Delegación de facultades: oportunidad para afrontar la inseguridad ciudadana y la crisis institucional

Entre la inseguridad y la crisis institucional que atraviesa el país, la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo se presenta como una herramienta para afrontar estas problemáticas. La eventual aprobación de este pedido debe traducirse en decretos legislativos que promuevan la competitividad y combatan el crimen organizado. 

El 20 de noviembre pasado, el Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 13280/2025-PE, mediante el cual solicita la delegación de facultades legislativas en materias vinculadas con la seguridad ciudadana, el crecimiento económico y el fortalecimiento institucional. 

De acuerdo con la exposición de motivos, dicha delegación resulta necesaria ante las alarmantes cifras reportadas en los últimos años. En efecto, entre agosto de 2018 y 2024, según cifras del Sistema Informático de Denuncias Policiales, las denuncias por extorsión se incrementaron un 592%. Asimismo, en el ámbito fiscal, durante los dos últimos años, se ha incumplido la regla fiscal. Con base en el desempeño de las finanzas públicas, diversas entidades advierten que dicho incumplimiento se repetiría este año y alcanzaría un déficit equivalente al 2.6% del PBI, pese a que la regla lo fija en un 2.2%. De no restablecerse el cumplimiento de esta regla, se podría generar un impacto negativo en las finanzas públicas y comprometer la sostenibilidad del crecimiento económico. 

En ese marco, destacan diversas propuestas en estos sectores. En materia de seguridad, se busca fortalecer el marco penal y procesal aplicable a la minería ilegal, mediante la incorporación de nuevas sanciones y figuras delictivas. Además, se incluye a la minería ilegal como organización criminal. 

Al respecto, en el Semanario 1277 se destacó que la principal tarea debe ser eliminar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual, lejos de formalizar, se ha convertido en un mecanismo de impunidad para operadores ilegales, y que está en proceso de ampliación debido a que la comisión de Energía y Minas ha aprobado el predictamen de la ampliación por dos años. La delegación de facultades debe servir para dar paso a una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. 

Por otro lado, con relación al crecimiento económico, el Ejecutivo solicita facultades para aprobar un marco de adquisición y expropiación de inmuebles y liberación de interferencias que permitan que se lleven a cabo obras de infraestructura, a fin de tener disponibilidad inmediata de áreas bloqueadas para ejecución de proyectos. 

El fin es contar con disponibilidad inmediata de áreas para la ejecución de proyectos y así cerrar la brecha de infraestructura. En la formulación de una propuesta de esta naturaleza, se deberá contemplar la necesidad de que estos proyectos avancen sin los retrasos que paralizan la inversión pública y privada, con el respeto a los derechos de propiedad. 

Finalmente, cabe destacar que en el proyecto de ley se detallan iniciativas vinculadas con el sector digital, como lo son la regulación de los patrones oscuros y la obligación de que las páginas web señalen un correo electrónico como mecanismo de comunicación con los consumidores. 

Respecto de este último punto, la exposición de motivos no señala de qué manera las medidas detalladas en el párrafo previo se vinculan con la seguridad ciudadana, el crecimiento económico o el fortalecimiento institucional. Además, la formulación genérica de estas iniciativas genera incertidumbre sobre su alcance. 

Por ejemplo, en el caso de los patrones oscuros, no se ha considerado que existen diversos tipos de estos. Tampoco se ha detallado cuál sería el problema por resolver ni el tipo de patrón oscuro que lo crearía. Tener una fórmula genérica, sin evaluar el presunto problema creado, impediría considerar alternativas eficientes de regulación, lo que finalmente limitaría la competitividad. 

Las iniciativas comentadas en este artículo muestran que la delegación de facultades es relevante para que el Ejecutivo haga uso de su capacidad técnica y emita normas que apunten a resolver los problemas públicos identificados. Sin embargo, ello debe ir acompañado de un criterio que evite la arbitrariedad y asegure la predictibilidad para los agentes económicos. 

Por ello, ante una eventual aprobación de la delegación de facultades solicitada, el Ejecutivo debe apoyarse en el sector privado y sus principales actores para asegurar el éxito de las medidas. El peligro latente de no hacerlo es que, bajo el amparo de los decretos legislativos, se aprueben normas que carezcan de un adecuado análisis de impacto regulatorio (AIR). Una norma aprobada con prisas y sin consultar a los sectores involucrados podría derivar en inconsistencias técnicas y un desconocimiento operativo de la realidad del mercado. 

Esta delegación sería la oportunidad para que el Ejecutivo demuestre capacidad de gestión, pero también es una prueba de fuego para evitar que la medicina normativa termine siendo más nociva que la enfermedad que intentamos curar.