Menos trabas para una mayor inversión

Más de S/ 24,000 millones en inversiones de infraestructura permanecen paralizados por trabas administrativas[1], de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), mientras que un proyecto minero puede tardar hasta 40 años en iniciar producción, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). Estas cifras evidencian el costo económico de una regulación que, lejos de facilitar la inversión, incrementa la carga burocrática sobre los principales motores del crecimiento. 

La calidad regulatoria se define como la capacidad de un Estado para formular e implementar políticas y normas sólidas que permitan y promuevan el desarrollo del sector privado, según el Banco Mundial. Cuando esa capacidad falla y el aparato estatal multiplica autorizaciones, permisos e informes sin justificación técnica, se genera una carga regulatoria excesiva. 

En el Perú, esta problemática resulta especialmente relevante debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha identificado de manera consistente a la minería, los hidrocarburos y la infraestructura como los sectores que concentran la mayor parte de la cartera de inversión privada del país. En esa línea, es necesario un potencial proyecto de ley de delegación de facultades que incorpore disposiciones que faculten al Ejecutivo a legislar en materia de simplificación administrativa aplicable a estos sectores, con especial énfasis en la agilización de autorizaciones, permisos y demás títulos habilitantes. 

Los efectos de la sobrerregulación ya se reflejan en distintos indicadores internacionales y sectoriales. Por ejemplo, en minería, la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2025, del Fraser Institute, ubica al Perú en el puesto 41 de 68 jurisdicciones en su Índice de Atractivo a la Inversión, un retroceso frente al puesto 40 de 82 en 2024. Además, la percepción de políticas públicas lo coloca en el puesto 42, muy por debajo de su potencial geológico, que lo ubica en el puesto 28. 

La evidencia nacional confirma ese diagnóstico. Un proyecto minero en el Perú tarda, en promedio, 40 años entre el inicio de la exploración y el inicio de producción, cifra que baja a 30 años si se descuentan los periodos en que la unidad estuvo bajo administración estatal. Así, tres de cada cinco proyectos mineros peruanos requirieron más de 30 años para desarrollarse. El 60% de ese tiempo total corresponde únicamente a la etapa de exploración y los estudios de factibilidad previos a cualquier construcción, de acuerdo con el IPE. 

En el sector hidrocarburos, la carga regulatoria también ha desincentivado la inversión exploratoria. Entre 2021 y 2025 solo se realizaron tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015. Ello responde, entre otros factores, a la superposición de competencias entre múltiples entidades públicas, cuyos procedimientos suelen exceder ampliamente los plazos legales, así como a la elevada discrecionalidad de los Gobiernos locales para otorgar permisos relacionados con el despliegue de infraestructura energética, según un análisis del IPE. En paralelo, datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indican que la inversión del sector disminuyó a US$ 467 millones en 2025, una caída del 20.7% frente a 2024 y menos de la tercera parte de lo invertido en 2012. 

La infraestructura enfrenta un problema similar. El costo de inversión de las obras paralizadas atribuibles a causales de tramitomanía asciende a S/ 24,217 millones, el 33.1% del total de obras paralizadas en el país, según la CGR. El saldo de inversión pendiente por ejecutar en estos proyectos suma S/ 15,136 millones, el 43% del saldo total inmovilizado. Los sectores de transportes y comunicaciones, con 6,445 millones, y agricultura, con S/ 6,118 millones, concentran la mayor parte de este capital atrapado, seguidos por otras infraestructuras, con S/ 4,960 millones. 

La eventual inclusión de reformas en materia de simplificación administrativa en un pedido de facultades representa una oportunidad para avanzar hacia un marco regulatorio más eficiente. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de la aprobación de nuevas normas, sino de la capacidad del Estado para implementarlas de manera efectiva y eliminar los procedimientos que, lejos de generar valor público, siguen encareciendo y retrasando la inversión.

[1] Se consideran las obras paralizadas a nivel nacional a marzo de 2026, información reportada por la Contraloría General de la República. Específicamente, se toma en cuenta el monto de inversión actualizado de los proyectos del sector infraestructura. El criterio de inclusión de una obra cuya causa de paralización es una traba administrativa no depende de si la causal ocurre antes o durante la ejecución del proyecto, sino de que su resolución esté sujeta a un procedimiento formal de una entidad pública que carezca de plazos perentorios o mecanismos ágiles de decisión. Por ello, se consideran las siguientes causales de paralización de obras: (i) la falta de permisos, licencias y autorizaciones; (ii) la disponibilidad de terrenos; (iii) las discrepancias, controversias y arbitrajes; (iv) las interferencias; y (v) la falta de personal técnico cuando estas limitan la aprobación, supervisión o resolución de dichos procedimientos.