Retos y oportunidades del nuevo Plan Nacional de Infraestructura

El PNI 2026-2031 marca un cambio de enfoque al sustituir el monitoreo referencial por herramientas de gestión vinculantes y cronogramas auditables por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. No obstante, este rigor legal enfrenta el reto estructural de la fragilidad técnica en los tres niveles de Gobierno, donde la falta de articulación, información y capacidad de gestión paralizan las obras. 

En 2019, se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), el cual se presentó en forma de mecanismo para impulsar la inversión y así contribuir al cierre de brechas históricas mediante 52 proyectos estratégicos. Sin embargo, la realidad de la ejecución dista de la ambición inicial. 

Proyectos priorizados y emblemáticos como la Nueva Carretera Central, cuyo inicio de operación se proyectó para 2024, presenta hoy un 0% de avance físico y apenas un 2% de avance financiero. Otro proyecto, Majes Siguas II, registra solo un 11.3% de progreso físico junto a un 17.6% de ejecución financiera, según cifras actualizadas a marzo de 2026 por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque su ejecución física debía empezar en 2017. 

El estancamiento en la implementación de los proyectos evidencia que el problema fundamental no radicó en la ausencia de objetivos ni priorizaciones, sino en un plan que careció de mecanismos de seguimiento vinculante y de plazos fiscalizables. Asimismo, la falta de estrategias de acción específicas y de una gobernanza integral impidió superar la fragmentación sectorial, que todavía condiciona la efectividad de la inversión pública en el país. 

Bajo esta premisa, el posterior Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la competitividad 2022-2025 (PNISC) surgió tras un esfuerzo por corregir estas falencias e incorporó innovaciones conceptuales, desde el enfoque de infraestructura sostenible hasta una hoja de ruta con líneas estratégicas de corto plazo. Este nuevo marco no solo integró dimensiones sociales y ambientales, sino que también diversificó las herramientas de ejecución al sumar formalmente los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) y las obras por impuestos (OxI) a las modalidades ya existentes. 

No obstante, esta inclusión legal y los resultados consiguientes demostraron que tener mejores leyes resulta insuficiente si las entidades encargadas de las obras no tienen la capacidad técnica para ejecutarlas ni la voluntad política para dejarse ayudar. 

En este proceso, el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (PNI) representa la tercera entrega de una planificación estratégica que reconoce, tras una evaluación exhaustiva, un patrón de ejecución crítico en su portafolio precedente. Frente a ello, bajo el amparo de la Ley N.° 32441, el PNI trasciende el rol de monitoreo informativo de sus versiones anteriores para introducir herramientas de gestión vinculantes. 

A diferencia del PNIC (2019) y el PNISC (2022-2025), donde los cronogramas operaban principalmente como hitos referenciales, este nuevo marco implementa una metodología de priorización más rigurosa: exige planes de acción con responsables específicos y cronogramas auditables por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI). Por tanto, otorga a la entidad una capacidad de supervisión coercitiva para asegurar el cumplimiento efectivo de los compromisos de inversión. 

Ahora bien, la robustez de este nuevo marco legal colisiona con las limitaciones persistentes: la fragilidad técnica de los ministerios ejecutores, la inestabilidad política crónica, la alarmante escasez de estudios de preinversión y un sistema de contrataciones cuya fragmentación dilata sistémicamente la suscripción de contratos. 

En esta línea, se reconoce que las soluciones puntuales, semejantes a la creación de equipos técnicos dedicados exclusivamente a destrabar proyectos (task forces), resultan limitadas si no se abordan las barreras estructurales, entre ellas la ausencia de una base de datos unificada de terrenos y redes de servicios. Esta falta de información continuará provocando la paralización indefinida de obras, lo que incrementa los costos asociados a retrasos y adendas. 

Además, la mencionada incapacidad de gestión no solo afecta la infraestructura física tradicional, también se extiende a sectores de alta tecnología, donde la velocidad de implementación es el factor determinante de posible obsolescencia. Según el Banco Mundial (BM), la conectividad es la columna vertebral de la productividad y cualquier retraso en su despliegue actúa a modo de freno en el crecimiento potencial del país. 

Así, mientras la región consolida el despliegue de la tecnología 5G, el Perú sigue atrapado en la burocracia para licitar la banda 3.5 GHz, un rezago que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. No se trata únicamente de una demora técnica, sino de una pérdida de oportunidades vitales en sectores estratégicos, donde la implementación es clave para la telemedicina, la automatización minera y hasta el desarrollo de ciudades inteligentes. 

Este estancamiento tecnológico es una de las tantas evidencias que demuestran que el éxito del PNI no reside en la sofisticación de su diseño legal o normativo, sino más bien en la urgencia de reformar un Estado institucionalmente debilitado. ¿El nuevo esfuerzo logrará finalmente una transformación de la infraestructura nacional o será registro de una nueva ilusión normativa?