Sin buenos servidores no hay buen Gobierno

Tanto el mensaje presidencial como la reciente intervención del primer ministro ante el Congreso de la República anunciaron medidas importantes, como simplificar el Estado, eliminar duplicidades, reducir trabas burocráticas, mejorar la planificación de la inversión pública, recuperar la seguridad, prepararnos frente al fenómeno de El Niño y generar mejores condiciones para la inversión. Podríamos criticar la carencia de detalle, algunas omisiones o la falta de ambición, pero la línea trazada es positiva: un Estado que recupere el orden, eleve la productividad y mejore su capacidad de gestión. 

Bien. Pero entre anunciar estas medidas y ejecutarlas existe una enorme distancia. Y allí aparece uno de los principales problemas del Estado peruano: ¿quién va a implementar todo esto? 

Una política pública puede estar perfectamente diseñada, pero será tan buena como las personas encargadas de ejecutarla. Destrabar un proyecto de inversión requiere funcionarios que conozcan los procedimientos y sepan distinguir entre control y parálisis. Simplificar una regulación exige especialistas capaces de identificar qué requisito protege efectivamente un interés público y cuál simplemente genera costos. Prepararnos frente a El Niño requiere capacidad para planificar, contratar y ejecutar oportunamente. Digitalizar el Estado demanda profesionales especializados. Y combatir la corrupción también requiere instituciones con funcionarios competentes, íntegros e independientes. 

Por eso, uno de los anuncios más importantes del mensaje presidencial quizá haya pasado relativamente desapercibido: retomar la reforma del servicio civil. 

La Ley del Servicio Civil fue aprobada en 2013 con un objetivo correcto: construir una carrera pública basada en el mérito, ordenar los distintos regímenes laborales y profesionalizar el Estado. Sin embargo, más de una década después, su implementación sigue siendo insuficiente. La propia OCDE ha advertido sobre la lentitud del proceso y ha recomendado darle un nuevo impulso político. 

Pero retomarla no puede significar simplemente acelerar lo que ya existe. Hay que retomarla bien. 

Necesitamos atraer talento al Estado, seleccionar por mérito, capacitar permanentemente, evaluar desempeño y construir una verdadera línea de carrera. También debemos proteger al buen funcionario. Hoy tenemos un sistema que muchas veces genera el incentivo perverso de no decidir: ante el riesgo de investigaciones y responsabilidades posteriores, resulta más seguro postergar, pedir otro informe o simplemente no firmar. Un Estado meritocrático debe exigir resultados, pero también permitir que funcionarios técnicamente sólidos tomen decisiones razonables sin temor. 

Y hay otro elemento fundamental: distinguir claramente entre los cargos políticos y el servicio profesional del Estado. Los Gobiernos tienen legítimamente derecho a designar a quienes conducirán políticamente sus reformas. Pero debajo de ese nivel debe existir una estructura técnica competente, meritocrática y con memoria institucional. El Estado no puede comenzar de cero cada cinco años y menos aún con cada cambio de ministro. 

Si el Gobierno quiere dejar resultados concretos en seguridad, infraestructura, inversión, desregulación o servicios públicos, necesitará algo más que buenas medidas y voluntad política. Necesitará capacidad de ejecución. 

La reforma del servicio civil puede sonar menos atractiva que anunciar una carretera, un hospital o una gran inversión. Pero probablemente sea la reforma que permita que todas las demás ocurran. 

Un mejor Estado empieza por tener mejores servidores a todo nivel de gobierno.