Actualmente, en el Congreso de la República se encuentran cinco iniciativas legislativas orientadas a modificar la regulación de los peajes. Estas propuestas no consideran el impacto negativo que podrían generar, por ejemplo, la reducción en la calidad de los servicios asociados o los eventuales conflictos legales. 

Los peajes cumplen un rol fundamental para el país, en tanto garantizan un estándar de calidad en el uso y conservación de las carreteras, lo que impulsa la conectividad a nivel nacional. Sin este mecanismo, no sería posible la existencia de concesiones y la responsabilidad del mantenimiento de las vías recaería exclusivamente en el Estado. 

El Proyecto de Ley 4024/2022-CR, de autoría de la congresista Digna Calle (Podemos Perú), propone la implementación de vías alternas en todos los peajes de Lima Metropolitana. Esta iniciativa desconoce que, previo al otorgamiento de la concesión, se negocia y autoriza una tarifa que permita cubrir los costos de inversión, operación y conservación de la infraestructura vial, y uno de los factores para fijar el precio de la tarifa es el volumen de tránsito[1]. 

Por tanto, al proponer la construcción de vías alternas se generan puntos de fuga que permitirían evadir el pago de los peajes y afectarían la inversión. Es la misma problemática del Proyecto de Ley 11195/2024-CR (de Segundo Acuña, de Honor y Democracia), que plantea la obligatoriedad de incluir en todas las concesiones de rutas terrestres una cláusula que obligue a implementar vías alternas a aquellas que contemplan el cobro de peaje. 

Los contratos de concesión actualmente en ejecución ya cuentan con condiciones previamente establecidas, por lo que fijar nuevas cláusulas y condiciones generaría un incumplimiento que expondría al Estado a litigios de costos excesivos[2]. 

De habilitarse vías alternas, el Estado tendría que destinar presupuesto para la construcción de nueva infraestructura, que en muchos casos podría resultar inviable debido a la complejidad geográfica del país. 

El tercer Proyecto de Ley que podría generar serias distorsiones en perjuicio de las inversiones en el país es el 7090/2023-CR (de Segundo Montalvo, de Perú Libre). Este propone establecer el criterio de “tarifas reales y sociales” para los peajes a nivel nacional. 

El principal problema que presenta esta iniciativa es que introduce criterios adicionales para el ajuste de las tarifas, cuando dichas condiciones ya fueron previamente negociadas sobre la base de estudios técnico-económicos realizados antes de la celebración de los contratos de concesión. 

Si lo que se busca es impedir incrementos no autorizados en las tarifas, la alternativa sería reforzar la etapa de evaluación y diseño previo a la concesión, a fin de establecer criterios técnicos claros sobre las fórmulas tarifarias y fortalecer la supervisión de Ositrán. 

El cuarto Proyecto de Ley es el 9866/2024-CR (de Wilson Soto, de Acción Popular). Este propone establecer que todos los cobros de tarifas se realicen exclusivamente mediante las modalidades de telepeaje y flujo libre. 

Si bien la implementación de mecanismos más eficientes de recaudación y el uso de nuevas tecnologías deben promoverse, no se pueden imponer tales exigencias en contratos ya vigentes, pues ello desconocería las condiciones pactadas. Además, debe tenerse en cuenta que la aplicación de estas modalidades requiere una adecuación a las características particulares de cada carretera, así como a los costos adicionales que su implementación demandaría. Por tanto, deben ser objeto de una negociación a cada caso en particular, sin imponer una obligación generalizada. El 12 de agosto de 2025 fue presentado el Proyecto de Ley N.° 12072/2025-CR por el congresista Wilson Soto, que propone una distancia mínima obligatoria entre estaciones de peaje. Los peajes no podrán ubicarse a menos de cincuenta (50) kilómetros del límite del radio urbano de las ciudades ni a menos de cien (100) kilómetros de otro peaje existente en la misma vía. Sin embargo, no se cuenta con una justificación técnica que sustente la elección de dichas distancias. 

Los proyectos antes mencionados reflejan la intención de algunos legisladores de regular los peajes mediante propuestas que buscan evitar su pago o modificar contratos vigentes, motivados por coyunturas sociales y simples percepciones sin una evaluación juiciosa. Por falta de análisis técnico se corre el riesgo de una disminución en la calidad de los servicios concesionados y la generación de litigios por incumplimiento contractual, así como el impacto negativo en el presupuesto público destinado a obras para la ciudadanía.

[1] Criterios para la determinación de peajes viales y sus tarifas en Perú, Chile, Colombia y España. Departamento de investigación y Documentación Parlamentaria. Octubre de 2018.

[2] Rutas de Lima S. A. C. vs. Municipalidad Metropolitana de Lima