En la reciente edición de Perumin, el sector minero volvió a poner sobre la mesa la urgencia de destrabar proyectos estratégicos. Una de las conclusiones reiterativas fue que las demoras institucionales y la inseguridad jurídica amenazan seriamente la credibilidad del país como destino de inversión. Actualmente, se contabilizan 67 proyectos mineros valuados en más de US$ 64,000 millones, muchas de cuyas ejecuciones están paralizadas por cuellos de botella administrativos. 

Ese contexto adquiere especial relevancia ante la próxima discusión en el Congreso de la Ley MAPE. El Ejecutivo ha presentado 11 recomendaciones clave que deben incorporarse a la ley con el fin de contar con un marco legal que incentive la formalización de la minería artesanal y la pequeña minería, pero que no le deje la puerta abierta a la minería ilegal. 

Es momento también de superar la falsa dicotomía “agua sí, mina no”. La minería es una actividad poco intensiva en el uso del agua, pero que provee los recursos necesarios para su mejor provisión en beneficio de la ciudadanía. Ejemplos hay muchos, como el reciente caso de minera Alpayana, que buscaría invertir en incrementar la provisión del recurso hídrico para Lima. 

Por desgracia, recientes declaraciones del ministro de Agricultura han dejado un sabor agrio al sugerir algún tipo de primacía de la minería sobre la agricultura en el uso del agua. El ministro rectificó sus declaraciones, porque los hechos demuestran lo contrario: solo con inversión moderna, obras hidráulicas compatibles y monitoreo serio se pueden armonizar minería y seguridad hídrica. 

Las protestas recientes contra el proyecto El Algarrobo, en Tambogrande, evidencian cómo esas tensiones siguen vivas. En Piura, algunos agricultores se han movilizado contra lo que perciben como una amenaza al valle productivo de San Lorenzo. Sin embargo, la empresa minera asegura que el proyecto transformará la zona con tecnología hidráulica y convivirá con la agricultura. 

A ese panorama se suma otra polémica: las declaraciones del ministro de Energía y Minas anunciando que el proyecto Conga “no iría por el momento”. Esa cautela puede interpretarse como falta de convicción frente a la cartera de proyectos estratégicos que el país requiere. No podemos permitir que postergaciones políticas ahoguen oportunidades estructurales de desarrollo. Lo que el Perú necesita es avanzar con responsabilidad, no paralizarse por temores ideológicos. 

En conclusión: el Perú necesita una Ley MAPE robusta que incorpore las 11 recomendaciones del Ejecutivo, pero también valentía política para romper mitos, promover la minería formal y moderna, y hacerla coherente con la gobernanza del agua. No es “mina o agricultura” ni “agua o crecimiento”: es un país que puede —y debe— avanzar con ambos. Solo así convertiremos la riqueza mineral en progreso sostenible para todos.