En un acto protocolar celebrado hace unos días en Palacio de Gobierno, el Perú recibió de Ecuador la presidencia de la Red Interamericana de Gobierno y Transformación Digital, que reúne a las autoridades de transformación digital de los países miembros de la OEA. 

Como parte de su discurso, la presidenta Dina Boluarte anunció el impulso que su Gobierno le dará a la transformación digital, lo cual es muy importante. La transformación digital debería estar en lo más alto de la agenda de Gobierno, dada su trascendencia no solo para mejorar la eficiencia del propio Estado, sino su relacionamiento con la ciudadanía y el cierre de brechas de conectividad que conlleva. 

A pesar de los vaivenes políticos y continuos cambios de autoridades, debemos destacar que dos grandes reformas se han mantenido: la mejora regulatoria y la transformación digital. Pero, pese al impulso dado por las autoridades competentes en dichas materias (la Secretaría de Gestión Pública y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ambas de la PCM), no se ha visto a la más alta autoridad (Presidencia) liderar estas reformas. 

Dos de los principales problemas que sufre el aparato público para atender con solvencia y eficiencia las exigencias de la ciudadanía son la corrupción y la falta de competencia del servicio civil. 

La transformación digital va muy de la mano con la transparencia de la información, con su puesta a disposición de la ciudadanía. En la medida que toda información, acto, contratación, etc., de una entidad estatal (a todo nivel de Gobierno) sea pública, será la misma ciudadanía la principal fiscalizadora del buen uso de los recursos, que finalmente no son más que sus tributos. Por tanto, es una de las herramientas más potentes para luchar contra la corrupción. 

De otro lado, la mejora regulatoria permite contar con una administración pública que regula con base en evidencia, juntamente con la ciudadanía, y evita así prácticas mercantilistas. El resultado es contar con mejores regulaciones, que sean realmente necesarias, respondan a la realidad y sean fácilmente cumplidas. 

Y si a esos temas agregamos la necesidad de continuar con la reforma del servicio civil, pues las principales acciones que debiera emprender el Gobierno están en sus narices. En esta coyuntura, en la que se proyecta dotar a las autoridades subnacionales de recursos y asistencia técnica para mejorar sus niveles de gestión, dentro del programa Punche Perú, bien haría en fortalecer también estos aspectos. 

Es momento de poner el fortalecimiento del servicio público en el centro de las acciones del Gobierno. La mejora regulatoria y la transformación digital son pilares fundamentales para ello.