Propuestas regulatorias para el próximo Gobierno

De cara a la segunda vuelta electoral, resulta indispensable comenzar a discutir no solo quién gobernará el país, sino también qué herramientas necesitará el próximo Gobierno para reactivar el crecimiento y recuperar competitividad. Más aún, considerando que el nuevo Congreso seguirá altamente fragmentado, sin una bancada con mayoría clara, y que el país ingresará, además, en un inevitable periodo de adaptación debido al retorno de la bicameralidad. 

Ese proceso de acomodo político e institucional podría ralentizar la dinámica legislativa del próximo Gobierno. Sin embargo, el Perú no tiene espacio para perder tiempo. Llevamos años con un crecimiento insuficiente, una informalidad elevada y una progresiva acumulación de trabas que encarecen hacer empresa y desalientan nuevos proyectos. Precisamente por ello, una propuesta razonable sería que el próximo Ejecutivo, desde el día uno, solicite facultades legislativas enfocadas exclusivamente en competitividad, simplificación regulatoria y eliminación de barreras burocráticas. 

Este proceso podría ser coordinado por un Consejo Nacional de Competitividad empoderado, de la mano con el sector privado. La experiencia del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales (CENI), como contraparte de la administración pública en el proceso de negociación e implementación del TLC con EE. UU., podría replicarse para garantizar esta necesaria reforma regulatoria. 

El objetivo no debería ser producir más normas, sino simplificar, ordenar y eliminar regulación innecesaria. Hoy, uno de los principales problemas para hacer negocios en el Perú es la acumulación de permisos, licencias, procedimientos y obligaciones superpuestas que generan costos, incertidumbre y discrecionalidad. El país necesita un verdadero “shock de simplificación”. 

La agenda comenzaría por una revisión integral del stock normativo existente. Toda regulación económica tendría que ser reevaluada periódicamente bajo criterios de necesidad y costo-beneficio. Del mismo modo, muchas autorizaciones previas podrían convertirse en fiscalización posterior, especialmente en actividades de bajo riesgo. El silencio administrativo positivo precisa generalizarse y las entidades públicas no deberían exigir información que el propio Estado ya posee. 

Otro eje central sería el fortalecimiento del sistema de eliminación de barreras burocráticas. Aunque el Perú cuenta con mecanismos importantes a través del Indecopi (/que debiera convertirse en un organismo constitucional autónomo), todavía persiste una excesiva proliferación de exigencias ilegales o irracionales, especialmente en Gobiernos locales y regionales. Se requiere que las decisiones que eliminan barreras tengan ejecución inmediata y generen responsabilidades para funcionarios reincidentes. 

Asimismo, resulta indispensable estandarizar licencias municipales, digitalizar procedimientos y reducir la enorme dispersión regulatoria que hoy enfrentan empresas y emprendedores según el distrito o región donde operan. Implementar ventanillas únicas sectoriales. 

Las facultades también deberían priorizar el destrabe de proyectos de inversión. Procesos excesivamente largos y secuenciales siguen postergando iniciativas claves en infraestructura, minería, energía, logística y construcción. El país necesita evaluaciones concurrentes, plazos predecibles y mayor seguridad regulatoria. 

Cualquier agenda moderna de competitividad debe incluir una fuerte apuesta por digitalización, calidad regulatoria y apoyo a la formalización de las micro y pequeñas empresas. La meta es clara: menos tiempo en trámites y más tiempo produciendo, invirtiendo y generando empleo. Y para ello es indispensable recuperar talento (servicio civil) en la administración pública. 

El principio rector de esta agenda tendría que ser simple: el Estado debe fiscalizar mejor, no autorizar más. Si el próximo Gobierno utiliza las facultades legislativas para simplificar de verdad y recuperar predictibilidad, el Perú podría dar uno de los pasos más importantes de las últimas décadas para mejorar su clima de negocios, volver a crecer sostenidamente y generar desarrollo.