Viviendas en condiciones inadecuadas aumentaron en mayor proporción que las adecuadas
El déficit habitacional cualitativo[1], que considera a las viviendas urbanas con carencias en acceso a servicios básicos, presencia de materiales de construcción no duraderos o ausencia de título de propiedad, pasó del 58.5% en 2015 al 60.3% a nivel nacional en 2025.
Una vivienda se considera adecuada si cumple con siete condiciones: tiene acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y desagüe; cuenta con título de propiedad inscrito en los registros públicos; y está construida con materiales de construcción duraderos en sus pisos, paredes y techos. Así, a nivel nacional, la proporción de viviendas adecuadas se redujo del 41.5% al 39.7% entre 2015 y 2025.
El acceso a viviendas con servicios básicos adecuados contribuye al desarrollo del capital humano, pues reduce enfermedades asociadas a la falta de agua potable y saneamiento, mejora el desempeño educativo y favorece una mayor participación en el mercado laboral, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo, la seguridad jurídica sobre la propiedad y la presencia de infraestructura adecuada y duradera incrementan el valor de los activos de los hogares, incentivan la inversión en el mejoramiento de las viviendas y facilitan el acceso al crédito formal, según el Banco Mundial. Por lo tanto, las consecuencias del déficit habitacional cualitativo trascienden las condiciones de vida de los hogares y afectan la dinámica de la economía.
A nivel departamental se evidencia un desempeño heterogéneo. Si bien en 9 de los 25 departamentos se incrementó la proporción de viviendas adecuadas, en los 16 departamentos restantes este indicador se redujo, lo que explica el deterioro observado a nivel nacional. Esto refleja que las mejoras registradas en algunos departamentos no fueron suficientes para compensar el retroceso experimentado en el resto del país.
Los mayores avances se concentraron en Áncash, donde la proporción de viviendas adecuadas aumentó del 30.1% al 43.9%, un incremento de 13.8 puntos porcentuales (pp.). Le siguieron Huancavelica (+10.2 pp.) y Callao (+8.3 pp.). También destacan las mejoras observadas en Lambayeque (+5.7 pp.) y Ayacucho (+5 pp.).
En contraste, los retrocesos más pronunciados se registraron en Huánuco, cuya proporción de viviendas adecuadas disminuyó del 39.4% al 21.8% (-17.6 pp.), Arequipa (-6.8 pp.), Puno (-5.6 pp.), Ica (-5.5 pp.) y Moquegua (-5.4 pp.). A pesar de ello, departamentos como Arequipa (57.4%), Tacna (54.6%) y Moquegua (54.3%) continúan registrando las mayores proporciones de vivienda adecuada del país, mientras que Loreto (0.6%), Ucayali (3.7%) y Pasco (5.7%) mantienen los niveles más bajos.

Frente a este escenario, revertir el deterioro de la vivienda adecuada requiere una estrategia que priorice la prevención sobre la corrección. En un estudio sobre el mercado de vivienda en el Perú, el Banco Mundial recomienda implementar estrategias de sitios y servicios, las cuales consisten en habilitar el suelo urbano con acceso a agua, saneamiento, electricidad y vías antes de la llegada de nuevos hogares. El organismo destaca el caso de Comas, en Lima, donde esta estrategia permitió ordenar el crecimiento urbano, reducir la formación de asentamientos precarios y disminuir los costos asociados a la expansión posterior de la infraestructura.
En la misma línea, una política de vivienda efectiva requiere una mayor coordinación entre el Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales para integrar la planificación territorial, la gestión del suelo y la provisión de infraestructura, de acuerdo con la OCDE. En el Perú, el desafío radica en asegurar que el crecimiento de viviendas se dé en un entorno formal y seguro. De lo contrario, el déficit habitacional cualitativo continuará ampliándose y elevará los costos económicos para las familias y el Estado.
[1] El indicador de déficit habitacional cualitativo considera centros poblados con más de 20,000 habitantes. Una vivienda se considera en déficit habitacional cualitativo (inadecuada) si no cumple con uno o más de uno de siete requisitos: contar con acceso a agua potable, a un sistema de saneamiento adecuado y a electrificación; tener paredes construidas con materiales como ladrillo, piedra unida con cal o cemento, tener techos construidos con materiales como concreto, madera o tejas, y sus pisos con materiales como cemento, madera, losetas, terrazos o láminas; y un título de propiedad inscrito en registros públicos (Sunarp). No contar con al menos una de estas características convierte a una vivienda en no adecuada. La metodología sigue las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las estimaciones utilizan como fuente los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del INEI.