Lecciones de Chile y Argentina para el nuevo régimen minero peruano

El Perú enfrenta un doble desafío regulatorio en el sector minero. Por un lado, debe asegurar la competitividad de la gran y mediana minería para no perder grandes inversiones. Por otro, debe ordenar la minería artesanal y pequeña minería para frenar la ilegalidad. Ante el fin del proceso de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), conviene revisar las reformas que nuestros pares regionales están aplicando en contextos similares. 

Mientras otros países avanzan en la promoción de grandes proyectos mineros, el Perú sigue estancado debido a la falta de ejecución y el avance de la minería ilegal. En 2026, las exportaciones de oro ilegal superarían las 110 toneladas (equivalentes a US$ 16,000 millones), con lo que por primera vez superaría la producción legal, tras las 103 toneladas de 2025 (IPE). Por ello, este nuevo marco no puede ser solo un trámite administrativo; requiere un enfoque de seguimiento y control. De lo contrario, la minería ilegal seguirá desplazando a la inversión formal. 

¿Qué medidas han tomado nuestros pares regionales en su sector minero?

Para la gran minería, Chile aprobó, en setiembre de 2025, el Marco de Autorizaciones Sectoriales que modifica más de 40 normas, entre ellas el Código de Minería. El cambio central se refiere a que los permisos ya no se tramitan uno después de otro, sino al mismo tiempo, lo que apunta a reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera de 380 permisos que hoy administran 37 servicios públicos y 16 ministerios. 

Además, si el Estado no responde dentro del plazo fijado por ley, el permiso queda aprobado automáticamente, y todo el trámite se sigue desde una sola plataforma digital. Para los proyectos de menor riesgo basta con una declaración jurada, sin esperar la aprobación de ninguna entidad, lo que deja al Estado más capacidad para fiscalizar los proyectos de mayor impacto. 

Por otro lado, Argentina actualmente atrae a las grandes mineras globales mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A cambio de un desembolso mínimo de US$ 200 millones, el régimen otorga estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por 30 años, además de un panel arbitral internacional que blinda los proyectos frente al riesgo político. 

El resultado es concreto: a mayo de 2026, Argentina había aprobado 13 proyectos mineros bajo el RIGI, con una inversión comprometida superior a los US$ 42,000 millones en litio, cobre, oro y plata, entre ellos Los Azules (US$ 2,672 millones) y Tres Quebradas (US$ 594 millones). El Gobierno, lejos de dejar vencer el incentivo, prorrogó por un año el plazo de adhesión, una señal de continuidad que el mercado premia con nuevas presentaciones. 

¿A qué debe aspirar el nuevo marco regulatorio peruano?

Para poner en marcha la cartera de inversión minera 2026 (65 proyectos, US$ 63,862 millones) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el nuevo régimen debe seguir el camino del modelo chileno: trámites en paralelo, aprobación automática si el Estado no responde a tiempo y una sola plataforma para todo. Por otro lado, estos instrumentos también agilizarían los US$ 352.1 millones en proyectos de exploración ya avanzados. Sumar un mecanismo de estabilidad de largo plazo, como el RIGI argentino, bajaría el riesgo político y el costo de financiar proyectos formales. 

Para la pequeña minería, el problema es más grave: de 31,572 inscritos en el Reinfo, solo 2,343 se formalizaron (7.4%). Frenar la salida de 110 a 120 toneladas de oro ilegal exige un plazo final al 31 de diciembre sin más prórrogas, un sistema que rastree minerales e insumos desde el origen, y el cierre con sanción penal de las plantas que compren oro sin trazabilidad. Sin eso, el único cambio del registro será el nombre. 

El capital global tiene opciones. El Minem reconoce en su Visión de Gestión 2026-2031 que dar estabilidad, consolidar incentivos y ordenar la pequeña minería son los retos pendientes del sector, pero mientras el Perú debate cómo destrabar expedientes y qué régimen reemplazará al Reinfo, Argentina ya compromete US$ 42,000 millones en minería y Chile ya cambió su ley de permisos. Ambos países aprovechan mecanismos que les permiten capturar inversiones para la próxima década. ¿Y el nuestro? 

La visión del Minem es un buen diagnóstico, pero reactivar la inversión y formalizar la pequeña minería exigen reformas de fondo, similares a las que ya aplicaron nuestros países vecinos, no solo una nueva hoja de ruta. Sin cambios legales que fuercen al Estado a cumplir plazos, y sin una tolerancia cero frente a la ilegalidad, el alza de precios de los metales terminará financiando más la minería ilegal que la inversión formal.