Ante el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, solo nos queda expresar nuestras condolencias a su familia. Nadie podrá negar que hizo cosas buenas, como también malas. Al final, quedará en cada uno darle el peso que considere a cada una de ellas. 

Entre las buenas, nos deja el legado de la Constitución vigente. Una que nació de una Asamblea Constituyente que fue elegida por votación popular y que estuvo integrada por distintos partidos políticos, de derecha, centro e izquierda. Esta Constitución fue sometida a referéndum en octubre de 1993 y se aprobó por mayoría. A la fecha, tiene más de 30 años de vigencia, de las más longevas de nuestra era republicana. 

Ha sufrido muchas modificaciones e interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional, por lo que es un cuerpo vivo que continúa actualizándose en función de los cambios que trae la realidad. Iván Alonso e Ian Vásquez, socio del estudio Alonso & Muñoz y el vicepresidente de estudios internacionales del Instituto Cato, respectivamente, han elaborado un documento que compila una gran variedad de indicadores que muestran el progreso que ha tenido el Perú en los últimos años y décadas, justamente sobre la base de esta Constitución. 

El modelo de la Constitución es la economía social de mercado, cuyo origen se remonta a la Alemania pos segunda guerra mundial. Este concepto parte de la premisa de que un mercado donde primen la libre competencia y el respeto irrestricto a la propiedad privada constituye la modalidad más eficiente de coordinación económica y la condición necesaria para lograr un crecimiento económico permanente, que promueva el pleno empleo de manera sostenida, a través del cual cada ciudadano, mediante su propio esfuerzo, se logre desarrollar. 

Por su parte, el Estado debe garantizar que se cumplan estas condiciones de libre competencia y propiedad privada, así como garantizar condiciones mínimas que permitan conseguir el fin último de asegurar el bienestar del ciudadano, por ejemplo, en materia de seguridad, salud y educación oportuna y de calidad. He ahí la connotación social. 

Y es justamente como consecuencia de este concepto que se desarrolla un marco legal promotor de la iniciativa privada, de defensa de la competencia y de protección al consumidor, así como de regulación de determinados servicios públicos básicos, a fin de que el Estado no intervenga directamente en el mercado, sino que garantice que este funcione de la mejor manera posible, mediante la sanción a las prácticas anticompetitivas que lo ponen en riesgo. 

Tener claros estos conceptos, así como ser conscientes de la vasta evidencia que ha demostrado las bondades de este modelo, nos permitirá desarrollar las políticas públicas que el país realmente necesita y no distraernos en el falso maniqueísmo de mercado vs. interés social, que no solo es errado, sino que poco o nada ayuda al desarrollo económico del país, que finalmente redunda en el bienestar social. 

De ahí también la importancia que genera que el Gobierno tome una decisión firme y decidida sobre la reestructuración de Petroperú, justamente para enmarcarla en el concepto de economía social de mercado que la Constitución prevé. 

Por tanto, la Constitución vigente ha adquirido plena autonomía, no es de algún partido en particular, sino de todos los peruanos. Lo que corresponde es que los gobernantes a los que demos el mandato de gobernarnos la hagan cumplir.