Hoy, el porcentaje de escuelas públicas que acceden a los tres servicios básicos (agua, electricidad y desagüe) es menor al de 2009. Durante los últimos quince años, múltiples escuelas ubicadas en zonas urbanas cerraron, mientras que las ubicadas en zonas rurales aumentaron considerablemente, aunque peor equipadas. 

Apenas un 29.4% de las escuelas públicas de educación básica[1] tuvo acceso a los tres servicios básicos en simultáneo, en 2023, según cifras del Ministerio de Educación (Minedu). Esto superó ligeramente el resultado de 2022 (29.2%), aunque estuvo muy por detrás del mejor desempeño histórico (44.4%, en 2016). Así, estaríamos con niveles de acceso a servicios inferiores a los de 2009 (30.4%), es decir, hemos retrocedido 15 años. 

Esta situación se explicaría por el crecimiento de las escuelas públicas en zonas rurales, que pasaron de 28,282 en 2009 a 42,648 en 2023, según el Minedu. Sin embargo, la cobertura de los tres servicios básicos en estos locales solo aumentó del 11% al 16.4% entre esos años. Es decir, la cantidad de locales aumentó significativamente, pero muchos de estos fueron de menor calidad, dado que no tuvieron el acceso a la infraestructura de servicios adecuados. 

Lo contrario ocurrió en las zonas urbanas, donde la cantidad de escuelas públicas disminuyó de 14,682 a 11,432 entre 2009 y 2023. En esos años, la cobertura de servicios básicos en estos locales educativos aumentó del 67.8% al 79.4%, según el Minedu. 

Loreto registró el peor nivel de cobertura en 2023: solo un 7% de escuelas de este departamento tuvo acceso a los tres servicios, 1.5 puntos porcentuales (pp) más que hace 15 años (5.5%), según el Minedu. Otros departamentos rezagados en este aspecto fueron Ucayali, con 11.2% (+4.8 pp), y Amazonas, con 13%, que registró una pronunciada caída de 6.7 pp en este periodo. 

El servicio con menor alcance es el agua potable, ya que solo un 34.9% de escuelas públicas a nivel nacional están conectadas a la red nacional pública, según el Minedu. Esto se traduce en una caída frente al 37.4% registrado el año anterior. Los departamentos con menor acceso al agua potable son los mismos antes mencionados y en el mismo orden: Loreto (12.1%), Ucayali (12.7%) y Amazonas (15%). Este último registró la mayor caída con respecto al año pasado (32.9%). En contraste, Ica tuvo el mayor avance, al pasar del 78.7% al 82.5% en el último año. 

El saneamiento en escuelas públicas registró una cobertura del 48.3% en 2023, un avance comparado al 45.9% de 2022, según el Minedu. El departamento con menor acceso a este servicio fue Loreto, con solo el 29.8%, seguido de Ucayali (33.8%) y Pasco (35%). Este último tuvo el peor desempeño con relación al año anterior (38.1%), mientras que el Callao registró el mayor progreso, al pasar del 84.7% en 2022 al 93.3% en 2023. 

El panorama mejora en acceso a la red eléctrica, donde el 79.5% de escuelas tuvo acceso a este servicio en 2023, un ligero avance en comparación al 78.9% del año previo, según el Minedu. Los departamentos que presentaron las mayores deficiencias fueron los mismos que carecen de los tres servicios: Loreto (22.7%), Ucayali (38.8%) y Amazonas (59.6%). Por otra parte, Ica fue el departamento que más avanzó al pasar del 89.6% en 2022 al 93.8% en 2023, mientras que Madre de Dios fue el que más retrocedió (70.9% al 68.2%). 

La falta de derechos de propiedad sería uno de los principales obstáculos para remediar esta situación. Esto porque el Estado no puede intervenir un centro educativo si este, legalmente, no le pertenece, según el exministro de educación, Daniel Alfaro. El proceso de asignación de títulos se conoce como saneamiento físico legal, el cual debe ser realizado por el Gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Educación o su equivalente en cada jurisdicción, según la Ley General de Educación. 

Es imposible esperar que los alumnos mejoren su desempeño educativo sin agua para lavarse las manos, con una iluminación pobre y con un riesgo constante de contraer enfermedades por acumulación de desechos. Para revertir esta situación, exigimos mejor articulación entre los organismos del Estado y celeridad en la ejecución de obras. Y, en caso esto resulte complicado, aprovechar aún más el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para recibir apoyo del sector privado.

[1] Se consideran todos los servicios de educación básica regular, de nivel inicial escolarizado, primaria, secundaria; básica alternativa, para estudiantes que no tuvieron acceso a la educación básica regular; y básica especial, para alumnos con habilidades diferentes.