La mejora regulatoria y la transformación digital llegan a Palacio

La creación de la Secretaría Estratégica Presidencial coloca la mejora regulatoria y la transformación digital más cerca del centro de decisión del Gobierno. El reto será que esta nueva arquitectura institucional se traduzca en resultados concretos para ciudadanos y empresas. 

El 28 de agosto de 2026, se publicó el Decreto Supremo N.º 122-2026-PCM, que crea la Secretaría Estratégica Presidencial como órgano dentro del Despacho Presidencial. Este órgano de Alta Dirección estará encargado de articular con la Presidencia de la República para proponer, coordinar y hacer seguimiento a la política general de Gobierno y sus prioridades. 

Su función no se limitará a brindar asesoría. La Secretaría deberá realizar el seguimiento de metas y cronogramas, identificar nudos críticos y emitir alertas tempranas. Para ello, podrá solicitar a las entidades públicas información, acceso a sistemas, datos, reportes y evidencia que permitan evaluar el avance de las prioridades gubernamentales. 

Entre sus competencias, dos resultan especialmente relevantes. La primera es informar a los entes rectores sobre las prioridades del Gobierno vinculadas con la eliminación de barreras regulatorias y trabas administrativas. La segunda es comunicar a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) las prioridades en materia de gobierno y transformación digital. 

Desde ComexPerú venimos insistiendo en que ambas agendas deben ocupar un lugar central en la gestión pública y ser impulsadas desde el más alto nivel del Gobierno. La mejora regulatoria y la transformación digital son reformas transversales que inciden en la productividad, la inversión y la competitividad, pero también tienen efectos concretos en la vida cotidiana, pues permiten reducir el tiempo y los recursos que ciudadanos y empresas destinan a relacionarse con el Estado. En ese sentido, la creación de esta Secretaría hace evidente que la Presidencia reconoce la necesidad de destrabar, simplificar y digitalizar la gestión pública, y que estas prioridades requieren dirección política y coordinación entre entidades. 

La experiencia regional muestra el valor de este enfoque. En Colombia, durante el gobierno de Iván Duque, se contó inicialmente con una Consejería Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital. Entre sus funciones estaban asesorar directamente al presidente, hacer seguimiento a las políticas impulsadas en esta materia y coordinar con las entidades responsables de ejecutarlas. Posteriormente, esta estructura evolucionó hacia una Consejería Presidencial para la Transformación Digital y Gestión y Cumplimiento, que integró la agenda digital con el seguimiento de las principales prioridades presidenciales. La incorporación de asesores y equipos especializados permitió reforzar la articulación entre la orientación política, la coordinación intersectorial y la ejecución. 

Chile y Uruguay también ofrecen experiencias valiosas de modernización del Estado y transformación digital respaldadas por los niveles más altos del Poder Ejecutivo. Aunque cada país posee una institucionalidad distinta, existe una lección común: las reformas horizontales avanzan mejor cuando cuentan con liderazgo político, capacidad de coordinación y una instancia cercana a la máxima autoridad que revise el avance de las gestiones de forma constante. 

Ese es uno de los principales potenciales de la nueva Secretaría. La norma le otorga herramientas relevantes: los ministerios y organismos públicos deberán proporcionar la información necesaria para realizar el seguimiento de las prioridades. Si una entidad incumple esta obligación, esto podrá ser comunicado al presidente de la república y el Consejo de Ministros. Esta capacidad puede ayudar a superar la fragmentación y la falta de rendición de cuentas que suelen limitar las reformas transversales. 

No obstante, una buena arquitectura institucional no garantiza resultados por sí sola. La siguiente decisión será determinante: designar a las personas adecuadas para conducir la Secretaría. Se requieren perfiles con capacidad técnica y experiencia de gestión, pero también con autoridad para coordinar entre sectores, conocimiento de las deficiencias del Estado y suficiente respaldo presidencial para convertir las prioridades anunciadas en acciones verificables. 

Esto será particularmente importante en mejora regulatoria y transformación digital. Ambas agendas exigen enfrentar sinergias institucionales, revisar procedimientos que llevan años vigentes, coordinar entidades con competencias e incentivos distintos, y medir resultados concretos. No basta, entonces, con crear una nueva oficina. Se necesita liderazgo, capacidad de ejecución, indicadores públicos y acceso efectivo a la máxima autoridad política. 

La creación de la Secretaría Estratégica Presidencial abre una oportunidad para consolidar la mejora regulatoria y la transformación digital como verdaderas reformas de Estado. El siguiente paso será dotarla de liderazgo, equipos competentes y objetivos medibles, de modo que este mandato se traduzca en menos barreras y trámites, mejores servicios digitales y un Estado que facilite las actividades de ciudadanos y empresas.