El pasado viernes 24 de marzo, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República intentó aprobar un dictamen que plantea la creación de un Sistema Integrado Único de Pensiones (SIUP). Este proyecto se basa en una iniciativa elaborada por una Comisión Especial Multipartidaria encargada de evaluar, diseñar y proponer el proyecto de ley para la reforma integral del sistema previsional peruano, la cual, en enero de 2021, aprobó el anteproyecto de Ley Marco de Creación del Sistema Integrado Universal de Pensiones. En este contexto, analizamos el sistema de pensiones peruano. 

El dictamen presentado no fue aprobado, pero por una reconsideración se votaría de nuevo; además, reúne diversas iniciativas multipartidarias que, en general, proponen integrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y los programas sociales Pensión 65 y Contigo. Asimismo, se plantea que esté basado en un esquema conformado por tres pilares: no contributivo universal, contributivo obligatorio y aporte complementario. Sin embargo, ignora el problema que aqueja al sistema pensionario peruano, el cual no es exclusivamente responsabilidad del funcionamiento del sector privado, sino que va más allá e incluso abarca aspectos fuera del propio sistema. 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), en el cuarto trimestre de 2022, alrededor del 24.5% de la Población Económicamente Activa ocupada (PEA ocupada) aportó al SPP (a través de una AFP), mientras que un 10.8% aportó al SNP (a través de la ONP). Estos resultados evidencian que solo 3 de cada 10 trabajadores aportan para su jubilación, por lo que una gran cantidad de personas llegaría a la vejez sin una fuente de ingresos previsional. 

Esta baja participación está asociada, por un lado, con factores estructurales del mercado laboral. En el cuarto trimestre de 2022, el 73.3% de trabajadores a nivel nacional tuvo un trabajo informal, el cual se caracteriza por tener limitados ingresos. Ante este escenario, es poco rentable para muchos trabajadores aportar a un sistema de pensiones. Por otro lado, el 37.9% de los trabajadores era independiente en el cuarto trimestre y, bajo la normativa actual, no están obligados a participar en el sistema. En este contexto, una reforma del sistema de pensiones peruano debe considerar las necesidades y características del mercado laboral. 

En segundo lugar, el predictamen señala que, para los trabajadores independientes con registro único de contribuyente (RUC) con continuidad de servicios (según el predictamen, se asume por continuidad de servicios cuando el asegurado percibe ingresos del mismo beneficiario del servicio durante seis meses continuos o discontinuos durante un año), el beneficiario del servicio debe aportar el 5% de los ingresos percibidos por el asegurado. De esta manera, se desincentiva la relación laboral de 6 a 12 meses entre una empresa y un trabajador independiente, al forzar a la primera a aportar al fondo que administraría el Estado. 

En tercer lugar, la gestión de los fondos de pensiones del pilar no contributivo universal, contributivo y complementario sería realizada por un Gestor Autónomo Nacional de Pensiones. Este órgano estaría adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa para el ejercicio de sus funciones; además de tener naturaleza jurídica de derecho público interno y constituir pliego presupuestal. Esta disposición contraviene la Ley de Presupuesto, pues se generaría un gasto adicional al Estado, sin contemplar que el Congreso de la República no puede crear o generar gastos al erario nacional. 

Finalmente, es cierto que se necesitan cambios en el sistema de pensiones; sin embargo, una eventual reforma debe considerar todas las características adherentes. Por ello, es necesario trabajar para dar solución a problemas estructurales de la economía, como la elevada tasa de informalidad laboral, a través de la mejora de la productividad. Asimismo, se debe aumentar la competitividad para otorgar mejores beneficios. De esta manera, aumentaría la cobertura del sistema de pensiones y lograría su fin central: la protección futura de los aportantes.