El mundo se encuentra en una constante carrera por adoptar nuevas tecnologías e innovaciones que faciliten la vida de las personas. La innovación tecnológica que surge a raíz de una necesidad por reducir costos y aprovechar las nuevas herramientas del mercado por parte de las empresas es una práctica que está siendo adoptada y valorada cada vez más por los Gobiernos nacionales. Así, la denominada transformación digital de las economías resulta ser una verdadera revolución de las relaciones comerciales, interpersonales y gubernamentales, que cuenta con el potencial de acercar a las personas a los servicios, bienes y oportunidades que alguna vez fueron costosos o inalcanzables.

En este contexto, la transformación digital en el Perú no es solo una obligación para cumplir con estándares globales, sino una necesidad por mejorar el acceso a servicios y la calidad de vida de los peruanos, así como elevar la competitividad de nuestra economía. El pasado 9 de enero, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia (DU) 006-2020, que crea el sistema nacional de transformación digital, y el DU 007-2020, que aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento. Ambas medidas constituyen pasos firmes en la digitalización de los procesos gubernamentales y la relación entre el ciudadano y el Gobierno, y representan una visión clara frente al sector privado, al impulsar la innovación y colaboración para la provisión de servicios digitales. Sin embargo, mal implementadas, estas medidas podrían ser un arma de doble filo que ampliaría las brechas de oportunidades que muchas comunidades no interconectadas o comunicadas padecen.

LA DIGITALIZACIÓN DE UN PAÍS CON BRECHAS

De acuerdo con el último informe técnico acerca de las Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares peruanos, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo un 33.7% contaba con una computadora y un 39.3% con acceso a internet durante el tercer trimestre de 2019. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde un alarmante 5.9% de hogares con computadora en el área rural y tan solo un 4.8% con acceso a internet. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2018, en siete departamentos del país, ubicados todos en la sierra, menos del 10% de hogares contaron con acceso a internet. A la par con esta situación, poco menos de la mitad de los colegios de educación básica del Perú accedieron a internet (49.7%), según cifras del Censo Escolar 2018. Departamentos como Amazonas, Loreto, Ucayali, Pasco y Cajamarca concentran las escuelas menos conectadas, con una proporción de más del 70% sin acceso básico a una señal de internet. 

Por otro lado, la conectividad digital es un tema pendiente para muchos Gobiernos municipales. De acuerdo con el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), elaborado por el INEI, solo en seis departamentos del país (Ucayali, Tumbes, Tacna, Pasco, Moquegua y Madre de Dios), el 100% de municipalidades accede al servicio de internet; mientras que, por ejemplo, en los departamentos de Apurímac, Amazonas y Huancavelica, más de un 20% de sus municipalidades no se encuentran conectadas. Esta situación las pone en desventaja, pues les resulta más difícil realizar procesos y trámites que involucren la coordinación con otras entidades estatales, o colocar de manera eficiente proyectos de inversión pública a través del sistema nacional (ver Semanario 1003).

Finalmente, estas alarmantes deficiencias en el acceso a internet y conectividad en hogares, colegios y municipalidades responden a la brecha en infraestructura de telecomunicaciones que el Perú mantiene. De acuerdo con cifras del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, la inversión faltante para alcanzar estándares internacionales de acceso básico en red móvil y banda ancha[1] en el largo plazo asciende a S/ 20,377 millones. Sin embargo, si el Perú busca estar a la par con el mundo desarrollado en temas de transformación digital y acceso a redes de última generación, la inversión requerida alcanza los S/ 106,124 millones.

La situación que revelan estas cifras es grave pues muestran que existe una parte importante de peruanos en condición de “no conectados”. Es decir, aquellas personas que viven en zonas alejadas, probablemente con necesidades básicas insatisfechas y no cubiertas por servicios estatales, se verían más alejadas de la población que sí contaría con mejores y más eficientes posibilidades de mejorar sus condiciones de vida a través de una mayor conectividad digital.

La transformación digital de la economía peruana no es solo una iniciativa por modernizar las relaciones ciudadano-Gobierno y mejorar el acceso a servicios públicos y privados, sino una necesidad en un mundo cada vez más interconectado. Para mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de la conectividad digital e incrementar la competitividad de nuestra economía, es necesaria una ruta clara hacia la era digital. Sin embargo, políticas públicas que solo abarquen beneficios para una parte de la población servirán para ampliar las brechas que persisten entre poblaciones más “conectadas” y las comunidades vulnerables.

Sin dudas, los últimos DU publicados constituyen una hoja de ruta fundamental en la digitalización del Gobierno y la economía peruana, pero deben estar acompañados, entre otras medidas, por dos elementos clave para su ejecución. Primero, el organismo que coordine, supervise y ejecute el plan de transformación digital del país debe estar empoderado y facultado para canalizar, como última instancia, iniciativas o modificaciones regulatorias que permitan la innovación y faciliten la inversión privada por parte de las empresas de la economía digital (ver Semanario 1013). Segundo, es necesario complementar estas iniciativas con planes de acción concretos en materia de inversión en infraestructura y sistemas integrados de conectividad, con el objetivo de cerrar las brechas de acceso y oportunidades que el Perú enfrenta. Es momento de aprovechar el impulso al desarrollo social que la economía digital tiene para nosotros.

[1] La brecha de infraestructura de acceso básico en telecomunicaciones comprende el acceso a una red móvil y la cobertura (suscripciones) de banca ancha fija a internet mínima de 3G.