En el marco del APEC CEO Summit 2024, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), destacó la relevancia de la Constitución para proteger las inversiones. La agenda pendiente para una mayor promoción de la inversión privada, especialmente de las mipymes es, sin duda, garantizar la seguridad ciudadana, en un país donde el gasto en seguridad de las empresas asciende al 1.9% de sus ventas anuales, por encima del promedio de la OCDE (1.2%). 

En el Perú, los costos directos asociados a combatir el crimen y la violencia representan alrededor del 2.82% del PBI, según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien este resultado se encuentra por debajo del promedio de la región, esconde fuertes diferencias entre los sectores público y privado. 

Mientras que el costo público promedio de estos hechos asciende al 0.46% del PBI peruano, por debajo del promedio de la región (1.08%), el costo privado es superior y representa el 1.88% del PBI, por encima del promedio de la región (1.6%). Incluso, el costo privado en el Perú es el mayor entre los países de la Alianza del Pacífico. 

El costo en capital humano asciende al 0.49% del PBI, por debajo del promedio regional (0.76%). Por tanto, si bien el costo total como porcentaje de la producción total del país es menor que en la región, el costo privado es ampliamente superior. Cabe destacar que el costo privado del crimen y la violencia como porcentaje del PBI se incrementó 0.52 pp entre los resultados de la Enterprise Survey de 2014 y 2022, elaboradas por el Banco Mundial. 

Los costos directos de la inseguridad consumen recursos que podrían destinarse a sectores fundamentales como educación, asistencia social, investigación y desarrollo, entre otros. Además, los indirectos, más difíciles de cuantificar, afectan considerablemente la vida de las personas y las decisiones económicas de los ciudadanos, las empresas y los Gobiernos, según el BID. La entidad menciona la necesidad de políticas públicas mejor focalizadas, que reconozcan el impacto heterogéneo del crimen y la inseguridad en las poblaciones más vulnerables, y que optimicen el uso de los recursos disponibles. 

En relación con este último punto, parte del presupuesto público se destina cada año a la categoría presupuestal “Reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana”. El presupuesto para este año asciende a S/ 5,973 millones, un 5.3% más que en 2023, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al cierre de octubre, se ejecutó el 75% de dicho monto. Es decir, a dos meses del cierre de año, aun se tiene por ejecutar S/ 1 de cada S/ 4 presupuestado. Este resultado no sorprende pues, en promedio, en los últimos 10 años, la tasa de ejecución presupuestal para esta partida a octubre ascendió al 75.4%. 

AVANCE PRESUPUESTAL DEPARTAMENTAL

Al desagregar el gasto en seguridad a nivel departamental, observamos resultados heterogéneos. Entre enero y octubre de 2024, los departamentos con mayor ejecución por habitante de su presupuesto fueron Moquegua (S/ 191), Cusco (S/ 182) y la provincia constitucional del Callao (S/ 170). En contraste, Ucayali (S/ 76.3), Cajamarca (S/ 76.2) y Loreto (S/ 68.6) registran el menor gasto per cápita. Solo siete departamentos —incluyendo la provincia constitucional del Callao— presentan un gasto por habitante por encima del promedio nacional. 

El BID menciona que el crimen y la violencia tienen un impacto en diferentes dimensiones. Afectan el capital humano, lo que limita la productividad empresarial, desalienta la inversión y degradan la confianza en las instituciones, entre otros. Por ello, mejorar la eficiencia del gasto en seguridad es imperativo. No solo se deben utilizar todos los recursos disponibles, sino también velar porque este uso sea efectivo. 

Combatir la inseguridad ciudadana debe ser una prioridad estratégica del Gobierno para alcanzar un desarrollo sostenible de largo plazo, ya que esta impide un mayor crecimiento de la economía, según el BCRP. Resolver este problema requiere una mirada transversal entre las diferentes entidades de los tres niveles de Gobierno involucrados. Reducir la incidencia del crimen generaría mayor confianza para invertir, especialmente en las mipymes, que representan el 99.7% del total de empresas en el país.