La revolución digital es un proceso con el potencial de mejorar los estándares de vida de todas las personas, lo cual ha generado mayores demandas y oportunidades no solo en países desarrollados, sino también en países en vías de desarrollo. Es así como el avance tecnológico y el uso de herramientas digitales ya es parte del día a día de muchos ciudadanos, gracias a los avances en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su capacidad para agilizar varios tipos de transacciones. Así, la inversión en nuevas y mejores tecnologías, acompañada de mejoras en la infraestructura nacional, hará posible generar una mayor competitividad al aprovechar las nuevas oportunidades que la era tecnológica nos ofrece.

Un aspecto primordial en el avance en la transformación digital en el Perú es la conectividad de ciudadanos, empresas e instituciones públicas a una red de telecomunicaciones de calidad. Sin embargo, la realidad es que una importante proporción de estos actores aún enfrenta barreras que limitan el uso de servicios digitales. Estas barreras no solo se deben a una cobertura limitada por la geografía de distintas zonas del país, sino también a una serie de desaciertos normativos, trabas a la inversión y medidas que van en contra de la masificación de servicios de conectividad de calidad.

PROMESAS Y DESEOS QUE CONTRASTAN CON LA REALIDAD

Por solo mencionar algunos, recientemente, el Congreso abordó el dictamen que aprueba los proyectos de ley 3156/2018-CR, 3607/2018-CR, 5600/2020-CR y 5843/2020-CR, referidos al derecho de acceso a internet como derecho fundamental en la constitución política del Perú. Si bien tiene por objetivo incrementar la cobertura del servicio, no es posible pensar en que el Estado pretenda resguardar el acceso a internet como un derecho fundamental, si no existen condiciones u oportunidades iguales de acceso para todos los peruanos. Esta situación es mucho peor ante el predictamen de los proyectos de ley 4305/2020-CR y 4843/2020-CR, los cuales, contrariamente al objetivo de promover la inversión privada en infraestructura en telecomunicaciones, dificultarían la conectividad digital al incrementar los requerimientos burocráticos para la instalación de infraestructura e incrementarían la discrecionalidad de los funcionarios de turno. Y si esto no fuera poco, las trabas que actualmente existen para la inversión pública y privada en proyectos de banda ancha dejan a 681,444 personas, 186 distritos, 1,316 localidades, 1,440 instituciones educativas, 126 comisarías y 749 centros de salud en el aire (ver Semanario 1049).

Estas condiciones desfavorables no son coherentes en el sentido que desincentivan la inversión necesaria para asegurar que exista al menos la oportunidad de que todos los peruanos puedan acceder a una conexión de internet de calidad en sus comunidades y hogares.

Según cifras del primer trimestre de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2020, actualmente, un 60.3% de la población de seis años y más ha hecho uso de internet, frente al 32.5% en 2010. No obstante, gran parte de este acceso se produce fuera del hogar, ya que la mayoría accede por conexión exclusiva desde su teléfono móvil (un 53.4%). En particular, solo el 40.1% de los hogares tiene una conexión de internet en sus viviendas. Por ejemplo, los que más acceso poseen son los jóvenes, pero solo el 1% de aquellos que pertenecen al quintil 1 (más pobre) tiene acceso a internet desde su casa, según cifras de la Enaho 2020 (ver Semanario 1036).

A la par con esta situación, poco menos de la mitad de los colegios de educación básica del Perú accedieron a internet (49.7%), según cifras del Censo Escolar 2018. Departamentos como Amazonas, Loreto, Ucayali, Pasco y Cajamarca concentran las escuelas menos conectadas, con una proporción de más del 70% sin acceso básico a una señal de internet. Asimismo, la conectividad digital es un tema pendiente para muchos Gobiernos municipales. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), elaborado por el INEI, en los departamentos de Apurímac, Amazonas y Huancavelica más de un 20% de sus municipalidades no se encuentran conectadas. Esta situación los pone en desventaja, pues les resulta más difícil realizar procesos y trámites que involucren la coordinación con otras entidades estatales o colocar de manera eficiente proyectos de inversión pública a través del sistema nacional (ver Semanario 1016).

Finalmente, la cobertura básica universal a internet es solo una pequeña parte del problema, y resulta aún más importante la calidad de la señal que reciben sus usuarios. Al respecto, en 13 departamentos, más de la mitad de las conexiones están por debajo del umbral aceptado, mientras que en 22 la proporción de municipalidades con internet conectadas a fibra óptica es menor al 50%. Nuevamente, resaltan los casos en la selva, como Loreto, con solo un 15.5% de conexiones con velocidad mayor al umbral y un 7.7% de las municipalidades con fibra óptica; así como Ucayali y Amazonas, con un 11.8% y un 19.7%, cada uno, en el segundo indicador. En la sierra, Huancavelica y Pasco sobresalen por sus bajos porcentajes de velocidad (12% y 17.9%, respectivamente), mientras que el primero de los dos, junto con Ayacucho, Apurímac y Cajamarca, presenta un porcentaje menor al 20% en el indicador de municipalidades (ver Semanario 1048).

La evidencia expuesta demuestra que hace falta mucho más que palabras y buenas intenciones para que el rumbo próximamente plasmado en la Política Nacional de Transformación Digital se materialice y beneficie a todos los peruanos. La promoción de la inversión privada, los correctos incentivos para la adopción de tecnologías y la transición del Perú hacia una economía digital son puntos claves para que próximos Gobiernos eleven la competitividad del país y ofrezcan servicios y bienes públicos de mayor calidad.