De acuerdo con un reciente documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada, la provisión de seguridad modera el riesgo de victimización y la exposición a delitos y violencia, así como los niveles de criminalidad[1], con lo que reduce la probabilidad de victimización independientemente de si es provista por agentes privados o públicos. Asimismo, señala que, si el uso de recursos públicos en América Latina fuera más eficiente, se podría prevenir un 30% más de crímenes con los mismos recursos. Además, explica que la provisión pública de seguridad tiene una ventaja sobre la privada, en el sentido de que los funcionarios públicos deben rendir cuentas si el crimen simplemente se desplaza de un lugar a otro.

En nuestro país, la delincuencia representa una de las principales preocupaciones de la ciudadanía; sin embargo, el nivel de información sobre cómo se asignan las fuerzas policiales (y otros recursos públicos) todavía es escaso. La controversia alrededor de este tema abre espacio para preguntarse cuántos recursos se destinan en el país a seguridad ciudadana, así como la efectividad en su uso.

Según el último boletín sobre seguridad ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre marzo y agosto de 2020, 8 de cada 10 personas se sentían en riesgo de ser víctimas de algún delito dentro de los próximos 12 meses. Con relación a dicha percepción, de acuerdo con un estudio del CIES, el aumento de noticias negativas acerca del crimen en diarios locales incrementa la percepción de las personas de ser víctimas en un futuro cercano, y es uno de los fenómenos detrás la desconfianza en los operadores de seguridad y justicia.

USO DE RECURSOS A NIVEL REGIONAL

La paradoja entre la percepción de la inseguridad ciudadana y la tasa de victimización es uno de los problemas que más relevancia ha tenido en los últimos años. En el gráfico, se analiza la evolución del gasto público per cápita en seguridad ciudadana y su relación con la tasa de victimización entre 2013 y 2020. Se aprecia que, mientras que la proporción de la población víctima de la delincuencia cayó 12 puntos porcentuales, el gasto per cápita en seguridad ciudadana creció alrededor de 50% (de S/ 260 a S/ 390 en el periodo analizado).

La reducción de la victimización ha estado acompañada de un aumento del presupuesto y el gasto público en orden interno y seguridad. Entre 2011 y 2020[2], el presupuesto creció a una tasa promedio anual del 8%, al pasar de S/ 7,900 millones a S/ 12,700 millones en el periodo analizado. Asimismo, en octubre de 2020, a nivel departamental, Lima mostró el mayor gasto por habitante (S/ 663), seguida por Tumbes (S/ 547) y Cusco (S/ 424). Por otro lado, los departamentos con el menor gasto por habitante son Amazonas (S/ 187), Loreto (S/176) y Callao (S/ 161).

No obstante, al analizar en conjunto el incremento del gasto per cápita por departamentos y la tasa de victimización, se observa claramente una relación entre mayor gasto y mayores víctimas de algún delito. De hecho, una comparación simple muestra una relación positiva entre más gasto y mayor incidencia de la delincuencia, lo que se explicaría por una mejor asignación de recursos a nivel regional, con excepción de Lima y Tumbes, donde no se evidencia una relación clara.

Si bien el gasto público es utilizado con frecuencia para explicar la capacidad operativa de una entidad para entregar un servicio al ciudadano, dada la complejidad del problema de inseguridad ciudadana, también es importante analizar las capacidades institucionales de los actores del Gobierno nacional y los Gobiernos subnacionales, medido como el grado de articulación y alineamiento con los diversos actores privados y de la sociedad civil que juegan un rol en la lucha para combatir este problema.

Un dato importante que debemos resaltar, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, el 60% de las empresas en América Latina se ve obligado a usar recursos en seguridad privada, con gastos que representan entre el 2% y el 6% de su facturación anual. Por ello, atacar el problema de la inseguridad ciudadana no solo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos, sino que abriría más oportunidades de crecimiento y reduciría importantes costos económicos.

En ese sentido, aún más en este periodo de crisis sanitaria y económica por la COVID-19, es importante hacer un llamado al Gobierno para asegurar la disposición de recursos aplicando intervenciones efectivas basadas en evidencia que permitan incrementar la confianza de los ciudadanos en los servicios públicos, en particular de seguridad y justicia; así como mejorar la capacidad de respuesta de los operadores de seguridad y justicia.

[1] Se toma en cuenta la información del presupuesto 2020 está actualizada al 31 de octubre.