Lucha contra la minería ilegal en la agenda del próximo Gobierno

En 2025, las exportaciones de oro alcanzaron 209 toneladas, un 91.7% más que la producción formal declarada. Detrás de esa cifra no solo estaría la minería ilegal, sino también la violencia, la corrupción y la debilidad del Estado. Además, el alza sostenida del precio internacional del oro parece haber incentivado el mercado paralelo. Así, las propuestas de quienes disputarán la segunda vuelta podrían definir si el Perú empieza a enfrentar uno de sus problemas más estructurales o termina consolidándolo. 

De acuerdo con el Ministerio del Interior, aunque la minería ilegal no figura en los registros oficiales, su origen se puede localizar en las áreas con alta presencia de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), ya que ambas actividades comparten una magnitud similar[1]. Bajo esta premisa, resulta imperativo examinar a continuación los planteamientos controversiales en los planes de los partidos políticos que buscan alcanzar el sillón presidencial en la segunda vuelta electoral. Al margen de que no queda claro con qué recursos se van a financiar, los enfoques amenazan con agudizar la problemática descrita. 

En cuanto a las medidas del partido Juntos por el Perú, la evidencia sobre el sector minero aurífero peruano muestra que los proyectos enfrentan sucesivos procesos extensos, costosos y con múltiples trámites técnicos, ambientales y administrativos antes de iniciar su producción de hasta, en promedio, 29 años. 

Dicho intervalo de tiempo, eventualmente, abarca etapas en las que la empresa no extrae ni comercializa mineral y, por lo tanto, no obtiene rentabilidad alguna de la concesión. En contraste, la propuesta de reducir las concesiones a 5 años debilita la seguridad jurídica necesaria para financiamiento, reduce el atractivo competitivo del país, incrementa la ilegalidad y dificulta la formalización de pequeños mineros que sí buscan operar dentro del sistema legal. 

Más aún, en 2025 se presentaron aproximadamente 11,000 petitorios mineros y cerca del 65% correspondieron a pequeños mineros, lo que evidencia que el acceso a concesiones no se encuentra concentrado en grandes empresas y que existe una creciente participación de pequeños operadores. De igual manera, jurisdicciones con cambios regulatorios frecuentes y baja predictibilidad pierden atractivo frente a países con marcos más estables. En el Perú, donde la inversión minera compite globalmente por capital, este factor resulta crítico. 

Con relación al control estatal en la cadena de valor de oro, el Fondo Monetario Internacional (FMI) documentó el problema en Ghana. En particular, el programa estatal de compra de oro generó pérdidas por US$ 214 millones en 2025 y riesgos de la sostenibilidad del banco central. A su vez, algunos sistemas estatales de formalización y trazabilidad pueden facilitar mecanismos de encubrimiento y lavado de oro ilegal en lugar de eliminarlos. Simultáneamente, el modelo de cooperativas mineras es inviable por la debilidad institucional del país. 

Las deficiencias del Estado son un obstáculo estructural que neutraliza la ejecución de estas políticas complejas; y la mala gestión pública ya limita el impacto de la inversión minera, por lo que esta medida generaría altos costos, mayores redes de corrupción generalizada e ineficiencia. 

En el caso de Fuerza Popular, apostar por interdicción y comandos mixtos de forma aislada sería ineficiente y reactivo. Como advierte el Banco Mundial para el caso peruano, la destrucción de maquinaria y las intervenciones policiales o militares no abordan las causas estructurales del problema ni garantizan resultados sostenibles. 

Igualmente, el organismo sostiene que, sin avances en formalización minera, fortalecimiento de capacidades regionales y trazabilidad del oro, las economías ilegales tienden a reubicarse y recomponerse rápidamente. Por ello, una respuesta efectiva requiere un enfoque integral que combine control, institucionalidad y desarrollo territorial, a fin de reducir de manera sostenible la degradación ambiental y los conflictos asociados. 

Para un tema tan sensible, tal parece que no contamos con alternativas de solución efectivas de un lado ni del otro. Peor aún, la propuesta de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, intensificaría el problema al limitar la inversión privada formal en el sector minero.

[1] La diferencia entre minería ilegal e informal, definida en el Decreto Legislativo N.° 1105, recae en que la primera se realiza en zonas prohibidas (áreas naturales protegidas, cabeceras de cuenca, territorios indígenas) o sin ningún título de concesión, y que no puede acogerse a proceso de formalización alguno. La segunda, en cambio, opera en zonas permitidas, pero sin cumplir la totalidad de requisitos técnicos, ambientales y administrativos. Eventualmente, y con políticas públicas adecuadas, esta podría migrar hacia la formalización.