Formalización y eficiencia antes que más impuestos

Los últimos resultados en política tributaria advierten que el Perú presenta un sistema fragmentado en sus regímenes tributarios, debilitado por la informalidad y la evasión de impuestos. Por ello, antes de discutir una mayor presión fiscal, el país debe simplificar y reducir los costos para incentivar la formalidad y ampliar la base de contribuyentes. La delegación de facultades del 28 de agosto de 2026 sigue esta hoja de ruta. 

El último informe tributario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrece un análisis de los problemas estructurales que limitan la recaudación fiscal en el Perú. El organismo advierte que incrementar los ingresos públicos es necesario para asegurar la sostenibilidad fiscal ante déficits recurrentes y evitar que la deuda pública alcance el 50% del producto bruto interno (PBI) hacia el año 2036. 

Esta urgencia de ingresos encuentra su justificación técnica en el financiamiento de infraestructura, conectividad y servicios básicos necesarios para la productividad nacional; sin embargo, la propia OCDE reconoce que los incentivos tributarios no deben sustituir a las políticas públicas orientadas a resolver estas brechas de desarrollo. Para que esta transición sea viable, el Estado debe demostrar eficiencia en el uso de los fondos disponibles antes de exigir mayores recursos a la ciudadanía. 

Sin este requisito de eficiencia previa, pretender elevar la recaudación presionando únicamente a quienes ya cumplen encierra una contradicción de fondo. De acuerdo con la OCDE, el Perú muestra una base formal reducida debido a la alta informalidad. Esta falta de contribuyentes se traduce en una baja presión tributaria, es decir, el porcentaje del producto bruto interno (PBI) que el Estado logra recolectar en impuestos, la cual alcanzó apenas el 16.3% del PBI en 2024, frente al 22% del promedio latinoamericano. Por tanto, la ruta que se debe elegir es ampliar la base con más empresas formales y contribuyentes, en vez de cobrarles más a los actuales, a fin de aumentar la recaudación. 

La OCDE indica que el principal problema no son las tasas de los regímenes tributarios, sino la evasión de tributos que la Sunat no logra evitar. Según el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, el incumplimiento conjunto del impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto a la renta (IR) de tercera categoría llegó al 9% del PBI en 2025 —lo que supera el promedio de ALC (6.7%)—, seguido por Chile (6.7%), Colombia (3.9%) y México (3.1%). La OCDE estima que, si la Sunat cerrara la brecha de evasión de únicamente estos dos tributos, la recaudación nacional aumentaría hasta un 23.5% del PBI (casi 4.1 puntos porcentuales adicionales al actual). 

Sin embargo, la administración tributaria mantiene una visión de corto plazo. Como advierte el informe de la OCDE, la Sunat prioriza la recaudación inmediata, por lo que concentra sus auditorías recurrentes en las medianas y grandes empresas que ya están consolidadas. Este enfoque genera que se destinen recursos insuficientes para monitorear los segmentos más complejos. Como consecuencia, transacciones y flujos económicos altamente significativos operan hoy fuera del radar fiscal, ya sea camuflados bajo regímenes simplificados o sumergidos en la total informalidad. 

La delegación de facultades como hoja de ruta

Cargar adicionalmente al sector formal sin reducir primero los costos y barreras que mantienen a millones de trabajadores y empresas fuera de ella puede generar precisamente el efecto contrario: ampliar la brecha entre formales e informales, desincentivar el crecimiento empresarial y reducir los incentivos para invertir y contratar. Por ello, las propuestas contempladas en la delegación de facultades son positivas. 

En la materia tributaria, el Ejecutivo plantea reducir la dispersión de regímenes empresariales al limitar el NRUS a negocios de subsistencia e integrar los restantes en un régimen progresivo según los ingresos. También se contempla implementar un régimen societario simplificado para reducir trámites notariales, así como establecer un régimen laboral progresivo que incentive la contratación formal sin sacrificar derechos laborales. 

Estas iniciativas responden a las recomendaciones de la OCDE, como ocurre directamente con la formalización societaria digital sin costo notarial. Asimismo, la reorientación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la simplificación de procedimientos administrativos y la remoción de barreras burocráticas. 

El Estado debe reconocer que la única manera de incrementar la recaudación es a través de ampliar la base tributaria. Esto solo será posible si se simplifican los costos de formalización empresarial, laboral y el cumplimiento de las obligaciones que ello implica.