ratio entre las contrataciones de abril (temporada baja tras el fin de las cosechas) y el pico previo de noviembre (temporada alta por siembras) se redujo. Mientras que en 2019 el empleo de abril representaba el 69.1% del pico previo, en 2025 apenas alcanzó el 53.6%. 

La regulación laboral del sector agropecuario requiere una revisión integral. La presencia del BETA dificulta aún más la formalización de las pequeñas empresas y limita las contrataciones en aquellas de mayor tamaño. También genera que el cumplimiento para ser formal sea igual de costoso que en otros sectores, porque el desembolso obligatorio del BETA equipara el pago de IR. Revisar únicamente los beneficios tributarios sería un error, pues acabaría —contrariamente a lo registrado en el resto— sobrepenalizando a un sector específico que, además, está altamente expuesto a la informalidad.

[1] Se considera la estimación propia con base en la remuneración mínima vigente y la cantidad de trabajadores mensuales en el régimen agrario (Ley N.° 31110) reportados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

[2] El alcance de la Ley N.° 31110 incluye a todas las personas naturales o jurídicas que desarrollen cultivos y/o crianzas, las cuales están obligadas a asumir el BETA. Es decir, obliga a las mypes. Sin embargo, el DS 008-2008-TR permite exclusivamente a la microempresa del sector escoger entre el régimen laboral mype y el agrario.