El incremento de los arbitrajes en materia inversión contra el Perú en la última década debería significar una alerta para el Estado, pues evidenciaría no solo una deficiencia en el cumplimiento normativo, sino también la consolidación de un escenario que propicia la desconfianza de los inversionistas y, en consecuencia, un debilitamiento del clima de inversión en el país. 

El Perú forma parte de diversos tratados internacionales (por ejemplo, el TLC con EE. UU.) que cuentan con cláusulas que señalan que cualquier conflicto generado en el marco de contratos en donde el Estado otorga derechos o garantías a los inversionistas puede resolverse a través de mecanismos internacionales de solución de controversias. Uno de los más conocidos es el CIADI. 

En 1993 entró en vigor para el Perú el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI, por sus siglas en inglés), mediante el cual el Estado asumió la obligación de reconocer y ejecutar los laudos emitidos por dicho organismo. La información registrada en la referida entidad da cuenta que, hasta el año 2013, nuestro país había enfrentado un total de 14 casos, lo que equivale a un promedio de 0.7 procesos arbitrales por año en un período de dos décadas. Sin embargo, en los últimos años esta cantidad ha aumentado significativamente, ya que se registran 35 procesos arbitrales[1]. 

Muchos de estos casos surgen porque el Estado no habría respetado los alcances de los compromisos asumidos en los contratos de inversión y los tratados internacionales. Para evitar esta situación, el Estado debe cumplir con sus obligaciones y el marco legal vigente. En ese marco, se cuenta con el Sicreci (Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión). Este es un mecanismo que permite articular con los diversos órganos estatales y evitar que una controversia escale a un arbitraje internacional. 

Una de sus herramientas es la alerta temprana, que obliga a las entidades públicas a informar sobre controversias con inversionistas, a fin de buscar soluciones amistosas antes de enfrentar un litigio costoso y complejo, lo que fomenta el cumplimiento por parte del Estado. 

La importancia de contar con herramientas que permitan la solución de controversias antes de llegar a instancias internacionales radica en los elevados montos que suelen estar en discusión. Indemnizaciones cuyo pago, independientemente de la entidad que generó el incumplimiento, recae en el Estado peruano y, por ende, en los contribuyentes. 

Panorama frente a posibles arbitrajes

Contradictoriamente, en forma paralela al esfuerzo del Perú por atraer inversión en Reino Unido y España hace pocos días, nuestro país enfrenta diversos escenarios que agravarían su situación en materia de arbitrajes internacionales, principalmente debido a la falta de estabilidad jurídica y al incumplimiento de los acuerdos celebrados entre el Estado y los inversionistas. 

En el Semanario 1269 se advierte que uno de los principales riesgos está en la ausencia de rigor técnico al formular propuestas legislativas vinculadas con la inversión, en las que prevalecen, en muchos casos, criterios de carácter populista en su elaboración. 

Por otro lado, uno de los motivos por los cuales el Estado podría ser demandado se origina en el incumplimiento de los acuerdos celebrados con los inversionistas que deriva en la salida del mercado de las empresas. Ello ha ocurrido con Rutas de Lima, que ha iniciado un proceso de disolución y liquidación, debido a las medidas por parte de diversos organismos estatales, como el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Municipalidad Metropolitana de Lima[2].

De otro lado, el Ministerio Público (la Fiscalía), a través de un video publicado en sus redes sociales[3], ha anunciado la impugnación de un acuerdo celebrado entre la empresa Repsol y la propia Fiscalía, el mismo que fue aprobado por un juez y que, según la normativa vigente, es inapelable y cosa juzgada. La actuación del Ministerio Público no solo genera el riesgo de un nuevo arbitraje contra el país, también impacta en las decisiones de inversionistas actuales y potenciales, pues se afectan el clima de negocios y la seguridad jurídica. 

El aumento de arbitrajes internacionales contra el Perú refleja la necesidad urgente de fortalecer la seguridad jurídica y el respeto a los compromisos asumidos con los inversionistas. Mecanismos como el Sicreci deben ser potenciados para promover el cumplimiento, prevenir controversias y evitar litigios costosos. Solo así se podrá recuperar la confianza de los inversionistas y salvaguardar la estabilidad económica del país.

[1] https://icsid.worldbank.org/cases/case-database

[2] https://rutasdelima.pe/comunicado-de-brookfield-2/

[3] https://x.com/FiscaliaPeru/status/1964115909062091030