PARA 2025, LA ECONOMÍA COLABORATIVA GENERARÍA US$ 335,000 MILLONES A NIVEL MUNDIAL. EN EL PERÚ, PODRÍAMOS SER AJENOS A ESTOS BENEFICIOS

En octubre último, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió la Resolución 0084-2020/SDC-INDECOPI, en respuesta a la denuncia presentada contra Uber Perú S. A. acerca de competencia desleal, en la que deja claro que la naturaleza de la actividad de intermediario de Uber no constituye la prestación del servicio de transporte y, por ende, no le corresponde limitar esta intermediación. No obstante, existen actores públicos y privados que continúan cuestionando la decisión. Por lo expuesto, es necesario reconocer cómo funciona este modelo de negocio y cuáles son los desafíos para los policy makers.

Para empezar, es importante mencionar que aplicaciones como Uber y Airbnb, reconocidas en el Perú en los servicios de taxis y alojamiento, respectivamente, están incluidas en el modelo de la economía colaborativa. Este modelo se caracteriza por el intercambio de bienes o servicios a través de plataformas digitales bajo un enfoque de ahorro y beneficio mutuo. Así, los consumidores se pueden contactar con los ofertantes de un bien o servicio que, mayoritariamente, está siendo infrautilizado y, por lo general, se oferta a un precio competitivo.

En este punto es necesario señalar que la economía colaborativa no es un concepto nuevo. De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2016, nuestro país, junto con Brasil, México y Argentina, lideraba el mercado en cuanto a número de iniciativas de economía colaborativa. Además, la aceptación y el reconocimiento de marca por parte del usuario han crecido exponencialmente en los últimos años.

En particular, en el caso de Uber Perú, de acuerdo con declaraciones del entonces gerente general, Ricardo Correa, en 2017, más del 70% de los ingresos generados en la plataforma se quedaron en manos de los socios conductores, lo que habría permitido aumentar el ingreso de las familias y dotar de dinamismo a la economía.

Como ya se ha mencionado, las empresas de la economía colaborativa brindan un servicio de intermediación. En el caso de las aplicaciones de taxis, este servicio no representa una competencia para el servicio de taxi convencional. Así, el modelo colaborativo, al interconectar a consumidores y ofertantes, permite que un producto o servicio deje de estar infrautilizado, y permite explotar su capacidad potencial. De esta manera, contrariamente a lo que se sostiene, la existencia y la consolidación de este tipo de modelos puede ser una oportunidad para impulsar la existencia de precios más eficientes, contar con una mayor variedad de productos y servicios, mejorar la calidad y promover constantemente la innovación.

No obstante, las denuncias y potenciales barreras que se busca imponer a la economía colaborativa impedirían a la sociedad hacerse de estos beneficios. Entonces, ¿cómo deben actuar los encargados de las políticas públicas? Para responder, en primer lugar, es necesario reconocer que nos encontramos ante una figura poco estudiada en el país. No obstante, investigaciones internacionales estiman que, en 2025, la economía colaborativa movería cerca de US$ 335,000 millones en todo el mundo, con lo que compartiría un 50% del mercado con el modelo tradicional. En ese sentido, se tiene un potencial desarrollo de este tipo de economía que se vería frenado por posibles ineficiencias como resultado de disposiciones que afecten al funcionamiento actual del modelo.

Ante lo expuesto, sería más sencillo responder a la pregunta sobre lo que no se debe hacer. La experiencia internacional habla de que medidas como el establecimiento de un régimen de autorización para el inicio de actividades, restricciones en las características del producto o servicio, y la imposición de restricciones cuantitativas son prácticas que deben evitarse por su capacidad de generar ineficiencias en el mercado de la economía colaborativa. En ese sentido, la autoridad correspondiente no debe orientar sus esfuerzos a encajar la economía colaborativa en un molde tradicional.

Adicionalmente, aún con un sustento económico sólido, expertos en economía colaborativa de laComisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España exhortan a que toda potencial intervención regulatoria debería justificarse por las existencias de fallas en el mercado, como la información asimétrica. No obstante, mejoras en las plataformas de intermediación han demostrado que pueden adaptarse rápidamente y generar información de calidad para procurar el bienestar y la satisfacción de sus usuarios[1]. Esto se logra al tener información sobre la reputación de los usuarios tanto quienes demandan como quienes ofertan un bien o servicio. Asimismo, estas plataformas se han adaptado y mejorado hasta contar con los requisitos necesarios y suficientes para permitir que un socio oferte un producto o servicio de calidad en la plataforma.

Finalmente, es importante recalcar que la tentativa de regular la economía colaborativa con base en un enfoque tradicional significaría la ruptura con la esencia del modelo de negocio. La agilidad, la rápida adaptación al cambio y la innovación son características que las autoridades correspondientes deberían incorporar en su proceso regulatorio. Asimismo, antes de la emisión de cualquier norma que afecte a la economía colaborativa, es necesario analizar previamente y a profundidad el mercado y realizar un estudio caso por caso para cada sector en el que esta opera. Desde ComexPerú, consideramos que los esfuerzos de las autoridades de transporte deben orientarse a lograr que el mercado tradicional mejore su eficiencia, antes que frenar el desarrollo de la economía colaborativa.

[1] Las aplicaciones intermediarias del servicio de taxi han desarrollado funciones como botón de ayuda para emergencias, soporte ante incidentes 24 x 7, seguimiento de viaje y calificaciones bilaterales. Asimismo, aplicaciones como BlaBlaCar, dirigido a carpooling para trayectos largos, usan métodos similares. Otros sectores, como en el que opera Airbnb, también se encargan de detectar potenciales riesgos antes de que la reserva quede confirmada, controlan de manera mundial que huéspedes y anfitriones no figuren en listas de vigilancia prioritaria o terrorismo, entre otros.