Promover la inversión privada también es urgente

La reciente visita de la presidenta Keiko Fujimori a la Bolsa de Valores de Nueva York dejó un mensaje que merece ser recogido y, sobre todo, convertido en acción: el Perú está abierto a la inversión. La presidenta señaló que “la inversión privada significa empleo, crecimiento y desarrollo para millones de peruanos”, y planteó la necesidad de generar confianza y atraer nuevas inversiones. 

El mensaje va en la dirección correcta. La inversión privada ha sido y debe seguir siendo el principal motor para generar crecimiento, empleo y oportunidades. Pero hablar de inversión privada no es hablar únicamente de grandes proyectos mineros, energéticos o de infraestructura, ni de las empresas que pueden tocar la campana en Wall Street. Es también hablar de millones de emprendedores que todos los días abren sus negocios, contratan trabajadores, compran maquinaria, amplían un local o arriesgan sus ahorros para crecer. 

Las cifras son contundentes. En 2025, las micro y pequeñas empresas representaron alrededor del 99.5% de las empresas del país y generaron aproximadamente 8 millones de empleos. Sin embargo, el 86.5% de las mypes opera en la informalidad. Promover la inversión privada significa, por tanto, crear condiciones para que también estas empresas puedan invertir, formalizarse, ganar productividad y crecer. 

El problema es que hoy el Estado muchas veces hace exactamente lo contrario. 

El Índice de Capacidad Formal de las Mypes desarrollado por ComexPerú muestra que el Perú obtuvo apenas 24.8 puntos en 2025 y que llevamos más de una década sin avances significativos en las capacidades que facilitan la formalización. A ello se suman los resultados del reciente estudio elaborado por Ipsos, por encargo nuestro: el 74% de las empresas considera que recibe del Estado menos de lo que aporta. Además, el 45% identifica el manejo de fiscalizaciones e inspecciones como el proceso estatal más problemático, mientras que las municipalidades son percibidas, transversalmente, como entidades que priorizan sancionar en vez de orientar. 

Estas cifras deberían traducirse en acción. Necesitamos un Estado que deje de poner obstáculos innecesarios a quien quiere producir, invertir y generar empleo. Simplificar procedimientos, eliminar barreras burocráticas, racionalizar las fiscalizaciones, acelerar permisos y licencias, digitalizar trámites y generar predictibilidad no significa reducir estándares ni controles. Significa hacer que el Estado funcione mejor. 

Y esta agenda debe abordarse con sentido de urgencia. La inseguridad ciudadana exige respuestas inmediatas porque amenaza vidas y empresas. La prevención frente al fenómeno de El Niño también las exige, porque cada demora incrementa los riesgos para la población y la actividad económica. Pero destrabar la inversión privada merece esa misma prioridad. 

No podemos esperar años para simplificar un procedimiento, eliminar una barrera absurda o aprobar una inversión que generará empleo. Cada proyecto paralizado, cada empresario que desiste de crecer y cada emprendedor que concluye que permanecer informal resulta más sencillo son oportunidades que el país pierde. 

El mensaje desde Nueva York fue correcto: el Perú está abierto a la inversión. Ahora, corresponde demostrarlo aquí, donde realmente se toman las decisiones de invertir, contratar y crecer. Porque promover la inversión privada —desde el gran proyecto hasta la pequeña bodega— no es una tarea más dentro de la agenda económica. Es una urgencia nacional.