Telecomunicaciones ante El Niño: el Estado también debe cumplir su rol

Garantizar la conectividad de los ciudadanos es fundamental durante una emergencia, pero su efectividad depende de que las redes puedan seguir funcionando o recuperarse con rapidez. Por ello, además de establecer obligaciones para las operadoras, resulta indispensable asegurar las condiciones que permitan mantener operativa la infraestructura de telecomunicaciones. 

El 19 de octubre de 2026 se publicó la Resolución N.° 000133-2026-CD/OSIPTEL, mediante la cual el Osiptel aprobó medidas extraordinarias y temporales con el fin de facilitar la prestación y el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones a los abonados y usuarios afectados por el fenómeno de El Niño 2026-2027. 

Su aplicación supondrá un esfuerzo adicional para las operadoras, que deberán ajustar sus sistemas y procesos mientras mantienen o restablecen la conectividad. Entre las medidas previstas para líneas prepago se encuentran la suspensión temporal del vencimiento de saldos y promociones, así como restricciones a la suspensión o baja de líneas prepago por inactividad. La regulación también contempla mecanismos alternativos, como el otorgamiento de SMS gratuitos, que permiten adaptar su implementación a las condiciones de operación. 

Asimismo, la resolución contempla la migración temporal de líneas pospago a prepago ante situaciones de mora, sin cargos adicionales por el cambio y sin extinguir las obligaciones de pago previamente generadas. Su implementación supone adecuaciones operativas y debe considerar las condiciones técnicas previstas en la regulación. En conjunto, estas medidas se aplican en los distritos comprendidos en la declaratoria de emergencia y durante el periodo establecido por la norma. 

Más allá de las obligaciones que impone la norma, la continuidad del servicio depende de condiciones que las operadoras no controlan por completo. Durante las lluvias de marzo de 2023, el Osiptel reportó interrupciones de telefonía e internet móvil en más de 130 localidades de seis regiones^[1], asociadas, entre otros factores, a la falta de electricidad, las inundaciones y los cortes en las conexiones con las antenas. Este antecedente demuestra que garantizar la conectividad exige también una respuesta oportuna del Estado. Para ello, identificamos cuatro ámbitos prioritarios de intervención. 

En primer lugar, debería asegurarse el suministro eléctrico de las instalaciones más importantes para la conectividad. El MTC podría identificar con las operadoras estos puntos y coordinar con el Minem su reconocimiento como cargas esenciales, a fin de organizar su atención prioritaria con las empresas eléctricas. Esto permitiría concentrar esfuerzos donde una interrupción puede dejar sin comunicación a varias localidades. 

En segundo lugar, debe garantizarse el abastecimiento oportuno de combustible para los sistemas de respaldo eléctrico. Por eso, el Minem, en coordinación con el MTC y las autoridades competentes, debería establecer mecanismos que faciliten el abastecimiento prioritario de estas instalaciones, mediante la identificación anticipada de proveedores, rutas y puntos de suministro, sin comprometer las condiciones de seguridad en el transporte y el almacenamiento. 

En tercer lugar, se necesita que los técnicos y equipos lleguen a tiempo. Las operadoras deberían prever cuadrillas de refuerzo para las zonas con mayor afectación, mientras que el MTC, la Policía Nacional del Perú y Provías Nacional podrían organizar su traslado y facilitar el paso de repuestos, generadores y estaciones móviles. Esta coordinación debe contar con responsables identificados y canales de comunicación que funcionen incluso cuando falle internet. 

Finalmente, cuando las carreteras estén bloqueadas y no existan alternativas terrestres seguras, el apoyo aéreo puede resultar necesario. En esos casos, el Indeci y el Ministerio de Defensa, en coordinación con las Fuerzas Armadas, podrían evaluar y organizar dicho apoyo, según su disponibilidad y las prioridades de la emergencia. Contar anticipadamente con protocolos para solicitarlo permitiría reducir los tiempos de respuesta. 

Proteger la conectividad durante una emergencia exige que el Estado también cumpla su parte: anticiparse a los daños, asegurar el funcionamiento de la infraestructura bajo su responsabilidad y coordinar oportunamente con las operadoras. En paralelo, el Osiptel debería asegurar que las medidas extraordinarias sean proporcionales, estén focalizadas en las zonas efectivamente afectadas y se mantengan únicamente durante el tiempo necesario, debido a sus costos de implementación. La protección de los usuarios no puede desvincularse de las condiciones necesarias para sostener el servicio. Frente a El Niño, todavía estamos a tiempo de actuar. Esperar a que las redes fallen para corregir las deficiencias de coordinación sería llegar demasiado tarde.

[1] Osiptel. Nota de Prensa N.° 34-2023: “Centro de monitoreo detecta más de 140 antenas móviles sin servicio en la zona norte del país”.