El avance de la diabetes plantea retos crecientes en salud pública y gestión del gasto. Evaluar cómo responde el presupuesto público frente al aumento sostenido de su prevalencia es clave para orientar mejor los recursos del Estado. 

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID). La fecha busca generar conciencia sobre una enfermedad silenciosa que afecta a millones de personas en el mundo y cuya incidencia continúa en aumento. Más de 2.5 millones de peruanos viven con diabetes, lo que plantea un desafío no solo sanitario, sino también económico: mayores costos de atención, menor productividad laboral y presión sobre el sistema público de salud. La eficiencia del gasto público y la prevención de enfermedades crónicas son factores clave para un desarrollo sostenible y un país más productivo.

Cada año, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional de Salud (INS) desarrollan campañas de prevención y diagnóstico gratuito en todo el país, enfocadas en promover hábitos saludables y detectar tempranamente casos no diagnosticados. Estas jornadas incluyen ferias informativas, tamizajes, controles de glucosa y consejería nutricional, con especial atención en personas mayores y grupos en riesgo. A lo largo del año, las estrategias se complementan con acciones de educación alimentaria que buscan reducir el consumo de productos ultraprocesados, como galletas, cereales o gaseosas con alto contenido de azúcar, y fomentar dietas más equilibradas. Sin embargo, persisten desafíos: cobertura desigual entre regiones, campañas puntuales sin continuidad y limitados recursos destinados a la prevención y el tratamiento.

Evolución del gasto público en diabetes

En la última década, el presupuesto público destinado al tratamiento y control de personas con diabetes ha mostrado un crecimiento sostenido, lo que refleja una mayor asignación de recursos para atender una enfermedad crónica en expansión. Desde 2015, los recursos asignados a esta partida han más que duplicado su monto y mantenido niveles de ejecución superiores al 95% en la mayoría de los años. Este incremento evidencia una mayor priorización dentro de la función salud, aunque todavía representa una fracción pequeña del gasto total del sector.

Para 2025, el presupuesto modificado destinado al tratamiento de la diabetes supera los S/ 107 millones; sin embargo, al ajustar el gasto por población, emergen diferencias territoriales marcadas. Amazonas, San Martín, Loreto, Apurímac y Ayacucho registran los mayores niveles de gasto por cada 100,000 habitantes, mientras que Pasco, Piura, Ucayali y Junín exhiben las asignaciones más bajas del país. Estas brechas sugieren que la distribución de recursos no siempre guarda relación directa con la carga de enfermedad o la prevalencia estimada. En conjunto, el patrón confirma un esfuerzo fiscal sostenido, pero también una desalineación geográfica y una escasa priorización preventiva, dado que la mayor parte del presupuesto continúa orientándose al tratamiento más que al diagnóstico temprano o la educación nutricional. 

Dimensión epidemiológica: evolución y desigualdades

La prevalencia de diabetes en el Perú continúa en aumento y se consolida como un desafío sanitario y económico de largo plazo. Según estimaciones realizadas a partir de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2024), alrededor del 5.7% de los peruanos de 15 años a más ha sido diagnosticado con diabetes. La enfermedad afecta en mayor medida a las mujeres y muestra una clara concentración en la costa.

A nivel departamental, Lima, Callao, Madre de Dios y Loreto presentan los mayores niveles de incidencia, mientras que Cusco, Huancavelica y Puno registran las tasas más bajas. En cuanto al tratamiento, cerca de tres cuartas partes de los pacientes diagnosticados reportan haber recibido atención médica o medicación en los últimos doce meses, aunque con notorias brechas regionales. 

Estas cifras evidencian que el país enfrenta un doble desafío: fortalecer la detección temprana de la enfermedad y reducir las desigualdades territoriales en el acceso a un tratamiento continuo y de calidad, factores esenciales para evitar el aumento de casos y los altos costos asociados a las complicaciones crónicas. En ese contexto, destacan situaciones como la de Madre de Dios que, pese a presentar una de las prevalencias más elevadas del país, recibe un nivel de gasto público por habitante inferior al de otras regiones con menor incidencia. Este contraste refuerza la necesidad de alinear las asignaciones presupuestales con la carga real de enfermedad, para evitar brechas que limiten la capacidad de respuesta del sistema de salud en los territorios más vulnerables.

El avance de la diabetes en el país evidencia los límites de un modelo sanitario que sigue siendo más reactivo que preventivo. Si bien el presupuesto público destinado al tratamiento de esta enfermedad ha crecido sostenidamente en la última década, los esfuerzos en diagnóstico temprano y educación alimentaria deben fortalecerse. Reorientar la política sanitaria hacia la detección temprana, la educación nutricional y la atención descentralizada es clave para construir un país más saludable y productivo.