Hacia una reforma tributaria con impacto

El cambio de Gobierno reabre el espacio para debatir una reforma tributaria. Un eventual pedido de facultades legislativas, que incluya reformas sobre esta materia, debería cuestionar si el problema tributario en el Perú requiere mantener o expandir regímenes especiales o, por el contrario, un sistema más simple y con mejores incentivos que impulsen una nueva formalidad. 

Los resultados de formalización empresarial en las últimas décadas permiten obtener algunas conclusiones. Las micro y pequeñas empresas (mypes), que representan el 99% del tejido empresarial, mantienen una tasa de informalidad elevada, por encima del 85% desde 2021, según estimaciones a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). 

A pesar de contar con diversos regímenes tributarios diferenciados según tamaño de empresa (asociado al nivel de ventas) —Nuevo RUS, Régimen Especial de Renta (RER), Régimen Mype Tributario (RMT) y Régimen General—, el Perú continúa siendo una de las economías más informales de América Latina y el Caribe (ALC). Mientras que la región ALC registró una tasa de informalidad laboral promedio del 46.7% durante el primer semestre de 2025, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la economía peruana registró una tasa del 70.2% al cierre del año pasado, de acuerdo con estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN). 

La recaudación tributaria como porcentaje del PBI en Perú alcanzó el 16.3% en 2024, 5.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de ALC (21.7%) y por debajo del promedio de la OCDE (34.1%). En las últimas dos décadas, el promedio de ALC aumentó en 4.9 puntos porcentuales (pp.) al pasar del 16.8% en 2000 al 21.7% en 2024, mientras que en el Perú aumentó en 1.2 pp., del 15.1% al 16.3%. Lo anterior demuestra un estancamiento y crecimiento inferior respecto de nuestros pares, asociado a una base tributaria (el total de contribuyentes) reducida. El verdadero desafío no se centra en cuánto se grava, sino en cómo está diseñado el sistema y qué incentivos genera para las empresas. 

La OCDE sostiene que la coexistencia de múltiples regímenes tributarios para las mypes favorece el arbitraje tributario e incentiva a los negocios a permanecer pequeños, fragmentar operaciones o declarar menos ingresos para no pasar a un régimen con mayor exigencia en el pago de impuestos. En otras palabras, un esquema concebido para facilitar la formalización termina, en muchos casos, desincentivando el crecimiento empresarial. 

En esa línea, las recomendaciones de la OCDE para el Perú son particularmente relevantes en el contexto de un eventual pedido de facultades legislativas en esta materia. El organismo propone simplificar los regímenes tributarios para las mypes, eliminar gradualmente los regímenes especiales ineficaces para los pequeños contribuyentes, revisar los umbrales de ingresos que hoy permiten que la gran mayoría de contribuyentes permanezca en regímenes especiales y diseñar una transición más gradual entre ellos. Asimismo, recomienda fortalecer la administración tributaria mediante mayor digitalización, interoperabilidad de datos, facturación electrónica y herramientas de analítica e inteligencia artificial para mejorar el cumplimiento y reducir la evasión. 

Una reforma moderna debería simplificar los regímenes tributarios, reducir su número y eliminar los saltos abruptos entre ellos. Además, precisa simplificar las obligaciones formales mediante declaraciones cada vez más automatizadas y procesos digitales integrados, así como revisar los incentivos para que las empresas puedan crecer sin enfrentar cambios desproporcionados en su carga administrativa y tributaria. Finalmente, es necesario complementar estas medidas con una agenda más amplia que reduzca los costos de la formalidad, fortalezca una fiscalización adecuada (pasar de una acción reactiva a una preventiva y de orientación hacia la formalización) y mejore la calidad de los servicios públicos que reciben los contribuyentes. 

Si el Ejecutivo obtiene facultades para legislar en materia tributaria, la prioridad no debería ser crear nuevos tratamientos especiales ni ampliar un sistema que ya es complejo. La experiencia internacional muestra que la formalización no depende únicamente de ofrecer más beneficios tributarios, sino de construir un marco regulatorio simple, predecible y neutral frente al crecimiento de las empresas.