La confianza institucional como motor del empleo formal

En el plan de gobierno de Juntos por el Perú se propone renegociar los contratos sobre recursos naturales estratégicos, estatizar sectores clave y renegociar o eliminar tratados de libre comercio. Se justifica en la necesidad de recuperar la soberanía económica y garantizar justicia social. La propuesta ignora el efecto inmediato que el ruido regulatorio genera sobre el costo de capital y, con ello, sobre el empleo formal. 

La inversión privada representa alrededor del 80% de la inversión total; por tanto, cualquier alteración en la confianza empresarial genera un impacto directo en el motor de la economía. El capital privado es fundamental para cerrar brechas de infraestructura. Así, en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, 26 de los 72 proyectos priorizados se ejecutan bajo la modalidad de asociaciones público-privadas (APP), y en el PNIC 2019-2022, la cifra era de 29 proyectos. Actualmente, según el reporte de avance del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 33 de los proyectos priorizados en el PNI se ejecutarán bajo la modalidad APP, lo que representa el 52.5% de la cartera. Este aumento continuo en el valor de los proyectos adjudicados bajo esa modalidad demuestra que el Estado confía más en la intervención del sector privado a largo plazo. 

Las narrativas de renegociación forzada, estatización o eliminación de tratados comerciales disparan de inmediato el riesgo regulatorio. Una evidencia de ello es la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas del BCRP, de mayo 2026, donde el indicador sobre la economía a tres meses ingresó al tramo pesimista al caer de 52 a 44.6 puntos, mientras que las expectativas de inversión a doce meses retrocedieron de 65.1 a 60.5 puntos tras la primera vuelta electoral (ver Semanario 1303). 

Este temor y menor optimismo también se traduce en aumentos del costo de financiamiento a través de una mayor prima de riesgo país, la cual representa un adicional a la tasa de interés de los préstamos para compensar el riesgo de impago. Aunque los mercados internacionales todavía no reaccionan al ciclo electoral peruano, y se mantiene un riesgo país de 118 puntos básicos (pb), esto se sitúa por detrás del promedio regional de América Latina y el Caribe (292 pb), debido a un nivel de deuda pública históricamente bajo en comparación con sus pares regionales, elevadas reservas internacionales netas (RIN) y la estricta autonomía y credibilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esta fortaleza estructural actúa como un ancla para los mercados internacionales.

Sin embargo, en escenarios de inestabilidad institucional y fuerte intervencionismo estatal, el riesgo país puede aumentar drásticamente. Por ejemplo, en Bolivia, el diferencial se encuentra actualmente en 408 pbs y representa el cuarto nivel más alto de la región. Esto responde, en gran medida, a que desde 2006 el país apuesta por un modelo estatista, nacionalizador y de renegociación unilateral de contratos. 

Consecuentemente, debido a la ausencia de inversión privada y al declive de su sector de hidrocarburos, en los últimos años el país tuvo que gastar aceleradamente sus reservas internacionales para sostener el elevado nivel de gasto público y mantener a flote su modelo económico, lo cual las ha llevado a niveles críticos. 

Según el Banco Central de Bolivia (BCB), las RIN cayeron desde un pico histórico de US$ 15,122 millones en 2014 hasta un alarmante monto de US$ 1,709 millones a fines de 2023, tras usar cerca del 89% de su principal activo líquido, lo que redujo su respaldo de moneda y su principal mecanismo de defensa frente a choques externos. Fitch degradó a Bolivia de CCC a CCC− en enero de 2025, y vincula esto directamente con el agotamiento de reservas, el déficit fiscal del 9.1% del PBI y la escasez de divisas. Sin dudas, un enorme reto el que asumió su nuevo Gobierno. 

Según estimaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la economía peruana registra una elasticidad empleo-producto en el sector formal privado de aproximadamente 0.71. Es decir, por cada punto porcentual de crecimiento impulsado por la inversión privada, el empleo formal se expande en 0.71 puntos porcentuales. Por esto, sostener el crecimiento económico a través de la inversión privada es fundamental; de lo contrario, la población enfrentaría limitaciones para acceder a un empleo adecuado. La informalidad laboral peruana ronda el 70%, pero en Bolivia ascendió hasta el 82.3% al cierre del 2025, la más alta de la región, según la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

El PNI, por más riguroso que sea en su formulación técnica y sus mecanismos de destrabe burocrático, necesita del respaldo del capital privado. Las propuestas que amenazan la predictibilidad y certidumbre bajo el pretexto de renegociar contratos, estatizar sectores estratégicos o modificar unilateralmente los tratados de libre comercio no son inofensivas: destruyen los incentivos para invertir. La prioridad del Estado no debe ser espantar al capital, sino garantizar la estabilidad institucional como el principal activo para generar oportunidades reales y empleo formal para los ciudadanos.