Respetar los fueros para proteger el interés nacional

Las negociaciones comerciales internacionales exigen una combinación poco frecuente de visión estratégica, conocimiento técnico y capacidad para anticipar riesgos económicos, regulatorios y jurídicos. Por ello, preocupa que se pretenda trasladar al terreno de la confrontación política una discusión que, por naturaleza, corresponde al ámbito técnico del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). 

La eventual interpelación al titular del sector por la conducción del proceso de negociación del protocolo modificatorio del Acuerdo de Profundización Económica Perú–Brasil envía una señal equivocada. No porque el Congreso no tenga facultades de control político —las tiene y son legítimas—, sino porque ejercerlas sin reconocer las competencias especializadas del sector puede terminar debilitando una política pública que el Perú ha construido durante décadas con seriedad y consistencia. 

Conviene recordar un hecho central que muchas veces se pierde en el debate público: hoy el comercio de bienes entre Perú y Brasil ya opera, en los hechos, bajo un esquema de libre comercio. El ACE 58 entre el Perú y el Mercosur, vigente desde 2006, culminó su programa de liberación bilateral en 2019, por lo que prácticamente el 100% de las exportaciones peruanas hacia Brasil ingresa libre de aranceles, con excepciones acotadas vinculadas al azúcar y sus derivados. En otras palabras, la discusión actual no es sobre abrir o cerrar mercados. 

Brasil es, además, nuestro principal socio comercial en América Latina y uno de los más relevantes a nivel global. La relación bilateral ha mostrado una evolución positiva y creciente en diversificación productiva. 

Entonces, ¿qué está realmente en discusión? El protocolo complementario propuesto por el Perú busca incorporar disposiciones específicas de anticorrupción e integridad, particularmente en inversiones y contratación pública. Esa posición no surge de una decisión aislada del Mincetur, sino de un trabajo consensuado con otros sectores del Estado, y responde a una preocupación legítima derivada de antecedentes conocidos que involucraron a algunas empresas brasileñas en el Perú. 

Pretender acelerar la ratificación sin atender estos riesgos sería desconocer las lecciones institucionales que el país aprendió a un costo muy alto. Abrir espacios de cooperación económica no significa bajar estándares de integridad; por el contrario, significa elevarlos. 

El Perú necesita más comercio, más inversión y más integración. Pero también necesita reglas claras, resguardos adecuados y negociaciones conducidas con criterio técnico. Debatir es válido. Fiscalizar también. Lo que no corresponde es convertir una negociación internacional compleja en una disputa política doméstica que erosione la institucionalidad. 

Respetar los fueros del Mincetur no es proteger a un ministerio. Es proteger la capacidad del Estado para negociar bien en nombre del país. La amplia red de acuerdos comerciales que tenemos es una muestra irrefutable del compromiso del ministerio por la apertura comercial. Esta no es la excepción.