Sabemos dónde está el riesgo, pero aún no tenemos la capacidad para prevenirlo

La tecnología actual nos permite conocer el lugar y la magnitud de los impactos del fenómeno de El Niño (FEN) con aún más certeza que hace 10 años. Gracias al trabajo del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Perú identifica hoy los distritos con mayor riesgo de inundaciones y movimientos en masa, así como la población e infraestructura expuestas. Sin embargo, conocer dónde está el riesgo no garantiza contar con la capacidad para prevenirlo. 

El diagnóstico de exposición ya justifica una política de prevención de alcance nacional: 23 departamentos presentan riesgo muy alto ante al menos uno de los dos principales peligros asociados a lluvias intensas (inundaciones o movimientos en masa). Solo Apurímac y Madre de Dios se sitúan fuera de peligro en estas categorías. Los movimientos en masa afectan a 263 distritos distribuidos en 18 departamentos, donde viven cerca de 1.97 millones de personas (6.7% de la población nacional). Por su parte, las inundaciones comprometen a 113 distritos de otros 18 departamentos, con aproximadamente 3.93 millones de personas expuestas (13.4% del total nacional). 

La situación adquiere mayor complejidad porque ambos riesgos coinciden en buena parte del territorio, particularmente en la zona norte-centro del país. Trece departamentos —Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Lima, Pasco, Junín, Ayacucho, Cusco, Arequipa, San Martín y Tumbes— presentan simultáneamente riesgo muy alto por inundaciones y movimientos en masa. 

Frente a esta realidad, la principal respuesta del Estado se desarrolla en dos niveles complementarios. Por un lado, el Gobierno nacional impulsa proyectos de gran escala para reducir la vulnerabilidad, principalmente mediante entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con una cartera de proyectos que supera los S/ 52,905 millones. Sin embargo, estas inversiones no sustituyen el rol de los Gobiernos locales, responsables de evaluar los riesgos específicos de su territorio, elaborar planes de prevención, mantener infraestructura menor y ejecutar intervenciones oportunas antes de cada temporada de lluvias. En consecuencia, la efectividad de la estrategia nacional depende también de la capacidad de gestión de las municipalidades. 

Es precisamente en ese nivel donde aparecen las mayores brechas. Según el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), el 94.1% de las municipalidades del país cuenta con una Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. No obstante, solo aproximadamente el 26% dispone de una Evaluación de Riesgos (EVAR) elaborada o actualizada. Es decir, la estructura administrativa existe, pero el principal instrumento técnico para identificar los riesgos y orientar las intervenciones todavía está ausente en la mayoría de los Gobiernos locales. Además, cerca del 73% de las municipalidades reconoce que requiere capacitación para elaborar evaluaciones de riesgo y el 72% señala que necesita fortalecimiento para formular planes de prevención. La institucionalidad ha avanzado más rápido que las capacidades técnicas necesarias para hacerla funcionar. 

Estas limitaciones también se reflejan en la ejecución presupuestal. Al primer semestre de 2026, los Gobiernos locales habían ejecutado, en promedio, el 45.6% del presupuesto del Programa Presupuestal 0068 (PP0068), destinado a la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres. Sin embargo, detrás de ese promedio existen diferencias importantes entre departamentos, lo que evidencia que el problema no responde únicamente a la disponibilidad de recursos. 

Entre los cinco departamentos con mayor población expuesta a movimientos en masa —Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash y Huánuco— la ejecución promedio al primer semestre alcanza apenas el 36%, con un avance de solo el 22% en Áncash y del 31% en Huánuco. En el caso de las cinco regiones con mayor población expuesta a inundaciones —Piura, Callao, Ica, La Libertad y Lambayeque— el promedio asciende al 41%, impulsado principalmente por Lambayeque (51%). Piura, que lidera simultáneamente ambas listas de exposición, registra apenas un avance del 32% de un presupuesto modificado de S/ 32.8 millones, pese a concentrar la mayor cantidad de población expuesta del país. 

No obstante, la relación entre capacidades y ejecución no siempre es lineal. Al primer semestre de 2026, Huancavelica registra la menor ejecución del PP0068 (20%) y, al mismo tiempo, algunos de los indicadores de capacidad técnica más bajos, lo que sugiere importantes limitaciones institucionales. Ucayali, en cambio, ejecutó cerca del 80% de su presupuesto, con indicadores de capacidad cercanos al promedio nacional, lo que evidencia que también intervienen factores relacionados con la gestión presupuestal. Piura representaría el caso más preocupante: pese a no registrar los peores indicadores de capacidades municipales, mantiene una de las ejecuciones más bajas entre los departamentos con mayor exposición al riesgo, lo cual refleja dificultades para traducir el diagnóstico existente en acciones concretas de prevención. 

En conjunto, la información de Cenepred, Renamu y el PP0068 muestra un mismo patrón. El Perú ha avanzado considerablemente en identificar dónde se concentra el riesgo, qué población está expuesta y cuáles son los territorios que requieren mayor atención. Sin embargo, ese conocimiento aún no se traduce, con la misma velocidad, en capacidades técnicas suficientes para elaborar evaluaciones de riesgo, diseñar planes de prevención y ejecutar oportunamente las inversiones necesarias. 

A pocos meses del inicio de un nuevo periodo de Gobiernos regionales y municipales, fortalecer estas capacidades debería convertirse en una prioridad. Las nuevas autoridades recibirán información sobre el riesgo mucho más completa que la disponible hace una década, pero esa ventaja solo tendrá impacto si logran convertirla en proyectos, prevención y ejecución efectiva del presupuesto. El próximo fenómeno de El Niño no esperará a que las capacidades institucionales terminen de consolidarse. El país ya sabe dónde está el riesgo; el desafío de las próximas autoridades será demostrar que también sabe prevenirlo.