El Perú enfrenta hoy un riesgo silencioso, pero enorme: la explosión de controversias internacionales de inversión en su contra ante el CIADI . Los registros oficiales muestran que el Perú ha acumulado 49 arbitrajes ante el Centro, con 22 procesos aún pendientes. Distintos informes señalan que, solo en litigios abiertos ante esta institución, el país podría exponerse a sanciones por alrededor de US$ 10,000 millones, una cifra comparable a la suma de los presupuestos anuales de las carteras de salud y educación. 

Este escenario contrasta con la imagen de “caso modelo” que el país se ganó años atrás. Tras los primeros arbitrajes de inversión, el Perú creó, en 2006, el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci), mediante la Ley N.°. 28933. Centralizar la defensa en una Comisión Especial encabezada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), establecer alertas tempranas e internalizar los costos y responsabilidades de las entidades públicas involuhcradas fueron innovaciones que colocaron a nuestro país como referencia internacional en la gestión de estos litigios. En aquellos años, el Perú registraba victorias en más del 80% de los casos, lo que demostraba que la prevención era la mejor defensa. 

Sin embargo, la foto reciente es muy distinta. Los últimos años han revertido esta trayectoria ejemplar. Desde 2020, las demandas se han multiplicado, impulsadas por la inestabilidad política y decisiones administrativas erráticas. Hoy, el país se posiciona como el más demandado en América Latina y uno de los más demandados a nivel global. Los sectores más vulnerables son minería e hidrocarburos, infraestructura y transportes (concesiones viales y aeroportuarias), energía (gasoductos y electricidad), banca y telecomunicaciones. Los demandantes provienen principalmente de Canadá y EE. UU., seguidos por España, Países Bajos y Chile. 

Lo preocupante es que una fracción importante de estos litigios nace de decisiones de entidades públicas —ministerios, reguladores, cortes judiciales, Gobiernos regionales o municipales— que desconocen contratos, modifican regímenes tarifarios o regulatorios sin respetar los estándares de trato justo y equitativo, o ignoran cláusulas arbitrales y garantías pactadas en tratados. Precisamente por ello, la Ley N.°. 28933 dispuso que se identifique la responsabilidad de las entidades que generan las controversias y que estas asuman los costos asociados. 

Ese mandato, sin embargo, se cumple de manera débil o invisible. Mientras tanto, la cuenta potencial ante el CIADI crece y se traslada, finalmente, al contribuyente. Si no se corrige el rumbo, el Perú corre el riesgo de erosionar dos activos que tomó décadas construir: su reputación como destino seguro para la inversión y su espacio fiscal. 

La respuesta no pasa por demonizar el arbitraje internacional, sino por algo más básico: que cada entidad pública entienda que un tratado o contrato internacional es jurídicamente vinculante. Fortalecer el Sicreci (coordinación interinstitucional, capacitación a funcionarios en cumplimiento contractual y priorización de la negociación sobre la litigiosidad), exigir responsabilidad política y presupuestal a quienes generan estos conflictos, y someter las decisiones de alto riesgo inversor a un control previo riguroso ya no es una opción técnica, sino una urgencia de política de Estado.