Seguridad ciudadana municipal en la mira

El porcentaje de la población urbana mayor de 15 años víctima de algún hecho delictivo pasó del 27% en enero-junio de 2023 al 26.7% en similar periodo de 2025, sin variaciones significativas, según cifras de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES). Con miras a la culminación de funciones de las actuales autoridades subnacionales (2023-2026), repasamos cómo encontraron sus municipios al inicio de la gestión y cómo los dejarán al cierre de esta en materia de cobertura de servicios asociados con la seguridad. 

La seguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los peruanos y uno de los mayores desafíos para la competitividad y el desarrollo económico del país. En un contexto marcado por el incremento de la criminalidad organizada, las extorsiones y los homicidios, la discusión sobre las capacidades de los Gobiernos subnacionales adquiere especial relevancia. Las actuales autoridades municipales asumieron funciones el 1 de enero de 2023 y culminarán su mandato el próximo 31 de diciembre, por lo que resulta pertinente evaluar cómo encontraron sus municipios al inicio de la gestión y cómo los dejarán al cierre de esta. 

Si bien la lucha contra la delincuencia involucra principalmente al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, los municipios cumplen un papel complementario fundamental a través de los servicios de serenazgo, la videovigilancia y otras acciones preventivas. Según el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), los municipios de 15 departamentos registraron avances importantes en la cobertura de estos servicios. 

El porcentaje de municipalidades que cuentan con servicio de serenazgo creció en 16 departamentos durante el actual periodo de gestión. Los mayores incrementos se registraron en La Libertad, con 11.2 puntos porcentuales (pp.), San Martín (+10 pp.), Loreto (+9.4 pp.), Tumbes (+7.7 pp.), Tacna (+7.1 pp.) e Ica (+7 pp.). 

Otros departamentos registraron retrocesos. Las mayores caídas se observaron en Pasco (-3.4 pp.), Lambayeque (-2.6 pp.), Arequipa (-1.8 pp.), Huánuco (-1.2 pp.), Huancavelica (-0.9 pp.) y Áncash (-0.6 pp.). 

En 2025, los departamentos con mayor porcentaje de municipios que cuentan con serenazgo fueron la provincia constitucional del Callao y Ucayali (100%), seguidos por Puno (98.2%), Ica (95.3%), Cusco (94%) y Huánuco (89.3%). En el extremo opuesto se ubican Amazonas (10.7%), Apurímac (34.1%), San Martín (33.3%), Cajamarca (36.2%) y Moquegua (42.9%). 

Los avances son aún más notorios en materia de equipamiento tecnológico. Entre 2022 y 2025, el porcentaje de municipalidades que cuentan con equipos de comunicación y cámaras de videovigilancia aumentó en prácticamente todo el país. Los mayores incrementos se registraron en Tumbes (+23.1 pp.), Puno (+21.8 pp.), la provincia constitucional del Callao (+14.3 pp.), Cusco (+14.3 pp.), Moquegua (+13.8 pp.), Piura (+13.8 pp.) y La Libertad (+12.8 pp.). 

Solo un departamento presentó un retroceso: Ucayali, donde la proporción de municipios con equipos de comunicación y videovigilancia cayó 10.8 puntos porcentuales. Por su parte, Madre de Dios permaneció sin variaciones, con apenas el 9.1% de municipalidades equipadas durante todo el periodo. 

Al cierre de 2025, el Callao lidera ampliamente con el 100% de municipios equipados, seguido por Tumbes (53.8%), Lima (52.6%), Cusco (50.9%) y Tacna (50%). En contraste, Amazonas (11.9%), San Martín (12.8%), Huancavelica (17.6%), Apurímac (18.8%) y Huánuco (20.2%) presentan las menores coberturas. 

No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela. La evidencia internacional señala que disponer de serenazgo o cámaras de vigilancia constituye una condición necesaria, pero no suficiente para mejorar la seguridad ciudadana. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que las políticas de seguridad más efectivas son aquellas que combinan recursos humanos, tecnología, análisis de información y coordinación institucional. De manera similar, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene que las intervenciones deben enfocarse en la prevención basada en evidencia y en la focalización territorial de los recursos. 

En otras palabras, una cámara instalada no reduce el delito por sí sola. Su efectividad depende de que exista monitoreo permanente, protocolos de respuesta, interoperabilidad con la Policía Nacional y capacidad de investigación posterior. Lo mismo ocurre con el serenazgo. Incrementar la cobertura del servicio resulta positivo, pero su impacto dependerá de factores como el número de serenos por habitante, la frecuencia de patrullaje, la capacitación del personal, la disponibilidad de equipamiento y la articulación con las comisarías. 

Las próximas autoridades municipales electas deberán avanzar hacia una agenda de seguridad basada en resultados y no únicamente en cobertura de servicios. Esto implica fortalecer los sistemas de información, implementar indicadores de desempeño e identificar zonas de alta incidencia delictiva para focalizar recursos y evaluar periódicamente la efectividad de las intervenciones. Asimismo, resulta fundamental mejorar la coordinación entre municipios, Policía Nacional, Ministerio Público y Gobiernos regionales a fin de evitar la fragmentación de esfuerzos. 

Los avances observados entre 2022 y 2025 evidencian un esfuerzo importante de los Gobiernos locales por ampliar los servicios asociados con la seguridad ciudadana. Sin embargo, el verdadero desafío para las futuras autoridades será garantizar que estos recursos se traduzcan efectivamente en menos delitos, mayor percepción de seguridad y mejores condiciones para el desarrollo económico y social de sus territorios.