Seguridad ciudadana: una tarea de todos los niveles de gobierno

La inseguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones y su atención suele concentrarse en la actuación del Gobierno nacional. Sin embargo, la lucha contra la criminalidad también involucra a los Gobiernos regionales y locales, que cuentan con competencias y recursos para intervenir directamente en sus territorios. 

Uno de los principales retos que debe afrontar este Gobierno es combatir la criminalidad y la inseguridad ciudadana. De acuerdo con el último reporte del INEI, a abril de 2026, el 85.3% de la ciudadanía percibe inseguridad, la cual se refleja en delitos como extorsión y robo. 

En ese contexto, el anterior Gobierno aprobó, a inicios de año, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. El documento establece una serie de medidas para enfrentar la criminalidad y, entre ellas, plantea una mayor articulación entre el Gobierno nacional y los Gobiernos regionales y locales. 

Esta coordinación resulta especialmente importante porque la seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional. El marco legal distribuye competencias entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, en la práctica, esta distribución no siempre se ha traducido en acciones coordinadas ni en resultados concretos. 

La experiencia del anterior Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 hace evidente esta dificultad. Uno de sus objetivos era fortalecer la gestión descentralizada de la seguridad a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), que articula a los Gobiernos regionales y locales mediante los respectivos comités de seguridad ciudadana. No obstante, como se desarrolló en el Semanario 1190, su evaluación mostró resultados limitados. A ello se suma que, entre 2021 y 2023, de acuerdo con el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), la tasa de homicidios aumentó de 8.6 a 9.3 por cada 100,000 habitantes, mientras que las denuncias por extorsiones se han multiplicado por seis, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE). 

El nuevo plan busca fortalecer esta articulación mediante acciones concretas. Entre ellas, se contempla integrar centros de monitoreo municipales y regionales al sistema de comando de la Policía Nacional del Perú, promover convenios para inversiones en videovigilancia, laboratorios de criminalística, y fortalecer los observatorios regionales de seguridad ciudadana. 

Sin embargo, que estas medidas estén previstas en un plan nacional no significa que su ejecución y resultados dependan exclusivamente del Gobierno nacional. Los Gobiernos locales cuentan con competencias relevantes para enfrentar la inseguridad en sus jurisdicciones. Pueden gestionar y financiar el servicio de serenazgo, implementar sistemas de videovigilancia, recuperar espacios públicos y participar en la prevención y fiscalización de actividades que puedan afectar la seguridad. 

Los Gobiernos regionales también tienen un rol importante. Además de coordinar las políticas de seguridad a través de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, pueden asignar recursos a favor de la Policía Nacional, de acuerdo con el marco establecido en la Ley N.° 32712. En ambos casos, el reto no está en crear nuevas competencias, sino en utilizar de manera efectiva las que ya existen. Uno de los ejemplos en los que no existe esa coordinación es en la región de Loreto donde, de acuerdo con lo reportado por el INEI, la tasa de criminalidad sigue creciendo, pero se mantienen limitaciones en la infraestructura policial y en la implementación de patrullaje integrado. 

Por ello, de cara a las próximas elecciones regionales y municipales, resulta importante que el debate sobre seguridad ciudadana no se concentre únicamente en la labor que debería realizar el Gobierno nacional. De no ser así, las autoridades regionales y locales también deberán responder por la forma en que utilizan sus recursos y ejercen sus competencias en materia de seguridad. 

Esto implica priorizar la inversión en serenazgo, iluminación pública y videovigilancia, así como mejorar la coordinación con la Policía y participar activamente en los espacios de seguridad ciudadana. Del mismo modo, el Gobierno nacional, tal como se mencionó en el discurso a la nación, deberá brindar el acompañamiento técnico y la coordinación necesarias para que los compromisos asumidos con los Gobiernos subnacionales puedan ejecutarse de manera efectiva. 

De cara a las próximas elecciones regionales y municipales, el debate sobre seguridad ciudadana debería considerar también qué pueden hacer las autoridades subnacionales y, sobre todo, qué están haciendo con las competencias y recursos que ya tienen. La seguridad no se resolverá únicamente con nuevas estrategias nacionales, si estas no encuentran una respuesta efectiva en cada territorio.