Una mirada departamental a la burocracia municipal

Aun cuando el plazo promedio para otorgar una licencia de funcionamiento para edificaciones de bajo riesgo[1], a nivel nacional, se redujo de 9.3 días hábiles en 2019 (antes de la pandemia) a 7.9 en 2025, en el interior del país se presentan diferencias importantes. En algunos departamentos los procedimientos se simplificaron; en otros, empeoraron. 

Una carga regulatoria excesiva actúa como un freno para el desarrollo de un país porque limita el crecimiento económico y empuja a gran parte de la actividad productiva hacia la informalidad, de acuerdo con el Banco Mundial. En sus investigaciones, sostiene que si un país en desarrollo lograra alinear sus regulaciones de mercado[2] con los estándares de las economías más avanzadas, el PBI podría crecer hasta en 1.7 puntos porcentuales (pp.) adicionales. 

Recientemente, el organismo también encontró que, en Bangladesh, las empresas sujetas a mayores exigencias regulatorias tienen un 19% menos de probabilidades de invertir y que sus gerentes destinan incluso un 13% de su tiempo a cumplir trámites administrativos, proporción que alcanza en sus provincias hasta el 60%. En otras palabras, cada requisito adicional, cada día de espera y cada pago asociado representan un costo que desincentiva la formalización y limita la actividad empresarial. 

En el Perú, se cuenta desde 2020 con el Decreto Legislativo 1497, que asentó la aprobación automática de las licencias de funcionamiento para establecimientos de riesgo bajo en un plazo máximo de dos días hábiles. Este nivel de riesgo en las edificaciones está estrechamente asociado a gran parte de las micro y pequeñas empresas (mype). Sin embargo, los resultados del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) muestran que este objetivo aún está lejos de cumplirse de manera uniforme en el país. 

16 de los 25 departamentos[3] a nivel nacional disminuyeron, en promedio, sus plazos de atención para licencias de funcionamiento, al comparar los resultados de 2019 y 2025. El Callao registró la mayor reducción del país, ya que pasó de 12.4 a 3.3 días hábiles en el periodo analizado, seguido por Loreto, donde sus municipios redujeron el plazo promedio de atención de 12.9 a 3.8 días, y Madre de Dios, donde el tiempo promedio cayó de 15.6 a 8.9 días. En el otro extremo, Pasco incrementó su plazo de atención de 8.9 a 11.9 días, mientras que Huancavelica pasó de 7.9 a 10.2 días. 

Sin embargo, la rapidez del trámite no necesariamente está asociada con una menor cantidad de requisitos solicitados para la emisión de una licencia de funcionamiento. Loreto, por ejemplo, redujo significativamente los días de atención en promedio sin modificar sustancialmente las exigencias documentarias (+0.3 trámites más en promedio), mientras que Ucayali logró acortar el plazo, pero incrementó el número de requisitos (de 4.8 en 2019 a 8.2 en 2025, en promedio). Al observar los hallazgos, la mitad de los departamentos redujeron sus números de requisitos, pero solo Huánuco y Arequipa lo hicieron de forma sustancial. 

El costo del trámite añade una dimensión adicional a la carga y costo administrativo al que se enfrentan los negocios en su proceso de formalización. En 2025, Pasco registró el mayor costo promedio para obtener una licencia de funcionamiento con S/ 226.5, seguido por el Callao, con S/ 216.4; Madre de Dios, con S/ 212.9; Tumbes, con S/ 211; e Ica, con S/ 200.4. Además, en algunos de estos cinco departamentos se observa también un elevado número de requisitos o plazos superiores al promedio nacional, lo que incrementa el costo total que enfrentan los emprendedores para iniciar actividades. En contraste, Puno registró el menor costo promedio del país, con S/ 78.2 en 2025, aunque ello no se tradujo en una mayor eficiencia administrativa, pues el plazo promedio aumentó respecto de 2019 (7.2 a 9.4 días, en promedio). En consecuencia, un menor costo tampoco garantiza un proceso más simple o rápido. 

Ante esta heterogeneidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda simplificar los trámites mediante ventanillas únicas que funcionan como un solo punto de atención físico o digital donde el usuario presenta toda la documentación una sola vez, en lugar de acudir a procesos fragmentados. También señala que estas ventanillas deben formar parte de una estrategia más amplia de simplificación administrativa y que su funcionamiento requiere coordinación entre instituciones independientes, como el Gobierno nacional y las municipalidades, para evitar que cada entidad aplique el trámite según sus propios criterios. De esa forma, reducir la carga regulatoria no solo agiliza trámites, también crea mejores condiciones para la inversión y la formalización.

[1] Clasificación establecida por la Matriz de Riesgo del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, en función del riesgo de incendio y de colapso de la edificación, según el giro del negocio.

[2] Conjunto de reglas y requisitos gubernamentales que definen cómo operan las empresas. Su base fundamental es la entrada de empresas, que abarca los permisos y requisitos legales necesarios para abrir un nuevo negocio.

[3] Incluye la provincia constitucional del Callao.