A octubre de 2025, se han registrado 1,888 homicidios a nivel nacional, lo que representa un incremento del 12.8% con respecto al mismo periodo de 2024, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). 

De manera consistente, información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior muestra que, hasta octubre de 2025, las denuncias por extorsión aumentaron un 27.4%, mientras que los casos de tentativa de homicidio crecieron un 8.3%, ambos en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

Si analizamos la información por departamentos, para el periodo enero-octubre, en 17 departamentos y el Callao, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes crece respecto de 2024. Los departamentos con los mayores aumentos fueron Madre de Dios, con 30.5 homicidios por cada 100,000 habitantes (+14.3 respecto a 2024); Tumbes, con 27 (+13.1), y la provincia del Callao, con 13.5 (+5.1).  

Estas cifras siguen afectando la confianza y percepción de las personas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el semestre enero-junio de 2025, el 52.2% (+12.8 puntos porcentuales (pp.) con respecto al mismo periodo del año previo) de la población colocaba a la delincuencia como uno de los principales problemas del país. Por su parte, el 19.7% (+3.4 pp. con respecto al mismo periodo del año previo) de la población colocaba a la falta de seguridad ciudadana como otro de los principales problemas del país. Ambas consolidan su posición como segundo y tercer mayor problema en el país, respectivamente, solo por detrás de la corrupción. 

Este conjunto de datos evidencia que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado no solo no está dando resultados, sino que la población lo percibe como un problema que va empeorando y al cual el Gobierno no puede hacerle frente. Dicha situación tiene un impacto económico muy fuerte, pues los costos directos del crimen y la violencia en el Perú alcanzan el 2.82% del PBI[1], lo que socava las expectativas de personas y empresas. 

Si bien la lucha contra la inseguridad ciudadana es una de las funciones a cargo del Gobierno nacional, los Gobiernos locales (municipalidades provinciales y distritales) juegan también un rol importante: cuentan con partidas presupuestales para atender la problemática y muchas veces tienen un carácter más cercano a las localidades donde se ubican. 

Como señalamos en el Semanario 1270, en 2024, el 65.8% de municipalidades a nivel nacional contó con servicio de serenazgo, según cifras del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu). Sin embargo, las diferencias a nivel departamental son visibles. En la provincia constitucional del Callao y en Ucayali, el 100% de municipios cuentan con el servicio. Puno, Huánuco e Ica complementan el top 5 de departamentos en los que un mayor porcentaje de sus municipios cuentan con servicio de serenazgo, con el 94.5%, 94% y 93%, respectivamente. En el extremo opuesto, en Moquegua (42.9%), San Martín (32.1%), Apurímac (31.8%), Cajamarca (28.3%) y Amazonas (13.1%) se registran las tasas más bajas. 

Casos de éxito en la región

Aunque la criminalidad en la región presenta niveles elevados, algunos países han logrado avances importantes en la lucha contra el crimen organizado. Un ejemplo destacado es la Operación Ultranza PY, ejecutada en Paraguay en febrero de 2022. Coordinada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y con apoyo internacional, esta intervención es considerada el mayor golpe contra las redes criminales y el lavado de dinero en la historia del país. La operación incluyó más de 100 allanamientos simultáneos, la detención de 30 personas y la incautación de bienes valuados en US$ 100 millones, entre ellos propiedades, vehículos y aeronaves. 

Otro caso relevante es el de Brasil, donde, desde 2008 se implementaron las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en las favelas de Río de Janeiro. Estas unidades buscan reducir la violencia y limitar la influencia de las pandillas mediante una presencia policial permanente, acompañada de programas de desarrollo social. Como resultado, las áreas intervenidas registraron reducciones significativas en homicidios y otros delitos violentos, lo que contribuyó a mejorar la seguridad y fomentar la inclusión comunitaria. 

El incremento de los índices delictivos en el país, sumado a la ausencia de medidas efectivas, evidencia la necesidad de replantear la estrategia de seguridad. Adaptar y contextualizar modelos exitosos implementados en otros países podría convertirse en una alternativa viable para frenar el avance del crimen organizado. Asimismo, es fundamental que las instituciones actúen de manera coordinada y fortalezcan sus capacidades investigativas y operativas para garantizar la seguridad ciudadana. De lo contrario, la delincuencia continuará expandiéndose, y esto comprometerá la estabilidad y el bienestar de la población.

[1] Costos directos del crimen y la violencia en 2022, de acuerdo con el BID y citados en el Semanario 1234.