Tres cuellos de botella de la educación peruana

La educación es un derecho fundamental. El Perú enfrenta problemas estructurales serios que limitan la calidad del servicio y, en consecuencia, la formación de capital humano. Hoy destacan tres ejes prioritarios: la capacidad administrativa del sistema, la meritocracia en la carrera pública docente y las barreras burocráticas para el establecimiento de colegios privados. 

En primer lugar, la capacidad de gestión del aparato educativo descentralizado evidencia deficiencias persistentes. Según el Ministerio de Educación (Minedu), el 59% de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación (DRE)[1] reporta sobrecargas laborales para el personal administrativo disponible, mientras que un 18% reporta directamente una falta de competencias y capacidades para realizar sus labores. Si estas instancias presentan dificultades para cumplir sus labores más básicas, ¿qué se puede esperar del servicio que gestionan? 

En segundo lugar, la meritocracia en la carrera magisterial ha vuelto al debate público a raíz de iniciativas que amenazarían con debilitarla. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 1587, actualmente en agenda del pleno, pretende autorizar el nombramiento excepcional de docentes con tres o más años de contrato. Si bien accedieron a sus plazas mediante concurso público, la propuesta permitiría su ingreso a la carrera magisterial sin haber superado el concurso de nombramiento, que evalúa en igualdad de condiciones los conocimientos y competencias pedagógicas necesarias para enseñar. 

El tercer eje corresponde al entorno regulatorio, particularmente en el segmento de los colegios privados. Si bien es correcto combatir la informalidad —especialmente en instituciones que operan sin autorización o sin estándares mínimos—, algunas disposiciones recientes han generado efectos adversos. El Decreto de Urgencia 002-2020 introdujo el silencio administrativo negativo para la creación o ampliación de colegios privados, lo que implica que la falta de respuesta del Estado equivale a una denegación. En un contexto donde la educación pública enfrenta serias limitaciones de infraestructura y gestión, este tipo de barreras limitaría innecesariamente la oferta educativa. 

¿Qué hacemos ahora? Propuestas para el sector educación

Es necesario redefinir el rol de las UGEL y DRE hacia funciones de soporte administrativo y logístico, y dejar atrás esquemas de control fragmentados. Según el instituto IPAE, esto implica simplificar procesos, reducir la carga burocrática, especializar al personal y aprovechar la tecnología. Además, se debe avanzar hacia una mayor autonomía, con mecanismos de rendición de cuentas y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal. 

Asimismo, resulta fundamental fortalecer la meritocracia en la carrera docente mediante la mejora de los procesos de evaluación, que deben estar basados en evidencia. Según el propio Minedu, las normas que permiten el nombramiento de docentes sin filtros de desempeño debilitan este principio y ponen en riesgo la calidad educativa. En esa línea, el Legislativo debería priorizar criterios técnicos en la toma de decisiones y evitar la aprobación de medidas sin sustento técnico. 

Por otro lado, el pasado domingo 22 de marzo se aprobó la Ley 32562, que modifica las reglas de funcionamiento para los centros educativos privados. El cambio más relevante es la incorporación del silencio administrativo positivo para los trámites señalados anteriormente. Si bien esto atenúa la medida más lesiva del esquema previo, la legislación no debería responder a las limitaciones administrativas del Gobierno —se argumentaba que no existía capacidad para evaluar todos los casos—, sino a la demanda real del sector, para promover la inversión formal sin comprometer la calidad del servicio. 

Adicionalmente, el Perú enfrenta un problema de asignación y nivel de gasto, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El gasto en educación alcanzó el 4.2% del PBI en 2024, aún por debajo del promedio de la OCDE (5.1%), y no se traduce en mejores resultados de aprendizaje. Aun así, no solo se requiere mayor inversión, sino también una reasignación estratégica hacia etapas con mayor retorno —como la educación inicial— y la implementación de esquemas de financiamiento vinculados a resultados. 

Más allá de la necesidad de un mayor presupuesto o cobertura, el Perú enfrenta problemas estructurales que limitan la calidad del servicio y, en consecuencia, la formación de capital humano. En última instancia, son los estudiantes quienes asumen las consecuencias de la inacción: en las últimas pruebas PISA (2022), el Perú no alcanzó el nivel mínimo de competencias en lectura, ciencia y matemáticas, y se mantuvo por debajo de referentes regionales como Chile y Uruguay. De cara a la segunda tanda de fechas del debate presidencial —y a las mismas elecciones— el sector educativo debería ocupar un lugar prioritario en la discusión pública.

[1] Las UGEL son instancias descentralizadas del Gobierno Regional encargadas de ejecutar y supervisar el servicio educativo, gestionando recursos, personal y apoyo pedagógico. Por su parte, las DRE son órganos especializados del Gobierno Regional que dirigen la política educativa regional, autorizan instituciones y priorizan inversiones en infraestructura.