Apuestas regulatorias hacia el crédito formal

En un contexto en el que el mundo y nuestro país avanzan hacia la integración de servicios financieros para acercar más productos a más usuarios, resulta imperativo dejar atrás regulaciones que, bajo la premisa de proteger al consumidor, terminan empujándolo hacia la exclusión y el mercado informal. 

El sistema financiero global atraviesa un periodo de transformación gracias al desarrollo tecnológico y se consolidan los modelos de finanzas abiertas como el open banking y el banking as a service (BaaS). Estas innovaciones, que permiten a más personas acceder a servicios financieros, exigen marcos normativos que garanticen la interoperabilidad de datos, la ciberseguridad y la titularidad del usuario sobre su propia información financiera. 

En el Perú, el desarrollo del ecosistema tecnológico financiero ha mostrado avances normativos importantes. Inicialmente, el impulso provino de la estrategia de interoperabilidad liderada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este proceso logró interconectar con éxito billeteras digitales líderes como Yape y Plin, y se encuentra en constante evolución hacia la integración de un ecosistema que involucrará próximamente a empresas tecnológicas (fintech) de manera estructural, como se analizó en el Semanario 1276. 

El avance más reciente se dio con la aprobación del reglamento para la prestación de servicios bajo el modelo BaaS. Dicho marco regulatorio permite que las fintech no supervisadas ofrezcan productos financieros utilizando directamente la infraestructura y la licencia de una entidad regulada. Lejos de flexibilizar la seguridad del sistema, la normativa garantiza que la responsabilidad legal frente al cliente siga recayendo en la entidad financiera autorizada, lo que incrementa paralelamente las obligaciones de auditoría, manejo de riesgos y transparencia tecnológica. 

Aún con estos avances, se requiere implementar medidas en materia de seguridad de datos, un esquema de gobernanza claro e infraestructura técnica común. Esto generaría un ecosistema más dinámico y competitivo que se traduciría en una mayor oferta, con el consecuente fomento de los créditos para todos los sectores y la reducción de las barreras de entrada. 

Por el contrario, una de las regulaciones que más ha afectado la inclusión de las personas en los últimos años es la impuesta por el Congreso de la República en 2021 mediante la Ley N.° 31143. Esta norma obligó a las entidades financieras, entre otras cosas, a aplicar topes máximos a las tasas de interés en los créditos. Esto se ejecutó bajo el argumento de que se buscaba prevenir la usura por parte de los bancos. 

Como se desarrolló en el Semanario 1249, en el que se analizaron las estimaciones por parte de la SBS y el BCRP acerca de los daños que esta regulación ha generado, se observó que, gracias a ella, se excluyó directamente del sistema financiero formal a más de 500,000 peruanos. Tan solo en sus primeros 32 meses de vigencia, 216,000 usuarios perdieron su acceso al crédito. 

Al no calificar para los préstamos formales por su perfil de riesgo, muchos pequeños empresarios tuvieron que recurrir al mercado informal. Esto ha provocado que los usuarios terminen asumiendo deudas con tasas de interés anualizadas superiores al 500%. Peor aún, se ha incrementado exponencialmente el uso de créditos extorsivos. Esta práctica criminal representa el 35% de los préstamos informales y vulnera severamente la seguridad, la integridad y la vida de aproximadamente 212,000 familias a nivel nacional. 

Si bien el Tribunal Constitucional ha confirmado la constitucionalidad de la Ley N.° 31143, ello no significa que sus efectos hayan sido positivos. La evidencia muestra que los topes a las tasas de interés no han favorecido la inclusión financiera; por el contrario, han restringido el acceso al crédito formal para miles de personas y pequeños emprendedores, quienes han terminado recurriendo al mercado informal, donde los costos son mayores y los riesgos mucho más altos. 

Por tanto, en el marco del próximo pedido de facultades legislativas que el Poder Ejecutivo presentaría al Congreso, el cual contemplaría la derogación de la Ley N.° 31143, resulta indispensable que este último evalúe la evidencia sobre los efectos de la norma en el sistema financiero y, principalmente, las consecuencias para miles de peruanos excluidos del crédito formal, que ahora son más vulnerables a mecanismos de financiamiento ilegales y abusivos. El verdadero desafío consiste en construir un mercado crediticio más competitivo, innovador e inclusivo, donde el acceso al financiamiento se amplíe a través del desarrollo tecnológico, el fortalecimiento de la competencia y una regulación basada en evidencia.