La imagen del Estado en manos del Sicreci

La imagen del Perú ante los inversionistas se ve afectada por casos como el de Kuntur Wasi. La falta de respuesta del Estado y los pagos tardíos muestran desorden institucional. Estos errores podrían repetirse en el caso de la minera Lupaka. 

En mayo de 2024, el CIADI condenó al Estado peruano al pago de US$ 91 millones al consorcio Kuntur Wasi, debido a que el MTC resolvió unilateralmente el contrato de concesión del Aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. 

El Estado tenía que cumplir con el pago, pero no lo hizo a tiempo. En abril de 2025 fue declarado en rebeldía, lo que permitió al consorcio tomar medidas para ejecutar el cobro. Aunque el pago finalmente se realizó en enero de 2026, el retraso muestra desinterés, desorden y una mala gestión por parte de la entidad responsable. 

En el Perú, la entidad encargada de representar al Estado en disputas internacionales con inversionistas es el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci). Su función principal es coordinar la respuesta del Estado y asegurar que las entidades involucradas asuman tanto los costos de defensa como el pago en caso de una decisión en contra. 

Las funciones del Sicreci no se pueden confundir con la de defensa del Estado ante las controversias internacionales. De ello se encarga la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Tal como señalamos en el Semanario 1275, el Sicreci interviene antes de que surja un conflicto con un inversionista y también al final del proceso, para asegurarse de que, una vez pagado el laudo, el inversionista firme un acuerdo que deje constancia de que su reclamo ha sido resuelto y no quedan temas pendientes. Esto es fundamental para evitar nuevas demandas sobre el mismo caso. 

Según la Ley 28933, los pagos derivados de laudos arbitrales o acuerdos deben ser asumidos por la entidad pública involucrada en el conflicto. Sin embargo, eso no significa que esa entidad represente al Estado peruano en procesos internacionales. Como ha sido explicado, la responsabilidad de representar al Estado antes de que surja un conflicto con un inversionista y también al final del proceso en negociaciones, conciliaciones o acuerdos es del Sicreci. 

Una de las ventajas del arbitraje es que permite negociar los laudos. En el caso del Perú, quien tiene la autoridad para hacerlo en nombre del Estado es el Sicreci. La entidad pública involucrada no tiene facultades para representar al Estado en este tipo de negociaciones. 

En el caso de Kuntur Wasi, más allá del incumplimiento del pago, el problema se agravó por la deficiente actuación institucional frente al proceso iniciado en el extranjero. Aunque el Sicreci fue notificado por la corte, no tomó las medidas necesarias para asegurar la representación del Perú. Ante la falta de acción del MTC, el Sicreci debió responder y evitar que el país quedara sin defensa y se generara la imagen de un Estado que no cumple con sus compromisos internacionales. 

Una situación similar podría repetirse en el caso Lupaka. Como se desarrolló en el Semanario 1285, la falta de acción por parte del Estado terminó en la pérdida de un arbitraje por más de US$ 60 millones. A la fecha, con los plazos vencidos para presentar acciones, el Estado aún no ha informado cómo cumplirá con el pago de la deuda, lo que podría llevar nuevamente a una declaración de rebeldía. 

El Perú no puede darse el lujo de ser un país que, además de no generar condiciones atractivas para la inversión, incumpla con las decisiones de tribunales internacionales. Casos como el de Kuntur Wasi —y el riesgo latente en el de Lupaka— revelan que el problema va más allá de perder un arbitraje: reflejan una preocupante falta de gestión y coordinación institucional cuando llega el momento de asumir las consecuencias. 

Por tanto, es fundamental que el Sicreci no se limite a una función preventiva antes de que surjan los conflictos, sino que también actúe con firmeza y oportunidad una vez que se emite un laudo. Una respuesta tardía o ausente no solo afecta la imagen del país ante la comunidad internacional, sino que debilita la confianza en el Estado como socio fiable para la inversión.