A menos de un año de que termine el período presidencial 2021-2026 y con todos los acontecimientos que se han presentado a lo largo de este, los poderes del Estado deben actuar articuladamente para adoptar medidas que combatan la inseguridad ciudadana y no la normalicen. 

A menos de un año del cambio presidencial, existen iniciativas que resultan prácticamente imposibles de cumplir tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo. Esto se debe a limitaciones de tiempo, recursos y voluntad política que impiden llevar adelante reformas de gran alcance. En ese contexto, resulta fundamental concentrarse en realizar acciones concretas y viables que atiendan los principales problemas del país y generen resultados visibles en el corto plazo. Priorizar medidas realistas no solo permitiría cerrar este período con avances concretos, sino también sentar una base más sólida para el próximo Gobierno. 

Frente a la creciente problemática de la inseguridad ciudadana, la alternativa más viable en el corto plazo con el que cuenta el actual Gobierno sería evaluar la eficacia de leyes como, por ejemplo, la 32108, la 32138 (que modifican el concepto de organización criminal) y la 31990 (que modifica el procedimiento de colaboración eficaz), y determinar si estarían obstaculizando las labores del Ministerio Público, los juzgados penales y la propia Policía Nacional para perseguir y castigar la inseguridad ciudadana. 

Actualmente, no habría evidencia de que, luego de su implementación, se haya logrado combatir oportunamente la delincuencia. Contar con esta información permitirá tener un panorama más completo y determinar la estrategia a seguir para promover su eficacia. 

Lo que no puede ocurrir es la normalización de la delincuencia. Pese a ello, el congresista Luis Cordero (Alianza Para el Progreso) presentó el Proyecto de Ley 12793/2025-CR, en el cual propone que el dinero pagado por las extorsiones pueda ser compensado del impuesto a la renta que paguen las víctimas. Según la exposición de motivos, así “se protegería la integridad física y la vida de los contribuyentes y sus familias” (sic). 

No obstante, esta medida no solo no evita las extorsiones, sino que las normaliza. Además, se genera el incentivo perverso de mantener (o, inclusive, incrementar) el número de extorsiones. El fracaso estatal en la lucha contra la delincuencia no puede sustentar este tipo de propuestas. Por el contrario, debe incentivar la articulación entre los poderes del Estado y el Ministerio Público para actuar firmemente contra la inseguridad ciudadana. 

Al respecto, uno de los temas que mayores problemas genera en la sociedad peruana, particularmente en cuanto a seguridad ciudadana, es la minería ilegal. Para fortalecer la lucha contra este delito es necesario modificar o derogar la Ley 31989, la cual eliminó la facultad de la Policía Nacional del Perú para combatir la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras realizadas por personas con inscripción suspendida en el Reinfo. Esto podría agravar la situación que fue analizada en el Semanario 1265, al permitir el desarrollo de la minería ilegal y que ocurran daños ambientales, ya que impide que la PNP realice actividades de decomiso de explosivos, además de debilitar la capacidad del Estado para enfrentar este tipo de actividades ilícitas. 

Otro de los problemas que requiere atención urgente es la situación insostenible del Reinfo, creado originalmente para que los pequeños mineros y mineros artesanales pudieran desarrollar sus actividades sin cumplir con todos los requisitos del régimen ordinario. Sin embargo, su vigencia ha sido prorrogada injustificadamente en reiteradas ocasiones, lo que ha permitido que muchas operaciones continúen sin formalización y, en varios casos, ocasionando daños ambientales graves e irreversibles. 

En conclusión, este periodo final no puede ser de inacción o de grandes promesas inalcanzables. La estrategia debe priorizar medidas eficaces para promover la seguridad a lo largo de todo el país. Las propuestas deben tener el mayor potencial para generar un impacto positivo en la vida de los ciudadanos antes del traspaso de mando. De esta manera, se facilitará una base institucional para que el próximo Gobierno pueda afrontar los desafíos. Lo que no puede ocurrir es presentar o mantener iniciativas que normalicen o aumenten el estado actual de inseguridad ciudadana.